Michoacán.- El combate a la pobreza debe ser la prioridad en el impulso de las políticas públicas que se realizan en México, ya que derivado de la misma es que prevalecen acciones que vulneran los derechos de niñas y niños, quienes son víctimas de todo tipo de abusos y desde muy corta edad tienen que dedicarse a trabajar, señaló la diputada local Lucila Martínez Manríquez.
En el marco del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, que se conmemora este martes, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, resaltó el compromiso del Poder Legislativo y de Michoacán de promover acciones para fortalecer los derechos de los menores.
En el mundo resaltó que, se estima que 400 millones de menores son esclavos, de los cuales 168 millones trabajan y 85 millones de ellos lo hacen en condiciones peligrosas.
En México hay más de 2 millones 500 mil niños trabajadores, el 8.4 por ciento de la población infantil que labora, por lo que es necesario que se cierren filas para combatir y eliminar el trabajo infantil, ante lo que es necesario que el Estado Mexicano garantice la lucha a la pobreza de manera integral, ya que muchos menores son obligados a trabajar porque sus padres viven en extrema vulnerabilidad.
Lucila Martínez enfatizó que debe ser prioritario para el Gobierno Federal la coordinación con las autoridades estatales y municipales, para asegurar que las políticas públicas de inclusión social que se impulsan para atacar la pobreza y el trabajo infantil den resultados positivos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.
En ese contexto también se pronunció por hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de este sector, mismos que se encuentran establecidos en las leyes del estado, país y las internacionales.
La legisladora refirió que en el caso de los menores trabajadores del campo, en los que Michoacán se encuentra entre los primeros lugares con mayores casos de pequeños que trabajan en las zonas agrícolas, provenientes de otras entidades, sobreviven en condiciones de miseria, aunado a que realizan jornadas de trabajo superiores a las 12 horas y en muchos casos no tienen la opción de acudir a la escuela.
A éstos menores se les vulnera de manera constante sus garantías individuales como el derecho a una vida digna, a la alimentación, a la salud, a la educación, al juego, y a una identidad propia. «Eso debe cambiar y para eso se debe evitar que este grupo social se vea forzado a trabajar, ya sea por necesidad o porque es obligado».
De acuerdo a las estadísticas 7 de cada 10 trabajadores, entre cinco y 17 años viven en las zonas rurales de México, los restantes radican en las ciudades, ante lo que se hace necesario revisar la situación en la que se encuentran y luchar por sus derechos.
