Las niñas y las mujeres viven todos los días distintas formas de violencia, en muchas ocasiones ni siquiera la identifican al estar tan normalizadas por estereotipos de género y usos y costumbres que permiten que la discriminación, la desigualdad y la violencia sean una constante en sus vidas. Y es que como sociedad no hemos logrado frenar la ola de violencias que viven desde edad temprana las niñas, y que a lo largo de su vida van normalizado y justificando en la mayoría de los casos.
A decir de la UNICEF en México habitan 40 millones de niños, niñas y adolescentes en el país, de los cuales más de la mitad viven en pobreza, y de ellos, alrededor de 4.7 millones se encuentran en pobreza extrema.
Este grupo poblacional a decir de la Red por los Derechos de la Infancia son víctimas de delitos y violencia en muchos casos extrema, esta red señala que de octubre del 2015 a 2021, se registraron 74 mil 107 delitos en contra de mujeres y niñas. De enero a diciembre del 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró 10 mil 704 casos de violencia en contra de las mujeres de entre 0 a 17 años de edad.
Entre los delitos más cometidos contra las niñas, se encuentran la corrupción de menores que registro mil 270 casos en el 2020. Y es que, durante los años 2019 y 2020, la pandemia por COVID 19, colocó a las niñas, niños, y mujeres en una situación de mucho más riesgo al estar confinadas y confinados en sus hogares resguardando su salud, pero enfrentándose al riesgo letal de la violencia familiar, la cual reporto un incremento de casi el 45 % de llamadas de atención a los teléfonos de emergencia en todo el País. Esta realidad evidenció que la política pública a nivel nacional y estatal estaba desfasada de la realidad que enfrentan las niñas y las mujeres al interior de sus hogares, ya que la comisión de esta forma de violencia nos enseñó que todavía tenemos que pensar en diferentes formas de intervención inmediata y segura para atacar esta realidad, desde mecanismos inmediatos de atención a las llamadas de emergencia, priorizando el interés superior de la infancia e identificando las diferentes realidades del ser niña o mujer y el acceso a la tecnología para reportar dichas realidades, hasta la enorme necesidad que tenemos de trabajar desde la norma y la política pública para que sea el agresor quien salga del hogar en caso de violencia familiar, en lugar de que sean las mujeres y sus hijas e hijos quien abandonen su espacio familiar para resguardarse de la violencia. Esa realidad también cuestiono la viabilidad y oportunidad de las órdenes y medidas de protección, cuando el agresor se encontraba al interior o cerca del hogar.
Estas formas de violencia contra la infancia son una constante que queda invisibilizada en los discursos y políticas públicas elaboradas desde el adultocentrismo, sin colocar en el centro de la atención el principio de interés superior de la infancia, que demanda de las autoridades y personas adultas que tienen el deber de cuidado de la infancia, compromiso total y conocimiento de las realidades a las que se enfrenta este grupo poblacional.
Además de la violencia familiar las niñas y adolescentes se enfrenta a delitos como violencia física y lesiones que durante el 2020 acumuló cuatro mil 162 casos, mientras que se identificaron 203 casos de trata infantil en el 2020.
Todas estas realidades han propiciado el reforzamiento de marcos normativos que garanticen la totalidad de los derechos humanos de la infancia, sin embargo, aún hay muchas realidades como el feminicidio infantil que deben de ser considerados en la norma y en la política pública de prevención de esta forma extrema de violencia contra las niñas en el país.
Respecto a esta lamentable realidad la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) señala que, en México los casos de violencia contra la niñez son difícilmente denunciados “ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda”, por ello no se tienen fuentes de información que permitan medir y calcular de manera cabal e íntegra la violencia contra las niñas y adolescentes en México, y señala que entre 2010 y 2016 se registraron 9,067 defunciones por homicidio de niñas, niños y adolescentes, el 24% correspondiente a niñas y mujeres adolescentes.
Respecto a este tema el INEGI señala que desde que se tipifico a nivel federal el feminicidio (2012) hasta el año 2016, los registros con los que cuenta reportan que hubo […] 821 Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidio de niñas entre los 0 a los 14 años de edad; 20 por ciento de estos asesinatos fueron cometidos contra niñas de menos un año de edad (160 casos), 27 por ciento en niñas de tan sólo 1 a 4 años de edad (227 casos), 19 por ciento fueron niñas de 5 a 9 años de edad (153 casos), el mayor porcentaje, 34 por ciento, se concentró en niñas entre los 10 y 14 años de edad (281 casos).
Posteriormente en el año 2017, estos reporten señalaban que 181 niñas menores de 15 años fueron asesinadas en nuestro país: 21 de ellas tenía menos de un año, 44 tenían entre 1 y 4 años, 29 entre 5 y 9 años y 87 estaban entre los 10 y 14 años, de acuerdo con los registros de defunción del INEGI.
Este delito es una grave realidad que queda desdibujada por muchas otras formas de tipificarlo como como “homicidios” “homicidio calificado”, “parricidios”, homicidios por “negligencias de cuidado” o “infanticidios, lo que no permite identificar que la comisión de este delito atiende a la misoginia y al hecho de que esas niñas fueron asesinadas por su condición de género, por lo que es importante reforzar la legislación en la materia, de manera específica la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual contiene entre sus principales principios rectores en materia de protección de la infancia, el interés superior de la niñez; la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión y el acceso a una vida libre de violencia, que sin lugar a dudas tienen la firme intención de revertir las condiciones específicas de estereotipos, desigualdad y violencia que enfrentan las niñas mexicanas.
Aunado a todo lo anterior no es secreto que la violencia sexual, los matrimonios infantiles, la trata infantil, la mutilación genital, la sobrecarga de las tareas domésticas y el deber de cuidado, así como los estereotipos de género y prácticas culturales, son una lamentable realidad a la que se enfrentan las niñas.
Algunos datos[1]:
- Más de 200 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido la mutilación genital femenina.
- Alrededor de 650 millones de mujeres han contraído matrimonio antes de cumplir los 18 años: 1 de cada 5.
- 13 millones de niñas de entre 15 y 19 años han sufrido relaciones sexuales forzadas en el mundo.
- La mitad de las niñas de entre 10 y 14 años dedican el doble de tiempo a las tareas domésticas que los chicos de su misma edad.
- Tan solo 2 de cada 5 niñas completa la educación secundaria.
Estas cifras representan miles de historias de vidas coartadas por estas lamentables prácticas, por una educación que sin lugar a dudas sigue dejando a las niñas, en un segundo plano cuando del ejercicio de los derechos de la infancia hablamos y que nos obliga a fortalecer desde todos los espacios los mecanismos para la prevención de tales realidades.
Los pendientes:
Hablar de transformar la realidad que viven las niñas en México y en el Mundo, pasa necesariamente por reconocer que la invisibilización y normalización de las violencias, los estereotipos de género que las colocan en condiciones de desigualdad y discriminación, que la normalización y complicidad de prácticas de abuso sexual, la hipersexualización de las niñas como practica socialmente tolerada, son realidades que deben de ser erradicadas ya.
Los 20 derechos plasmados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son una guía muy clara de las acciones que se deben de emprender para poderos hacer una realidad en la vida de las niñas y los niños de este país. Y de manera concreta es importante emprender las siguientes acciones:
- Reforzar las legislaciones locales a fin de armonizar su marco normativo a lo señalado por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y demás leyes que garantizar la protección de las niñas como lo es la LEY General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
- Impulsar campañas de difusión de los derechos que tienen las niñas y de las obligaciones de padres, madres y/o tutores en su cumplimiento.
- Garantizar la erradicación del matrimonio infantil en las normas y en las prácticas culturales, con campañas de información y sanción a las personas que los fomentan o permiten.
- Garantizar la no deserción escolar de las niñas.
- Generar mecanismos de denuncia amigables y accesibles en caso de ser víctimas de diferentes tipos de violencia
- Difusión de sus derechos sexuales
- Prevención del abuso sexual y la trata infantil, desde la norma hasta la generación de políticas públicas que la atiendan.
- Continuidad y fomento a la creación de a las escuelas de liderazgo infantil para niñas y adolescentes.
- Legislar en todos los estados la sanción al Feminicidio Infantil.
Ser niña en México el día de hoy, en muchas ocasiones significa todavía ser víctima de todas estas realidades, de estar sujeta a muchas prácticas culturales que no visibilizan ni atienden el principios del interés superior de la infancia, que siguen replicando el adulto centrismo como planteamiento de vida y que siguen ignorando la realidad que viven miles de niñas todos los días, por lo que nuestro compromiso debe ser total para garantizarles a las niñas mexicanas un mejor País y una mejor realidad.
[1] Día Internacional de la Niña | UNICEF
