CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la Guardia Nacional será desplegada en Michoacán debido a los altos índices de inseguridad y violencia que se viven en la entidad.

De acuerdo con el presidente de México tanto el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, como distintos empresarios formularon la petición para el despliegue de efectivos militares en Michoacán, quienes arribarán al estado a partir del 30 de junio próximo.

Durante la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador precisó que son ya varios estados del país los que han requerido también la presencia de este cuerpo de seguridad y por ello se atenderán las solicitudes con base en el nivel de inseguridad que cada entidad enfrente.

-¿Va a ir la Guardia Nacional a Michoacán? Se le preguntó al presidente.

«Sí, y nos la están pidiendo en otras partes, lo que tenemos que ver es el alcance, desde luego que vamos a priorizar y van a ir los elementos de la Guardia Nacional donde hay más necesidad de seguridad; se va a reforzar esto a partir del día 30 de junio del 2019 porque se está haciendo acopio de elementos, se reclutan elementos se están capacitando. Es un proceso, pero ya vamos hacia allá y eso no quiere decir que descuidemos a la gente, se está trabajando en esta materia», destacó.

Esta es una de las interrogantes que nos ha reunido constantemente a un grupo de ciudadanos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Ello debido a la amplia gama de inquietudes, interrogantes y propuestas que se tienen y las pocas respuestas efectivas de todos los niveles de gobierno.

Quizás es de las reuniones que más incomoda al gobierno federal, porque siempre se les esta invitando y nunca tienen la amabilidad de asistir a escuchar los posicionamientos o propuestas. Es preocupante porque ante la soberbia de quienes proponen que la seguridad con base a militarización disfrazada es la clave, vemos que el país se envuelve en llamas porque los diferentes frente que se estan abriendo en diversas ciudades o regiones.

Pero algo hay en claro: que la seguridad pública o ciudadana cómo ahora se ha dado en llamar por el enfoque que se maneja, ya no es sólo responsabilidad de gobierno. También nos toca a los ciudadanos de proveer de soluciones y de ejercer esa corresponsabilidad. Aunque a muchos no les agrade, porque parece que con la división que diariamente se hace de ciudadanos, parece una agresión hacer una observación o propuesta que sea ajena al gobierno federal.

Lo que si nos queda claro, es que la apuesta por una instancia militar cómo lo es la Guardia Nacional, no es la solución mágica a la violencia que diariamente consume al país. Todos los días estamos escuchando noticias sobre violencia en todos los estados de la federación y con ello la nula respuesta de las corporaciones tanto estatales cómo locales para solucionarlo.

Muchos municipios en esa soberbia de no querer aceptar su situación crítica, sigue soportando ( y por supuesto arrastrando a sus ciudadanos) a una situación que sobrepasa los límites de la violencia y la delincuencia. El fín de semana pasado fue Uruapan, este fín de semana Zamora, siguen las desapariciones de mujeres en Morelia, los delitos del fueron común a la alza y no hay una preocupación porquere solucionar esto. Esto sólo es Michoacán, pero aplica a cualquier estado de la federación que usted invoque o se le venga a la mente. Esto nos demuestra la falta de voluntad política para aceptar que fueron sobrepasados (los municipios) y que necesitan ayuda.

Por otro lado, los estados de la federación se estan relamiendo los bigotes ( literalmente) para la llegada a sus demarcaciones de la Guadia Nacional. Náda más iluso y más triste. Donde queda el fortalecimiento de las policías estatales, los recursos invertidos y la supervisión a ese barril sin fondo ( y a veces sin auditoría) que es la seguridad pública.

Tanto estados y municipios estan rehuyendo su responsabilidad ( constitucionalmente marcadas en el 115 y marcadas por el artículo 21) . Y con ello la espera se hace larga y dolorosa para muchas localidades que estan a la merced de la violencia. Sus corporaciones locales, son un desorden administrativo y operativo que han basado únicamente sus expectativas a los recursos que la federación les brinda ( aún en este año con sus recortes).

Compras sin licitación o justificación, infladas, material de quinta calidad, armamento no acorde a la función policial, patrullas desechables, reclutamientos fuera de los lineamientos que marca la ley, organizaciones sin estructura funcional u operativa que con esto justifican plenamente al Gobierno Federal el querer tomar otro rumbo ( lo cual no abordaremos porque ya lo hicimos la columna anterior).

Yo no creo que la intención de este gobierno sea dejar desprotegidos a esos estados y municipios que estan rehuyendo sus facultades. Pero también es preciso pedir cuentas de los recursos financieros, materiales y humanos que estan dentro de las mismas. También es preciso saber en calidad de qué, estan las diferentes carpetas de investigación iniciadas en las fiscalías (otro galimatías, el sistema de procuración de justicia).

Pero también sabemos que la nueva corporación no esta siendo estructuralmente diseñada para la proximidad del ciudadano y atraer la confianza. El Ejército Mexicano también tiene sus oscuros. Y eso lo sabe el gobierno federal, pero parece que automáticamente olvido muchas de sus eternas quejas para dar paso a una alianza que suena rara, cómo el agua y el aceite. No tiene la varita mágica para solucionar los problemas del estado mexicano.

Es una fuerza de contención que sólo servirá para «replegar» al enemigo. No hay estrategia, al parecer sigue siendo un barril sin fondo para los recursos, con leyes secundarias inadecuadas para la actuación que dejan en un vacío juridico muy fuerte a los futuros guardias y a las policías.

Con este panorama tan oscuro en el país, ¿es preciso dejarle toda la responsabilidad al gobierno?

Este escribidor señala que no.

El gobierno ( en todos sus niveles) necesita ciudadanos y ciudadanas que desde diferentes ámbitos este ejerciendo la observancia y la auditoria de las acciones.

Amén de las propuestas que desde la academía, la investigación, los colectivos de la sociedad civil, las víctimas ( principalmente) estamos aportando, se necesita mucha crítica, pero fundamentada, sin colores y con un profundo conocimiento de las corproaciones y del sistema de seguridad pública.

Una crítica sectaria en materia de seguridad no sirve, porque desde el inicio jamás aportará, sólo descalifica y lo que menos necesita este país es eso…

Investigador del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho.
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Por. J. Jesús Lemus

Los familiares del activista Mariano Abarca Roblero, asesinado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, el 27 de noviembre del 2009, después de una larga batalla y a casi 10 años del suceso, han hecho escuchar su voz de protestas en Canadá, en donde reclaman justicia al gobierno de ese país por el asesinato de este defensor del territorio.

Los deudos de Mariano Abarca, quien se opuso en vida a la operación de la mina a cielo abierto de oro, antimonio y barita operada por la empresa canadiense Black Fire en el Chicomuselo, lograron que un juez de Canadá atendiera el alegato de responsabilidad en este asesinato, no solo de la minera Black Fire, sino también de la embajada de Canadiense en nuestro país.

Este es un hito en la historia de búsqueda de justicia en los asesinatos de los defensores del territorio mexicano contra las mineras trasnacionales, pues hasta ahora, aun cuando se había evidenciado periodísticamente la participación de empresas mineras canadienses en varios asesinatos a defensores, ninguna instancia oficial había siquiera reconocido esa posibilidad.

La decisión del Juez canadiense de Keith M. Boswell, de escuchar el argumento de los familiares de Mariano Abarca Roblero, que refieren la responsabilidad de la minera Back Fire en este asesinato, abre la posibilidad de que otros homicidio de defensores de la tierra, que siguen en la impunidad por parte del gobierno mexicano, sean atendidos por los aparatos de justicia de los países de donde proceden las mineras señaladas de las agresiones.

Actualmente en México, de los 170 asesinatos de defensores del territorio que han sido registrados solo entre el 2010 al 2019, se estima –porque así lo refieren las evidencias extraoficiales- que en por lo menos 73 casos existe una participación directa de funcionarios de las empresas principalmente de origen canadiense, chino, norteamericano y argentino.

Sumado al asesinato de Mariano Abarca Roblero, también se encuentran las ejecuciones de otros activistas como Bernardo Vásquez de Puebla; Ramón Corrales Vega de Sinaloa; Jorge Torres y Efraín Moreno de Tabasco, así como el de Jazmín Rosario Azamar de Rosas en Veracruz, en donde se infiere la participación de las empresas mineras contra la que se alzaron en defensa de la tierra y el agua.

Lo más lamentable es que no solo se señala de esos asesinatos, entre otros, a las mineras trasnacionales, sino que también existen evidencias de intervención en dichas ejecuciones de las embajadas de varios países en México, las que intervinieron directamente en la “solución” de los conflictos que enfrentaron sus mineras contra los pobladores opositores, en donde el asesinato de los lideres fue una de las salidas acordadas.

El caso lo evidencia el asesinato de Mariano Abarca Roblero, del que se ha establecido que luego de oponerse a la operación de la minera Black Fire en Chicomuselo, Chiapas, la representación diplomática de Canadá en México, jugó –igual que en otros casos- un papel activo para posibilitar el fin del conflicto mediante el asesinato del principal líder comunal opositor.

Se sabe que el asesinato de Mariano Abarca, que fue ejecutado por un solitario ejecutor a bordo de una motocicleta, está relacionado con decisiones tomadas por el director general de Black Fire, Artemio Ávila Cervera, y el Gerente de Relaciones Públicas de la misma minera, Luis Antonio Flores Villatoro, quienes habrían recibido el respaldo de la embajada de Canadá en México, para terminar con el plantón que mantenía paralizada la mina contra la que se opuso Mariano Abarca.

De esta situación, obviamente, en el expediente de investigación que inició la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, ni siquiera existe algún indicio que apunte a la apertura de una línea de investigación, en donde también se presume la participación de funcionarios del gobierno federal que cedieron el control a la embajada canadiense para cuidar los intereses económicos de sus empresas en México.

Una Política de Estado

Llama la atención que las acciones de disputa, que mantienen las mineras frente a los pueblos originarios en nuestro, no sólo se llevan a cabo con la participación de funcionarios del gobierno federal, sino que en la mayoría de los casos se cuenta con el apoyo de las embajadas de los países de origen de esos capitales.

El caso más evidente es la participación de la embajada canadiense en México, la que a través de su política “Economic Diplomacy”, se ha dedicado a proteger los intereses económicos de las mineras, siendo gestora de acciones de represión contra los pueblos que defienden su derecho al uso del agua, llegando en muchos casos a la decisión de ejecutar a los opositores.

Existen evidencias documentadas por organizaciones civiles como Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) y Minning Watch, que revelan la participación de la embajada canadiense en México en acciones agresivas contra los pueblos.
Desde el 2004 hasta el cierre del 2018, la embajada canadiense en México había empujado, ante esferas del gobierno federal mexicano, acciones a favor de las mineras y consecuentemente en contra los pueblos naturales, en al menos 200 puntos geográficos de todo país, donde se han registrado, solo en los últimos cinco año, por lo menos 35 asesinatos de defensores ambientalistas.

La Sierrita, un Caso de Estudio

El caso más evidente de la intervención de la embajada canadiense, en apoyo a una minera con la finalidad de lograr el despojo del territorio y el agua a una comunidad, es el que se registró en la localidad de La Sierrita, en Mapimí, Durango, donde la representación diplomática de Canadá, gestionó ante el gobierno federal mexicano, encabezado entonces por Felipe Calderón, acciones de desalojo violento contra los comuneros que se alzaron contra la minera Excellon Resources.
En el ejido La Sierrita, hacia el año 2004, se asentó la minera Excellon Resource con la promesa inicial de rentar sólo 4 hectáreas para la explotación de “un reducido banco de plata”, pero en menos de dos años la oferta de renta de tierra creció a una superficie de 27 hectáreas.

Con un monto de un millón 200 mil pesos se “benefició” a 127 ejidatarios con el pago único de 9 mil 500 pesos, ofreciendo de la mano hacer obras de infraestructura para la comunidad.

Lo que los representantes de la minera Excellon Resource nunca dijeron es que, como parte de la compra de los predios, también tenían el interés de la explotación total e irracional de los mantos freáticos. Los pobladores de La Sierrita ya contaban con sus propios pozos de agua, pese a lo desértico de la zona, los que, excavados a pocos metros de profundidad apenas daban sustento a la vida económica del lugar.
Pero Excellon Resource cavó tan profundo que no solo secó los pozos comunales, sino que se pudo hacer de un verdadero mar de agua encontrado bajo el suelo árido de la región de Mapimí, con el que no sólo atendió sus necesidades de lavado de minerales, sino que encontró un negocio: comenzó a extraer y a vender agua a los terratenientes de la zona, incluida la empresa lechera Lala.

La explotación del agua fue a razón de una extracción de mil 370 litros por segundo, cuando los habitantes de La Sierrita apenas si subsistían con un suministro de agua estimado en 300 litros de agua por segundo.

Al secarse los pozos comunales que abastecían a la población local, el reclamo llegó: exigieron al gobierno federal el cese de la concesión de explotación de los mantos acuíferos otorgados a favor de Excellon Resource, pero su reclamo no encontró eco.

Por eso los ejidatarios despojados de sus tierras se plantaron en los accesos a la mina La Platosa, sin imaginar la violenta reacción del gobierno federal mexicano, el que fue instigado a la represión por parte de la embajada canadiense en nuestro país.

Antes de la violeta represión sufrida por los 127 ejidatarios que se apostaron en un campamento a las afueras de las mina La Platosa, la embajada canadiense maniobró una serie de acciones, en coordinación con el gobierno federal mexicano y con el propio gobierno el estado de Durango, a efecto de terminar con la protesta de los ejidatarios, que exigieron el cese de la explotación de los mantos freáticos, luego de reconocer que el pueblo completo de La Sierrita se estaba “muriendo de sed, por culpa de la minera”.

Violencia desde la Embajada

Días previos al desalojo del plantón, cuando intervino el ejército, la policía federal y la policía ministerial de Durango, la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, mantuvo comunicación directa, a través del delegado comercial de la embajada, Wayne Robson, con el propio presidente Felipe Calderón, el gobernador de Durango, Jorge Herrera, con el entonces secretario de gobernación, Alejandro Poiré, y con el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari.

La embajadora les solicitó apoyo a fin de proteger los intereses amenazados de la minera; el cuerpo diplomático de Canadá en México pidió expresamente, el uso de la fuerza para apagar el movimiento. La embajada canadiense garantizó a la empresa Excellon Resource todo el respaldo de la representación diplomática, poniendo a su disposición los “vínculos institucionales” necesarios a fin de salvaguardar sus intereses económicos.

La intervención de la embajada de Canadá en México, a favor de Excellon Resource, fue más allá que la puesta a su disposición de los “vínculos institucionales”, también maniobró una serie de reuniones entre el director de Excellon Resource en México, Brendan Cahill, con funcionarios federales de alto nivel, a fin de plantear la “necesidad urgente” de sofocar el movimiento social que mantuvo paralizadas las actividades de la mina por casi cuatro meses.

De igual forma, la embajadora de Canadá en México dispuso una serie de acciones para realizar espionaje político en contra de los ejidatarios, a fin de recabar información que pudiera ser útil para el cometido de la empresa.

Las gestiones de la embajada ante el gobierno federal, las que terminaron por desalojar violetamente la manifestación de los ejidatarios, fue ejecutada por el gerente de la mina La Platosa, el canadiense Rob Moore, al que por instrucción presidencial se le cedió el mando de las fuerzas federales, del ejército y de la policía de Durango. También se dispuso de un grupo de golpeadores traídos de las minas de Zacatecas, las que son operadas por la misma empresa, haciendo que el movimiento fuera disuelto y reconocido como un acto ilegal de los ejidatarios.

Otra de la Embajada de Canadá

Los directivos de la también minera canadiense Pan American Silver Corp., sin siquiera sentarse al diálogo con los habitantes quejosos de La Colorada en Zacatecas, denunciaron ante las autoridades de la Secretaría de Economía del gobierno federal, y ante las propias del estado de Zacatecas, que los pobladores intentaban frenar las actividades económicas de la minera.

Argumentaron que su inversión se ponía en riesgo, además de establecer que las quejas de los vecinos eran “un peligro para sus intereses”, por lo que solicitaron en forma inmediata la reubicación de 47 familias que afectaban su actividad productiva.

Esta información fue emitida también a la embajada de Canadá, desde donde se gestionó ante el gobierno federal el envío de fuerzas federales para la protección del perímetro de la mina.

Fue así que la madrugada del 13 de enero, a los vecinos de La Colorada, los despertó el ruido de maquinaria pesada y los gritos de hombres armados, que se identificaron como “guardias privados de la empresa”, los que comenzaron a golpear en las puertas de las viviendas, para que todos los lugareños salieran a la calle.

Con las armas de por medio, los guardias de Pan American Silver Corp., comenzaron a empujar a los vecinos hacia la salida de la comunidad, mientras la maquinaria pesada destruía las viviendas. En medio del caos, algunos de los habitantes solicitaron vía telefónica el auxilio de la policía municipal de Chalchihuites y de la policía estatal de Zacatecas, los que hicieron presencia en forma inmediata, pero fue para respaldar a los guardias de la minera.

El desalojo de la comunidad

La Colorada se hizo en menos de dos horas. Un total de 47 familias, las que se quejaban por los altos índices de contaminación en el agua, fueron desplazadas a un predio ubicado a cinco kilómetros de distancia, en donde la minera ofreció la construcción de viviendas para cada una de las familias trasladadas.

En forma inicial cada una de las familias fue dotada de un predio, con la promesa de iniciar la construcción de una vivienda para cada una de ellas por cuenta de la minera. La construcción de las viviendas dio inicio dos días después. Pero las viviendas que fueron entregadas a cada una de las familias desplazadas fueron construidas con cartón, láminas y el mejor de los casos con tablarroca y madera de desecho.

En total fueron 230 los habitantes, incluyendo mujeres y niños, los que fueron desplazados de sus viviendas, por decisión directa de la embajada de Canadá en México.

CIUDAD DE MÉXICO

Como Presidente de éste órgano de gobierno del IMSS, quiero hacer unas manifestaciones, que solicito a la Secretaria General queden íntegras en el acta de la sesión.

El IMSS es un órgano igualador de las condiciones sociales de los mexicanos; como órgano fiscal autónomo cobra cuotas a patrones y trabajadores, para dar cobertura de seguridad social a millones de mexicanos.

Es un organismo autónomo, cuya gestión es tripartita; gubernamental sí, pero también obrero y patronal; por eso administra su patrimonio con reglas especiales, empezando por la Ley del Seguro Social, a la que nuestra Constitución, como a ninguna otra norma del sistema jurídico mexicano, le otorga el calificativo de ley de “utilidad pública”, en el artículo 123, A, fracción XXIX.

El IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales antes de nacer, hasta tratamientos paliativos antes de morir. Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto.

Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social.

El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el “cargo” que el “encargo”.

Claro que el IMSS se debe transformar, como lo ordena el Presidente. En el IMSS no se desobedece al Presidente. Sólo creo que el eje de su reforma deben ser las personas que se atienden en el IMSS, y no los funcionarios que trabajan en el IMSS.

Se requiere una gran reforma LEGAL, y no una pequeña reforma REGLAMENTARIA. La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural.

Necesitamos una reforma al IMSS para acoplarlo al sistema universal de salud y al modelo preventivo, donde se ataquen los determinantes sociales de la salud. Una reforma al IMSS para adecuarlo a la nueva realidad laboral, y al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, donde de forma gratuita se atiendan los mexicanos en igualdad de condiciones.

Por su parte, algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de “delegados administrativos estatales”, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS.

Mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal, -en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores-, los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo. De tales omisiones se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, porque este Consejo Técnico y el Director General, serán responsables – dice el artículo 276 de la Ley del Seguro Social – de que el Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión.

Cualquiera que se asome al debate sobre salud en Europa o vea lo que hizo el gobierno federal anterior, verificará que los funcionarios conservadores, neoliberales, controlan el gasto en servicios de salud pública, mientras que los gobiernos progresistas inspirados por la justicia, buscan ampliar cobertura y calidad inyectando más presupuesto.

Ese control del gasto tiene dos consecuencias fatales: una directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un segundo efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor “gasto de bolsillo” de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento.

Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres.

El IMSS-BIENESTAR que otorga, como ordenó el Presidente López Obrador, medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad social, en cifras reales, al día de hoy, tiene menos recursos que el último año del gobierno anterior, porque le deben más de mil millones de pesos, del llamado “componente de salud”, que le correspondía del desaparecido programa Prospera. Pregunto. ¿Han gestionado los funcionarios de Hacienda la ayuda a los más desfavorecidos que atiende el IMSS?

Además acuso que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS, quieren imponer. Estos son ejemplos de algunos intentos:

1.- Para cumplir con las instrucciones de austeridad y disciplina del gasto, ordenadas por el Presidente, suscribí y entregué el 14 de diciembre de 2018, el oficio No. 09 52 170500/124, solicitando criterios específicos de control presupuestario conforme al marco jurídico aplicable del IMSS. Jamás se respondió el escrito.

2.- Para autorizar las contrataciones de personal con las que operan para el ejercicio fiscal 2019, y el participar en el Rediseño de la Estructura Organizacional, dirigí otro oficio, el No. 09 52 170500/079 de fecha 29 de marzo de 2019, que tampoco jamás se respondió.

3.- Además, el IMSS entregó, vía correo electrónico, a Hacienda, el 7 de febrero pasado, objetivos, estrategias, indicadores y líneas de acción puntuales para incluirlos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que los funcionarios de Hacienda simplemente omitieron.

4.- Por último, como lo comenté en la sesión pasada de este Consejo Técnico, tenía concertada una cita el 2 de mayo pasado para resolver, en definitiva, la situación del IMSS, y se me canceló de última hora, sin explicación.

Los funcionarios de Hacienda deben saber que el gobierno y administración del IMSS debe darse en condiciones de certeza jurídica; es real el riesgo de aumentar los litigios y ocasionar cuantiosos daños patrimoniales, por tomar decisiónes al margen de la ley de Seguro Social o con funcionarios sin atribuciones.

Además, los servidores públicos del IMSS, sólo pueden responsabilizarse de las decisiones que se toman en el IMSS. Nadie, en su sano juicio, se hará cargo desde el IMSS, de instrucciones o resoluciones falladas sólo en la Secretaría de Hacienda.

Por otro lado, si acaso Hacienda cree que los ahorros en el IMSS los puede desviar a otros fines, es necesario recordarle que “el Instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos”, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social.

Descuidar la recaudación tributaria y la debida y justa incorporación de los trabajadores al seguro social es suicida para el IMSS. Insisto en que la mayor corrupción del Seguro Social – además de ser un delito especial establecido en nuestra ley -, es la simulación de la declaración de las cuotas subestimadas que roban el fruto del esfuerzo diario de los trabajadores, porque con esas cuotas ficticiamente bajas, los trabajadores pierden jubilación, pensión de viudez, mejores créditos de vivienda y cobertura en protección social, y algunos patrones acumulan, inmoralmente, esos recursos.

Por supuesto que la calidad y eficacia en muchos servicios del IMSS dejan mucho que desear, y que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene retos, desafíos, extravíos y una enorme corrupción.

Pero el IMSS es el único instituto a nivel mundial que da servicios médicos ilimitados sin que sus prestaciones impacten en el salario. Para mantener ese nivel de gasto es indispensable esa labor tributaria eficiente y justa, que debería ser apoyada con todas las medidas administrativas, el personal necesario de tiempo determinado para realizar notificaciones, certificaciones, cálculos y cobranza. Se han despedido trabajadores eventuales, con las disposiciones de Hacienda, cuando muchos de ellos podrían estar incluidos en el programa prioritario de Jóvenes construyendo el futuro.

Una verdadera reforma del IMSS debería velar por los trabajadores que sufren con la rotación laboral o el llamado “outsourcing” e impedir el desamparo social, cuando miles de ellos son expulsados del mercado laboral, porque cuando vuelven (los afortunados de volver a gozar de un empleo) su atención médica es más difícil, y el costo para el IMSS es más gravoso en términos económicos.

No veo las iniciativas de la burocracia de Hacienda para dar seguridad social permanente a todos los jornaleros del campo, a los repartidores de comida o choferes, ni a los trabajadores de la construcción, como sí hicimos con las trabajadoras del hogar, motivo y orgullo del IMSS lopezobradorista.

El IMSS actualmente construye un acuerdo con la oficina de Marcelo Ebrard, para el aseguramiento en dólares por familiares que residen en Estados Unidos de sus parientes que viven en México, y buscamos con la UNAM, concretamente con su Rector y su director de la Facultad de Medicina, un convenio para fomentar el deporte, el cambio de estilo de vida e insertar al mundo laboral a nuevos aprendices de nuestra máxima casa de estudios.

Ayudar en la enorme tarea moral de separar los asuntos del gobierno de los negocios personales, como quiere la Cuarta Transformación de la patria, lo puede hacer el IMSS, siempre que no le pongan obstáculos, barreras y desconfianzas externas.

El Presidente ha dicho que una sociedad que sólo busca el mero “crecimiento” y endiosa al consumo, ni es justa ni estará en paz; por eso apoyo, admiro y sueño con el éxito de construir un México con “desarrollo” que nos iguale a todos, y eso reclama una preferencia por los más pobres, exige no descartar a nadie.

Esa orientación del gobierno lopezobradorista de México, requiere inteligencia, de lo contrario, pueden volver a ganar quienes creen en la mano cruel del libre mercado. La ineficacia igual que la corrupción, juegan en el lado de los mismos que construyeron la sociedad de los privilegios mexicana que el Presidente busca y quiere desaparecer.

No cuido mi futuro personal, ni lo subordino a acomodos en los sillones del gobierno. No defiendo a farmacéuticas, ni a proveedores o constructores. El motivo de este diferendo con algunos funcionarios de Hacienda no es la compra de medicamentos, es fortalecer y respetar al IMSS.

Siempre he tratado de guiar mi vida por convicciones. No soy lambiscón, ni barbero de nadie.

Creo y defiendo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque no es gerente de los que se creen dueños del país. No es florero de nadie, como el mismo lo dice. Yo seguiré su ejemplo: tampoco yo seré florero en el IMSS de decisiones tomadas fuera del IMSS.

Gobernar el Seguro Social, encarar sus difíciles retos, domar ambiciones y negocios, cobrar cuotas, ganar juicios, hacer trabajar a sus empleados, y erradicar la maldita corrupción que lo aflige, requiere un Director General fuerte, respaldado por todos, sin dudas, ni vacilaciones.

Señores miembros del Consejo Técnico del IMSS, con absoluta paz y en ánimo de construir y no de destruir, Ustedes saben que podría vetar las decisiones del Consejo, como me autoriza el artículo 269 de la Ley del IMSS, pero los niños que padecen cáncer y esperan su tratamiento, quienes viven a la espera insulina, las poblaciones de la diversidad sexual que reclaman antirretrovirales, y los millones de enfermos que se atienden en nuestras clínicas y hospitales, no merecen ni un minuto de rebatingas de poder.

El Presidente de México necesita nuestro apoyo, no nuestras disputas.

Estoy consciente de los límites y de mis límites, puedo equivocarme, pero soy decente y tengo vergüenza pública, y con serenidad de ánimo, presento, en este momento, mi renuncia al cargo de Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esperen, Ustedes, en términos del artículo 267 de la Ley del IMSS, la decisión del Presidente de la República.