José Alberto Guerrero Baena
Alejandra Vanegas Rodríguez
“Y mientras yo dormía o bebía la cerveza de Wittenberg junto a mis amigos Philip y Amsdorf,
la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún
príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas.
Yo nada hice: la Palabra lo hizo todo”.
Martín Lutero
La contrarreforma al SJPA.
La extraña necedad de volver a la picota.
La Reforma religiosa surgió ante la amplia necesidad de modificar los caducos esquemas y dogmas teológicos de la Iglesia Católica, amén del gran poder político económico y social que detentó durante buena parte de la historia de la humanidad.
Líderes como Martín Lutero y Juan Calvino pugnaron por una reforma religiosa que acabara con todo ese conflicto de intereses de la Iglesia católica. Y triunfaron, varios países se manifestaron a favor eliminar ese centralismo religioso detentante de todo tipo de poderes y excesos que era la institución católica.
Pero no todo fue miel sobre hojuelas, el movimiento conservador también impulsó una contrarreforma que fuera capaz de seguir controlando los diferentes cotos de poder que fueron perdiendo paulatinamente ante este movimiento de pensamiento. Y la Iglesia fortaleció a la Inquisición, expulsó (por medio de gobiernos afines) a los creadores del disenso, los jesuitas de los territorios gobernados y estuvimos a un tris de volver a esa oscura etapa de la edad media donde todo se lo debíamos a la dogmática y la fe.
Y por supuesto, con penas muy severas para quien cuestionara esto.
Al parecer al gobierno de México, le seduce la extraña idea de volver al pasado, donde el Estado era juez y parte en prácticamente todos los asuntos de la vida pública en México. Uno de los aspectos donde más tenía injerencia era el Derecho Penal y, por ende, el sistema de justicia de este ramal de la Ciencia Jurídica.
Y de esta situación dependen muchos aspectos importantes de la seguridad en México.
Entonces, ¿para qué sirvieron los años de trabajo y capacitación para dar una transición hacia procesos penales justos y con la limpieza que el mismo sistema requería?
¿Quién va a reponer los recursos humanos, monetarios, políticos, sociales y culturales para hacer girar a un elefante que por su propio peso no se podía mover y, que por el lado que fuere donde se levantara, había corrupción y pobredumbre?
Es demasiada la tentación de la vuelta hacia épocas de oscuridad en los procesos penales.
Por parte del grupo en el poder siempre hay esa extraña nostalgia por volver a otras épocas donde imperaba el centralismo en decisiones trascendentales del país y donde ahora es una “necedad” la vuelta al viejo sistema donde de todo se detenía y poco se clarificaban los casos, además de esa profunda e imperiosa necesidad de centralizar todo.
Si tanto se añora el centralismo, ¿por qué no se realiza una reforma constitucional para dejar de ser una federación y ser una república central?
La entrada en vigor del SJPA en México ocurrió hace 3 años, donde el paradigma no sólo ha tocado a la propia impartición y procuración de justicia, también en materia de seguridad, política criminal y atención a víctimas (quienes deben ser los verdaderos beneficiados de esto) ha sido la preocupación constante de diferentes esferas de gobierno.
Incluso del propio gobierno federal actual, que ha impulsado un modelo de policía de vanguardia (claro, sin tomar en cuenta a la espuria Guardia Nacional), ha habido personas que han buscado cuidar las formas y fundamentos del Sistema de Justicia Actual pero que, ante la oleada doctrinaria de quienes pretenden que se centralice el poder, han vertido tras bambalinas los diversos proyectos modificatorios en materia penal.
Tristemente este proyecto, que viene tentativamente de la Fiscalía General de la República en coordinación con la Consejería Jurídica de Presidencia, intenta utilizar los mismos modos políticos con que han engañado a la población (sobra decir que la tradición priista la tienen de cepa), es decir, foros ciudadanos de “parlamento abierto”, intervención de diferentes organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
Este proceso de reforma será igual de engañoso que el utilizado para imponer la “Guardia Nacional”. Es decir que, ¿a la letra dice algo y a los hechos se aplican otras cosas?
Para todo esto, ¿qué contiene la contrarreforma al SJPA?
De entrada, buscan ampliar el arraigo a todos los delitos, eliminar a los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas, así como quitar la prohibición que existe para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales.
También se busca, entre otros muchos cambios, modificar la cláusula constitucional que considera como nulas de forma automática las pruebas que hayan sido obtenidas ilícitamente.
Además de buscar expedir un Código Penal Nacional, así como la Ley Nacional de Justicia Cívica, siendo el único punto a favor de esta reforma penal.
Se considera el riesgo de retroceso de estas iniciativas, que significarían incluso una “contrarreforma” para lo avanzado en los últimos años con el sistema penal acusatorio.
Los cambios propuestos, de acuerdo con los borradores que han llegado a estos escribidores por redes sociales, plantean por una parte centralizar las capacidades de las autoridades al investigar delitos a través de medidas como la ampliación del arraigo para todos los delitos y no sólo para los de delincuencia organizada como es actualmente, (situación vulnerante de derechos humanos), con lo cual se viola la presunción de inocencia que es el fundamento de este sistema de justicia.
La única limitante es que dicho periodo de arraigo no podrá exceder de 40 días en ninguna circunstancia.
Se mantiene la facultad del Ministerio Público y de la policía de ordenar detenciones en flagrancia y en casos que se consideren “urgentes” con la condición de que las personas queden de inmediato a disposición de un juez.
Estas detenciones sin orden judicial serán procedentes para todos los nuevos delitos que ya ameritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, en este caso se está violentando la presunción de inocencia que es una de las bases del sistema penal vigente.
¿Y luego se quejan de que uno los compara con la Acordada o la Santa Inquisición?
¿Qué es eso, de ser juez y parte?
¿No le suena a retroceso?
Por lo menos a nosotros sí, lo cual es grave ante la serie de arbitrariedades que esta Cuarta Transformación ha venido realizando a lo largo de año y meses de ser gobierno.
Por otro lado, el buscar que los jueces y magistrados serán fiscalizados y nombrados por el Senado, se presta inmediatamente a compra de favores y votos, privilegiando siempre los amiguismos, por encima de la carrera judicial.
¿Acaso no se buscaba eliminar la corrupción en el sistema judicial?
Al parecer es otra de las falacias que ha venido implementando el nuevo gobierno para seguir con este retroceso a la impartición de justicia.
También se establece la «presunción de responsabilidad», en la que se puede señalar como responsable a alguien que se niegue a participar de una investigación o peritaje. Ante esta situación hay quien aún duda del retroceso a una Inquisición o de la intención del Estado mexicano de proceder como juez y parte con esta contrarreforma.
Según la propuesta, las pruebas que se consigan de forma ilícita ya no serán descartadas automáticamente, sino que podrán rectificarse bajo criterio de un juez.
¿Dónde están los derechos humanos que tanto dijeron defender en campaña?
¿Estas son las maneras de la cuarta transformación de hacer justicia?
¿Haremos todo lo posible para conseguir pruebas ilícitas y poder hundir a nuestros “enemigos” en esta cacería de brujas institucionalizada”?
Eso sólo se lo come el pueblo bueno y sabio, tristemente. Y son mayoría y, en muchos casos, desconocedores de sus propios derechos y obligaciones.
También se propone una reorganización de la FGR, además que la Fiscalía pueda solicitar su propio presupuesto a la Secretaría de Hacienda, ya no según lo que estime el Ejecutivo, privilegiando una “autonomía” que desde quienes estudiamos el sistema de justica, sabemos que es de cristal. Por lo menos no hemos visto una independencia en la procuración de justicia por el momento y sí investigaciones de carácter sectario y destinadas como venganzas políticas.
De una manera decepcionante, no hay claridad en la justicia en un país de 32 estados y 2450 municipios. Y mucho menos en un país donde las grandes crisis o reformas constitucionales han sido mezcladas con las falacias donde la intervención ciudadana ha sido reducida a simples expresiones en “foros” donde, en efecto, somos escuchados, pero jamás tomados en cuenta.
La Guardia Nacional es un ejemplo claro de ello, las recientes noticias que ocultan diversos hechos en las esferas de gobierno y la contrarreforma penal es un ejemplo claro de ello.
Mientras nosotros nos burlamos con memes y el imaginario popular mexicano de las “ocurrencias” sobre notas “relevantes” de la presidencia, la contrarreforma penal preocupa y ocupa.
Estaremos teniendo un retroceso enorme (como ha sido este gobierno en todos los aspectos) y la gente aún dormida o en el peor escenario, justificando las cortinas de humo implementada por los dignos sucesores del PRI más rancio.
Sigamos riendo con el avión, que la contrarreforma penal nos alcanzará.
Tiempo al tiempo.
Investigadores del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho.
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