Este 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) cerrará el año con pérdidas de 49 mil millones de pesos, y con un nivel superior a lo estimado para este ejercicio, por lo que las pérdidas totales serán de 79 mil millones de pesos, aseguró Carlos Treviño, director general de la empresa productiva del estado.

Precisó que la empresa no cumplirá con su meta de producción para este año, la cual era de 1.95 millones de barriles diarios, debido a la invasión de agua en el proyecto Xanab del litoral de Tabasco.

“Tuvimos un problema muy serio en el campo Xanab, desgraciadamente se invadió de agua prematuramente y afectó la producción de crudo ligero, eso nos impedirá llegar a la meta de este año”, precisó Treviño.

En este sentido, indicó que para poder cumplir con los planes de procesamiento del sistema nacional de refinación, será necesario importar a lo largo de octubre un volumen cercano a los 100 mil millones de barriles diarios de la Costa del Golfo estadounidense, principalmente del Pacífico.

Sobre el robo de combustible, Treviño añadió que esperan que al cierre de 2018, las pérdidas sean similares a las del año pasado, por un monto estimado de 30 mil millones de pesos.

“Más o menos se ha mantenido en niveles de volumen al del año pasado, es un número prematuro, pero podría estar un poco arriba del año pasado”, añadió.

René Fujiwara descartó que él o Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), vayan a participar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de que los maestros decidirán qué pasará en su gremio y quién será su líder.

El exdiputado federal y nieto de Gordillo Morales aclaró que él no tiene nada qué ver con los movimientos magisteriales.

Al preguntarle si la maestra participaría en el gobierno del presidente electo, respondió: “eso no va a pasar, eso te lo puedo decir, ella no va a participar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo no voy a participar en el gobierno de López Obrador. Los maestros tendrán que decidir qué es lo que va a pasar dentro de su gremio, ellos tendrán que tomar la elección”.

Aclaró sin embargo que si ella quisiera participar en una elección de esa naturaleza igual lo haría, “no es mi papel decir si lo va a hacer o no lo va a hacer (…) la verdad no tengo la respuesta, no soy quien va a tomar la decisión final».

Fujiwara Montelongo señaló que luego de participar en las elecciones del 1 de julio decidió ya no regresar al Poder Legislativo ni formar parte de la administración del próximo gobierno.

En entrevista en San Lázaro tras reunirse con diputados de diferentes bancadas, opinó que el partido Nueva Alianza perdió su registro porque traicionó a su militancia. Advirtió que eso lastimó la dignidad de los maestros.

Las redes sociales progresistas sirvieron como espacio en el que los maestros encontraron respaldo y en el que nosotros empezamos a decirles que Nueva Alianza ya los había traicionado, nosotros vamos a garantizar, a generar una nueva fuerza, vamos a apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador”, comentó.

Confió en que el presidente electo revierta la reforma educativa. En su caso, sostuvo que no tiene intención de regresar a la vida partidista, pero intentará hacer una organización que sea útil al Estado mexicano y al gobierno. Afirmó que no tendrá tinte partidista, será un taller técnico, nada ideológico, con jóvenes.

Entregaremos un país con economía fuerte: G. Anaya

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, aseguró que México tiene finanzas públicas sanas, por lo cual “la próxima administración heredará retos, pero también una economía fuerte y resiliente”.

“De cara a la transición, los resultados económicos son buenos. De acuerdo con las mejores casas calificadoras internacionales más importantes, vamos a entregar un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con perspectivas estables”, señaló.

En el marco de su comparecencia ante el pleno del Senado, como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, González Anaya fue cuestionado por los senadores sobre la deuda pública, el bajo crecimiento, las empresas fantasma y la entrega de recursos a los estados, a lo cual dio respuesta; no obstante, evadió la pregunta de Antonia Cárdenas, senadora de Encuentro Social, sobre si podía vivir con un salario mínimo.

Lavado vía fachadas

En otro tema precisó que la secretaría a su cargo ha identificado 8 mil 570 empresas fantasma que han facturado “una cantidad enorme de recursos”, pero, a través de las publicaciones del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha recuperado cerca de 10 mil millones de pesos.

Al mes, dijo, se ubican 400 compañías fantasma, las cuales son evidenciadas por el SAT, por lo que el proceso de inscripción de éstas se ha endurecido y cuando el SAT halla un riesgo, 43% de las personas se desiste del trámite.

“Desgraciadamente éste es un vehículo que han utilizado delincuentes para ocultar su identidad y lavar dinero”.

Detalló que, como parte de la denominada Estafa maestra, Hacienda encontró que de los 186 contribuyentes involucrados, 16 de ellos ya habían sido publicados en el SAT como empresas fantasma, de las 170 restantes, 62 fueron clasificadas como falsas y 107 no se encuentran en ese supuesto.

Asimismo, 35 fueron sujetas a auditorías fiscales y se ha logrado recuperar 100 millones de pesos.

Morena Presentan decreto de Fiscalía General

La bancada de Morena en el Senado de la República, presentó, el proyecto de decreto para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en la que “se elimina la rigidez con la que se desarrollan actualmente las investigaciones, dotando a los equipos de investigación, de recursos humanos multidisciplinarios”, con el fin de adaptarse a los fenómenos delictivos con rapidez.

De acuerdo con la senadora y próxima Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero cada uno de estos equipos contará con una unidad de análisis y de contexto que identificará patrones de actuación reiterada, temática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales.

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en el Senado de la República, urgió a que el nuevo gobierno en la Presidencia de la República reestructure el mecanismo para atender a población afectada a causa de desastres naturales en el país.

En conferencia de prensa, la fracción del PRD en la Cámara Alta señaló que México necesita plantear una nueva forma de reaccionar, tener un seguro que verdaderamente funcione.

“Ya se ha probado y se sigue probando que esta manera de ayudar a través de las reacciones, que son en todos los casos, pocos oportunas, no ayuda al país”, recalcó el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa.

“Vamos a seguir teniendo estos fenómenos naturales, no hay duda. El cambio climático es una realidad y debiera el nuevo gobierno de preparar reacciones mucho más efectivas en materia de seguros, de reacción y apoyo económico por todo lo que va a seguir enfrentando México, dado que está en las condiciones de ser un país que tiene una fuerte presión para la resiliencia”, reiteró.

Adelantó que el GPPRD hará una propuesta para replantear los seguros que tiene el país, porque no es posible que tarde tanto en llegar la ayuda, “y tanto, me refiero, días, no tiene que ser mucho tiempo, sino cuando se requiere, la ayuda es inmediata”.

Por ello, indicó la bancada del PRD en el Senado exhorta a que se solucione esto de una vez por todas, “México hoy no tiene un seguro, lo digo, como nosotros lo vivimos en la Ciudad de México, que esté a la altura de las exigencias de la gente, de lo que se requiere en los casos de emergencia”.

Sobre la postura del GPPRD acerca de que gobiernos locales han recurrido a tráileres para almacenar cuerpos fuera de instalaciones del Servicio Médico Forense, el coordinador parlamentario adelantó que la fracción trabaja para una iniciativa en la que propondrán que se homologuen las tareas alrededor de este tema en el país.

Descartó que la mejor vía sea guardar el ADN y algún día llegue un familiar para verificar el parentesco, “en la Ciudad de México es muy diferente lo que se hace. Aquí lo que se hace es que se toman las huellas del cadáver y esas huellas se envían al INE que, hace un match con esas huellas, de ahí surge una información para poder hacer una entrega”.

Alrededor de este tema –indicó– están otros como el de las armas de fuego y la urgencia de modernizar servicios periciales, “que ese es otro tema que ha quedado rezagado. Sigue habiendo comunidades que no tienen servicio forense, sigue habiendo comunidades que la práctica de la necropsia la llevan a cabo en las funerarias. Mientras no se modernice, sigue siendo un problema nacional”.

Posteriormente, Miguel Ángel Mancera Espinosa participó en la reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para dar la bienvenida –previo a la sesión de este jueves– a una Delegación del Parlamento Australiano, encabezada por la Coordinadora del Partido Liberal, Nola Marino.

Con relación a la pérdida de vidas, personas desaparecidas y afectaciones a viviendas y automóviles en el municipio de Peribán, en Michoacán, debido al desbordamiento del río Cutio y de la represa Parástico, el senador Antonio García Conejo señaló que el GPPRD impulsa y espera que la Junta y la Mesa Directiva emitan un punto de acuerdo donde se solita que el gobierno federal, haciendo uso del Fondo que se tiene para desastres de esta naturaleza, “se apliquen de la manera más urgente y necesaria”.

En el Patio del Federalismo, destacó el apoyo de las autoridades federales a los gobiernos estatales, “por eso –dijo– esperamos que de manera urgente y pronta se tenga respuesta suficiente para reconstruir y apoyar a estas cerca de mil 500 familias que se encuentran en el municipio de Peribán. Nuestras condolencias a los familiares, sobre todo hay menores de edad, fallecidos y desaparecidos”.

El GPPRD, integrado también por el representante en la Mesa Directiva, Juan Zepeda Hernández y la senadora Leonor Noyola Cervantes, así como los legisladores Rogelio Zamora Guzmán y Juan Manuel Fócil Pérez, portó un moño anaranjado para sumarse a la campaña para visibilizar acciones contra la violencia hacia las mujeres, las niñas y adolescentes.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de diputados acordó el calendario de comparecencias de los funcionarios de gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto. Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lo hará el 16 de octubre.

El primer turno, el 25 de septiembre, lo tendrá el oaxaqueño y secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña; el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y titular de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya lo hará el 3 de octubre.

El 18 de octubre comparecerá el mexiquense y secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; el 23 de octubre, el titular de economía y exdiputado federal, Idelfonso Guajardo Villarreal y la secretaria de la Función Pública, exsenadora y extitular de la PGR, Arely Gómez González.

El 25 de octubre el también mexiquense y titular de la secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; Otto Granados Roldán, extitular de comunicación social en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y actual cabeza de la Secretaría de Educación Pública lo hará el 30 de octubre. Todavía está pendiente la fecha de Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Las comparecencias ante el pleno serán las de Sedatu, Sedesol, SHCP, Pemex, CFE, SCT y SEP. El calendario fue aprobado este día en la Jucopo y dado a conocer por su presidente el morenista, Mario Delgado Carrillo.

El formato iniciará con la exposición por 15 minutos de los funcionarios, luego habrá tres rondas sucesivas de preguntas y respuestas con el siguiente orden: pregunta del partido por tres minutos, respuesta del funcionario por tres minutos, comentario del grupo parlamentario por dos minutos y, al finalizar las rondas el titular podrá intervenir hasta por cinco minutos.

Las autoridades reportaron 21 mil 857 víctimas de asesinato en el país entre enero y agosto pasados, 20% más que en el periodo correspondiente de 2017, hasta ahora considerado el más sangriento de la historia reciente del país.

Cuando ceda la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto dejará un país en el que diariamente 90 personas se suman a las más de 238 mil víctimas de homicidio doloso registradas en México desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó al Ejército y las fuerzas federales a una “guerra contra el narcotráfico”.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) muestran el deterioro generalizado del país: 32 municipios de 19 estados sufrieron más de 100 asesinatos en los primeros ocho meses del año; en siete estados hubo más de mil homicidios durante este periodo, y en la mitad de las entidades federativas se perpetran más de dos homicidios dolosos por día.

En los últimos 12 años las administraciones de Calderón y Peña Nieto cuadruplicaron su gasto en las funciones de justicia, seguridad nacional y asuntos de orden público y de seguridad interior, que pasó de 82 mil 917 millones de pesos en 2006 a 261 mil 341 millones de pesos este año, de acuerdo con el anexo estadístico del Sexto Informe de Gobierno del priista.

Es decir que desde el lanzamiento de la “guerra contra el narcotráfico” la seguridad absorbió 2 billones 432 mil 856 millones de pesos del erario. Con estos recursos Calderón y Peña Nieto inflaron los aparatos de seguridad: las fuerzas de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) crecieron de 244 mil 238 militares en 2006 a 269 mil 738 actualmente; el número de policías federales se triplicó –de 11 mil 756 a 37 mil 331 en 2018– y la Procuraduría General de la República (PGR) incrementó su personal de 21 mil 755 a 26 mil 190 agentes.

Desde 2007 las fuerzas de seguridad detuvieron en promedio a 29 mil personas al año por delitos de narcotráfico, erradicaron un total de 328 mil hectáreas de cultivos ilícitos y capturaron o eliminaron a líderes de grupos criminales, de los cuales el gobierno de Peña Nieto lo hizo con 109 de los 122 “objetivos prioritarios” identificados al principio del sexenio.

En lugar de frenar la violencia, ésta se desbordó y erosionó la confianza de los mexicanos en las instituciones de seguridad: seis de cada 10 mexicanos consideran que estas dependencias son corruptas, de acuerdo con el Índice de Paz México 2018, que publicó el viernes 21 el Instituto para la Economía y la Paz.

A los más de 238 mil homicidios registrados desde 2007 –de acuerdo con un cálculo basado en las cifras del Inegi y el SESNSP– se suman más de 37 mil personas desaparecidas.

El Índice de Paz México 2018 estimó que, tan sólo en 2017, la violencia tuvo un impacto económico de 4 billones 72 mil millones de pesos, equivalente a 21% del Producto Interior Bruto (PIB) o una suma ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces superior a la inversión gubernamental en educación el año pasado.

Desbordamiento

En los últimos meses, Guanajuato se convirtió en la entidad más violenta del país: las autoridades registraron 2 mil 135 víctimas de homicidio doloso entre enero y agosto, un promedio de 8.8 por día, y un incremento de 139% respecto del mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con las estadísticas de las procuradurías locales, Guanajuato incluso rebasó a Baja California, Guerrero y Chihuahua en materia de asesinatos, y 25 de los 37 municipios que conforman el estado sufrieron incrementos superiores a 100% en homicidios dolosos desde los primeros ocho meses del año pasado y el mismo lapso de 2018.

En Valle de Santiago, por ejemplo, las autoridades abrieron seis carpetas de investigación por homicidio doloso entre enero y agosto de 2017, y en el mismo periodo pero de este año ya abrieron 65, lo que representa un incremento de 983%. En Irapuato pasaron de 35 el año pasado a 211 en 2018.

Tan sólo el jueves pasado se cometieron en la entidad 21 asesinatos, entre ellos los de seis jóvenes que jugaban baraja afuera de una tienda de abarrotes.

Las autoridades guanajuatenses atribuyen la propagación de la violencia a la llegada del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la entidad y a la lucha de grupos criminales por el jugoso negocio del robo y trasiego de hidrocarburos de Pemex, delito que el año pasado le costó a la petrolera más de 30 mil millones de pesos.

En cuanto a Baja California, reportó 2 mil 37 asesinatos en los primeros ocho meses del año –40% más que el año pasado–; en Guerrero se registraron mil 707 víctimas de homicidio doloso; en el Estado de México, mil 674, y en Chihuahua, mil 582, según los datos oficiales.

Esta semana el país dio un paso más en el horror, cuando se difundió que, ante la saturación de las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, el gobierno de Jalisco contrató tráileres refrigerantes para almacenar y mover centenares de cadáveres no identificados.

En ese estado, las autoridades registraron mil 468 víctimas de homicidio en lo que va de 2018 –un incremento de 42% respecto de 2017–, la mayoría de las cuales provenía de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, Zapopan y Tonalá.

Por municipios, Tijuana encabeza la lista de los más aquejados por la violencia: ahí se abrieron 2 mil 92 carpetas de investigación por homicidio doloso entre septiembre de 2017 y agosto pasado: un promedio de seis por día. En total, 12 de cada 10 mil tijuanenses fueron asesinados en 12 meses.

Siguen Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Culiacán y Guadalajara, donde se perpetró al menos un asesinato cada día entre septiembre de 2017 y agosto pasado. En Juárez se abrieron 969 carpetas de investigación de ese tipo; en Cancún, 444, y en Guadalajara, 395, todo lo cual representa más de 80% respecto del año anterior.

De acuerdo con una revisión exhaustiva de la base de datos del SESNSP, en 82 municipios de más de 20 mil habitantes la tasa de homicidio doloso fue de 50 por cada 100 mil habitantes en el último año. De éstos, 15 se encontraban en Guerrero, 11 en Guanajuato, siete en Chihuahua, seis en Michoacán y cinco en Colima.

El fracaso

De acuerdo con el Índice de Paz México 2018, “ganar la guerra contra las drogas no es un objetivo de política viable para construir la paz” en el país.

Según el documento, a la par de que el gobierno federal continuó con la militarización del combate contra el narcotráfico, los grupos criminales de la delincuencia se apoderaron de nuevas actividades ilegales, como el tráfico de seres humanos, el robo de combustible de Pemex, la extracción ilícita de recursos naturales, las extorsiones y los secuestros, entre otros.

En un estudio anexo, el politólogo Guillermo Trejo, profesor en la Universidad estadunidense de Notre Dame, Indiana, sostuvo que en el marco de la guerra contra el narcotráfico “el crimen organizado ha pasado de cooptar a agentes estatales a apoderarse de trozos del Estado mismo”.

De acuerdo con el académico, los grupos criminales se apoderaron de “municipios enteros”, es decir, acapararon sus recursos públicos y los puestos clave en gobiernos municipales, como “las direcciones del catastro, la asignación de obras públicas, la regulación de actividades comerciales y las policías municipales”.

Concluye: “Probablemente en México llegó el momento de voltear hacia esquemas más audaces de justicia extraordinaria, en los cuales la cooperación internacional es de vital importancia para hacerse de instrumentos institucionales para ponerle fin a este largo ciclo de violencia criminal que está acabando con generaciones enteras”.

Este texto se publicó en la edición 2186 de la revista Proceso del 23 de septiembre de 2018.

El coordinador de Morena en la Cámara de Dipuatados, Mario Delgado, adelantó durante su intervención en el foro “Hacia una Agenda Legislativa en materia de Comunicación Pública”, que su fracción ya trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Comunicación Social debido a que el modelo actual ya se agotó.

Delgado anunció que la iniciativa que entrará en vigor en octubre, “eliminará discrecionalidad y sentará criterios en publicidad del gobierno”.

Aseguró que se acabará con la censura en los medios de comunicación y advirtió que la nueva legislación busca terminar con las “comunicaciones de propaganda tradicional” y establecer comunicación real.

“Desaparecerá esta práctica de intentar hacer llamadas a las redacciones para cambiar los titulares o para cambiar a quienes están en las fuentes o para cambiar las notas. Eso se acabó, se acabó la censura, se acabó la discrecionalidad frente a los medios y se acabó la imposición”, enfatizó el futuro coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

En tanto que Jesús Ramírez, reiteró que las oficinas de comunicación desaparecerán y se reducirán a meros enlaces.

Morena en la Cámara de Diputados alista para octubre la iniciativa para reformar la recién aprobada Ley de Comunicación Social, que elimine la discrecionalidad y establezca los criterios de esta área en relación con la prensa, proveedores y la distribución de publicidad con base en equidad, rating, número de lectores y tiraje a fin de que no quede al arbitrio de un funcionario.

De acuerdo con el coordinador de los diputados de Morena, la iniciativa buscará generar un modelo que combine el derecho a la información, a la libertad de expresión y participación, así como poner un tope a la inversión del Gobierno en materia de comunicación.

Combatir la demanda y el suministro de drogas ilícitas, así como ampliar los tratamientos contra las adicciones y fortalecer la cooperación internacional acordaron ayer 130 países, entre ellos México, de las 193 naciones que tienen representación en la ONU.

El acuerdo fue presentado ayer por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión previa la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde llamó a desmantelar la producción de drogas y terminar con la adicción que estas producen.

“Si damos estos pasos juntos, podemos salvar las vidas de incontables personas en cada rincón del mundo, y eso supone millones y millones de personas”, aseveró el mandatario.

México, representado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, estuvo dentro de los países que firmaron el documento titulado “Llamado global a la acción sobre el problema mundial de las drogas”.

En tanto, varios países europeos como Alemania, Suecia, Luxemburgo, Finlandia, España, República Checa y Holanda se negaron a firmar el documento, debido a que la Unión Europea no tiene una política común en la lucha contra las drogas y algunos grupos civiles consideran que puede ser contraproducente.

Trump resaltó en la sesión que los opiáceos o analgésicos narcóticos dejan cada día 175 muertos por sobredosis en Estados Unidos, según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Añadió que los narcóticos están “relacionados con el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo” y que “proporcionan el sustento financiero a violentos cárteles trasnacionales”.

El abuso de esta sustancia en EU es fruto de las políticas de los médicos y empresas farmacéuticas que durante años recetaron con frecuencia potentes analgésicos, como el Oxycontin, el Percoceto y el Vicodin, sustancias que ahora también llegan a territorio estadounidense a través de México y China.

Trump también destacó que la producción de cocaína y de opio ha alcanzado cifras récord y que las muertes a nivel global causadas por el uso de las drogas han aumentado 60%, entre 2000 y 2015.

De acuerdo con la ONU, la producción de estas drogas ha llegado a su máximo histórico, pues cerca de 31 millones de personas requieren atención debido a su adicción a las drogas.

Asimismo, unas 450 mil personas mueren cada año por sobredosis o problemas de salud causado por las drogas, de acuerdo con las Naciones Unidas.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, respaldó la declaración estadounidense y mencionó que para abordar el tema de las drogas es necesario tener un enfoque en sólo dos áreas: tomar medidas contra el tráfico de drogas y asegurar que aquellos que necesitan tratamiento lo obtengan.

“Las prioridades nacionales pueden diferir, pero la comunidad mundial comparte un objetivo común: proteger la seguridad, la salud y el bienestar de las personas”, sostuvo Guterres.

Seguí política equivocada contra drogas: E. Zedillo

El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo (1994-2000) admitió que siguió una “política equivocada” sobre drogas al apostar por la prohibición de los estupefacientes en lugar de la regulación.

No omito “la responsabilidad; yo seguí una política equivocada” en drogas, dijo en la presentación del informe “Regulación: El control responsable de las drogas” de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas en Ciudad de México.

Miembro de dicha Comisión, explicó que las políticas prohibicionistas basadas en la represión y la criminalización dejaron un “resultado devastador” en muchos países.

“Estas políticas han fracasado rotundamente y prácticamente en todos los lugares en los que se han aplicado”, indicó.

Además, ello incentivó más problemas de salud pública y “terribles violaciones de derechos humanos”.

A su vez, el ex presidente colombiano César Gaviria (1990-1994) dijo en rueda de prensa que la regulación de ciertas drogas, en lugar de su prohibición, permitirían a México bajar los niveles de violencia y corrupción, limitando el poder del narcotráfico.

“Si México entra por el camino de la regulación, primero va a tener mucha menos corrupción y segundo va a mejorar sus policías y su fuerza pública”, apuntó el ex mandatario colombiano en representación de la Comisión Global sobre Política de Drogas.

En el marco de la propuesta de la próxima administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, de regular la siembra, cosecha y trasiego de mariguana con fines lúdicos, Gavira enfatizó que la política prohibitiva impulsada por Estados Unidos ha llevado a las naciones a grandes “sacrificios”.

“El documento puede ser muy útil ante un México que se acerca a una nueva administración que parece mucho más dispuesta a buscar alternativas”, agregó.

Este lunes se celebró en la sede de las Naciones Unidas una reunión multilateral sobre el problema de las drogas convocada por Estados Unidos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Al inicio del encuentro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió cooperación internacional para “desmantelar la producción de drogas”.

En representación de México acudió el canciller Luis Videgaray, quien firmó la declaración política denominada “Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas”, cuyo objetivo es reafirmar el compromiso de los Estados para superar ese reto global.