Morelia, Michoacán, a 12 de octubre del 2018.- Una vez que ante el pleno dio lectura a su iniciativa #NiUnPEsoALosPartidos, el Diputado Ciudadano Javier Paredes Andrade llamó a los demás legisladores a ser congruentes con la austeridad y el ahorro, y les pidió de manera respetuosa que sin temores entraran a discutir y analizar a fondo este tema que es una demanda ciudadana.

La austeridad y el ahorro no sólo debe ser compromiso de un Poder del Estado, ni de unos cuantos, sino también en los partidos políticos, apuntó.

Así mismo dijo que una medida como esta, de eliminar el financiamiento público a los partidos, beneficiará en consecuencia en varios niveles a la calidad democrática y a la participación política en el estado.

En este sentido remarcó que en primer momento generará una cancha pareja para todos los partidos políticos, porque se verá claramente quienes están en las burocracias partidistas sólo por un salario, que en muchos casos, dependiendo del partido, resulta oneroso y ofensivo, y quienes se quedarán en estos institutos serán quienes legítimamente ven en la participación política una forma de incidir en la transformación del país y del estado, y no como una forma de subsistencia económica.

Por otro lado, servirá para que esos recursos que actualmente se canalizan a través de prerrogativas al funcionamiento de los partidos políticos, se destinen a otras prioridades que tiene el estado, desde el impulsar el desarrollo económico regional, hasta impulsar también programas que estén enfocados a mejorar las condiciones de los michoacanos y michoacanas.

Remarcó que actualmente hay un excesivo financiamiento público para los partidos políticos, y que si bien son importantes para la vida democrática del país, estos han quedado mucho a deber a los ciudadanos, comportándose muchos de ellos como organizaciones negocio para sus dirigentes.

“En Movimiento Ciudadano consideramos fundamental eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, no sólo para generar un ahorro en el erario mexicano, sino para incentivar la construcción de una democracia de calidad, de contiendas electorales equitativas y limpias, y de una cultura cívica basada en la participación ciudadana”, remarcó Paredes Andrade.

El Diputado Ciudadano hizo énfasis en que “los ciudadanos exigen austeridad y política de calidad, y frente a ello los partidos políticos deberían tener el valor de apretarse el cinturón. Si los partidos políticos no son capaces de generar confianza y de ganar votos, simplemente, deben recibir menos recursos públicos”.

Dijo que Movimiento Ciudadano hace suyas todas estas expresiones de organizaciones civiles y de ciudadanos libres, que consideran que el monto que reciben los partidos es excesivo y ofensivo, “por lo que es impostergable poner un alto al despilfarro y que los recursos así ahorrados se destinen exclusivamente a inversión social y proyectos generadores de empleos”.

Javier Paredes agregó que con la propuesta de eliminar el financiamiento público a los Partidos Políticos en el Estado de Michoacán, los Partidos Políticos deberán asumir su responsabilidad histórica haciéndose de recursos a través de sus propios medios de financiamiento y ya no a costa del dinero de las y los ciudadanos; medios de financiamiento privado que se encuentran previstos en el Código Electoral del Estado y en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Cabe apuntar que para el siguiente ejercicio fiscal el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) proyecta un presupuesto de 286 millones 324 mil 755 pesos para el concepto de prerrogativas para gasto ordinario y por actividades específicas para los partidos políticos en la entidad.

Javier Paredes remarcó que este presupuesto pudiera destinarse a diversas prioridades como lo es la atención de la actual situación que atraviesa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la salud pública donde hay desabasto de medicamentos y atención deficiente en los hospitales públicos por falta de recursos económicos; o incluso para reactivar la economía de los municipios, indicó.

Con la finalidad de armonizar la Constitución local con la normativa federal y la convencional, en materia de protección y respeto de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, la diputada Araceli Saucedo Reyes, presentó una reforma a la Constitución Política del Estado, con la que plantea elevar el interés superior de la niñez a nivel constitucional desde una perspectiva de derechos y también convoca a que la infancia sea el centro de la agenda legislativa.

Al hacer uso de la tribuna, ante los diputados integrantes de la LXXIV Legislatura Local subrayó que es prioritario legislar a favor de esta población, en condiciones de vulnerabilidad y de tutelaje. Por ello, en la iniciativa que propone que “este grupo poblacional sea prioritario para la instrumentación de políticas públicas en todos los ámbitos de autoridad; conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales firmados por nuestro país en la materia”.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, explicó que resultan necesarias estas reformas ya que en la Constitución Política del Estado de Michoacán, no se contempla un enfoque basado en derechos para aplicar el concepto del interés superior del niño como concepto primordial en la toma de decisiones.

La diputada local por el Distrito de Pátzcuaro expuso que las diferencias étnicas, económicas y sociales tan marcadas en que viven las niñas y los niños de Michoacán conllevan un mayor grado de vulnerabilidad. De la población total en la entidad, 1 millón 304 mil 279 son niños y niñas de entre 0 a 17 años, que representan el 34.5% de los michoacanos.

De acuerdo a cifras del INEGI, Michoacán hasta 2010 tenía una tasa de mortalidad infantil de 14.0 defunciones de menores de un año por cada mil nacimientos, lo que ha representado un comportamiento a la baja de este indicador en el periodo de 1990 a 2010, al pasar de 33.2 a 14.0.

No obstante, dijo que el descenso de la mortalidad no se ha producido de manera uniforme en toda población. Las desigualdades socioeconómicas rurales y urbanas, así como las desventajas de ciertos grupos poblacionales reflejan las diferencias de mortalidad por edad y sexo, mismas que prevalecen en relación con las causas de muerte en la población. Por ejemplo, diferenciando entre hombres y mujeres, la mortalidad infantil se ubicó en 15.4 y 12.5, respectivamente.

En términos de nutrición, Araceli Saucedo recordó que la ENSANUT 2012 encontró que del total de menores de cinco años evaluados en Michoacán, 12.2% presentó baja talla, 2.5% bajo peso y 1.9% emaciación.

“La prevalencia de baja talla en Michoacán fue inferior a la encontrada para el ámbito nacional (13.6%). La prevalencia de baja talla para las localidades urbanas fue de 12.9% y para las rurales de 10.2%. Sin embargo, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los menores de cinco años en el estado fue de 9.1% con una distribución para las localidades urbanas de 9.9% y para las rurales de 6.7%”.

Aunado a lo anterior, consideró que la educación es otro de los principales indicadores en torno al cual puede realizarse un análisis sobre las oportunidades de desarrollo. En Michoacán, el grado promedio de escolaridad es de 7.4, lo que equivale a poco más de primer año de secundaria.

De acuerdo a cifras reportadas por el gobierno del estado, Michoacán se encuentra en el lugar 14 a nivel nacional con mayor índice de trabajo infantil. Actualmente en México trabajan 3 millones 50 mil menores de edad de los cuales el 10%, más de 300 mil lo hacen en las peores condiciones.

“En nuestro estado trabajan 100 mil niños, de los cuales el 50% están empleados como jornaleros en los diversos cultivos agrícolas, de los cuales el 59% solo cuenta educación a nivel primaria”.

Morelia, Mich., a 12 de octubre de 2018.- El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), Eduardo Orihuela Estefan, hizo un llamado al Ejecutivo estatal y a sus compañeros diputados a trabajar para que la Fiscalía General del Estado y su titular sean totalmente autónomos e independientes.

Esto, luego de que ayer en Sesión Ordinaria del Congreso del Estado y ante el acuerdo de las distintas fuerzas políticas, se aprobara la convocatoria para la elección del Fiscal General de Michoacán.

En ese sentido, Eduardo Orihuela manifestó que deben generarse las bases desde el Poder Legislativo para que esta Fiscalía inicie labores en un modelo que le permita tener plena soberanía e independencia, así como el reconocimiento de la sociedad michoacana, el total apoyo de la Federación y del Estado.

El diputado priísta indicó que el primer Fiscal en Michoacán necesita tener todo el apoyo de la Federación y del Estado, pero principalmente de la sociedad michoacana.

Orihuela Estefan se comprometió a seguir al pendiente de este tema, pues indicó que la fracción del PRI en conjunto trabajará para construir un órgano sumamente competente y que dé resultados inmediatos a lo michoacanos.

El legislador priísta señaló también que se necesitan generar los mecanismos suficientes no sólo para que la Fiscalía y su titular sean independientes y autónomos, sino incluso las demás áreas puedan lograr esta independencia que añadió, es la que hoy exigen los michoacanos.

Eduardo Orihuela informó también que trabajarán de manera simultánea con la Ley Orgánica de la Fiscalía, pues detalló que ese sería un tema central para que salga a la par tanto la Ley Orgánica como el titular de este órgano y de esta forma agilizar la puesta en marcha de la Fiscalía General del Estado.

“Lo que buscamos en el Fiscal General es alguien que nos garantice que la procuración de justicia buscará llevar a los michoacanos transparencia, justicia, que los crímenes se investiguen de forma apropiada y que esto a final de cuentas resulte en paz y tranquilidad para todos los michoacanos, si no le damos las herramientas e insumos no tendremos un fiscal en esas condiciones, hoy necesitamos un nombramiento que legitime y garantice a los michoacanos que vamos en la ruta de tener justicia”, finalizó.

Morelia, Mich. a 13 de octubre de 2018.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de Michoacán, afirmó que realizará un trabajo responsable y con miras a beneficiar a las y los michoacanos durante todo el proceso de la creación de la Fiscalía General del Estado.

En voz de la Coordinadora de la fracción, Brenda Fraga Gutiérrez, los legisladores petistas se pronunciaron por una fiscalía totalmente autónoma e independiente que garantice una impartición de justicia objetiva con todas las y los michoacanos.

“En estos tiempos de cambio no podemos darnos el lujo de poner a un fiscal a modo de los intereses de unos cuantos, debemos cuidar que se cumpla desde la convocatoria hasta el proceso de elección del encargado de la procuración de justicia en el estado los próximos 9 años. Sin duda trabajaremos para que no haya un Fiscal Carnal en Michoacán”, señaló la legisladora uruapense.

Fraga Gutiérrez puntualizó que quien ocupe el cargo, tendrá la difícil tarea de devolverle la credibilidad y limpiar la imagen de la instancia de procuración de justicia en Michoacán, que en los últimos años su funcionamiento ha sido severamente cuestionado.

“No debemos olvidar que la fiscalía será la encargada de brindar seguridad y justicia a todas y todos los ciudadanos y no se debe utilizar más como una herramienta de golpeteo político, corrupción e impunidad en favor del estado. Hoy las y los legisladores michoacanos tenemos en nuestras manos el elegir un perfil acorde a las necesidades de la población y no debemos desaprovecharla” dijo la diputada.

Reiteró que el Grupo Parlamentario del PT en el congreso local, cuidará el pleno respeto a los derechos humanos y políticos de los postulantes a fin de que tenga una cancha pareja todos los interesados en ocupar el cargo.

Nota: Brenda Barajas

Morelia.- A pesar que todos los diputados aprobaron un punto de acuerdo para donar a favor de los pobladores de Peribán que fueron afectados por las lluvias, pocos han realizado su aportación.

El documento establecía como máximo 5 días para los congresistas realizarán su donativo, sin embargo el mismo martes día que culminaba la fecha solo el Diputado Octavio Ocampo habría realizado el pago en tiempo, más tarde sus compañeros de bancada se sumaron.

El congresista recordó que no se estableció un monto, ni mucho menos será descontado de la nómina, ya que se trata de una aportación voluntaria.

Ante la poca participación de los legisladores, consideró qué hay poca voluntad de sus compañeros o se les “olvidó”.

“El punto de acuerdo decía que era voluntario, que no es obligatorio… yo creo que no hubo voluntad o se les olvidó o se les pasó” dijo.

Nota: Brenda Barajas

Morelia.- Con 37 votos a favor, en el Congreso del Estado se aprobó lanzar la convocatoria para el Fiscal General del Estado.

En el pleno el Diputado Octavio Ocampo, enfatizó la máxima publicación de la convocatoria dará certeza y transparencia al tema.

Añadió que además el dictamen brinda la oportunidad para que el Congreso, arme la Ley Orgánica de la Fiscalía, la cual tiene que estar lista a más tardar en febrero del 2019.

“Para poder tener una fiscalía y sólida, el diseño de la misma debe contar con un modelo que garantice su plena autonomía”

Una vez publicada, la convocatoria será difundida por los próximos 90 días.

Algunos de los requisitos son;

-Ser ciudadano mexicano.

-Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos.

-Contar con residencia en el Estado de Michoacán al menos de tres años, el día de su designación.

-Contar al día de su designación con una antigüedad de diez años en el ejercicio de su profesión y tener título profesional de licenciado en derecho expedido por universidad, autoridad o institución legalmente facultada.

-Gozar de buena reputación.

-No haber sido sentenciado por delito doloso, inhabilitado o encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad.

La persona que sea designada como Fiscal General del Estado estará en el cargo por 9 años, no podrá ser reelecta y rendirá protesta ante el Pleno del Congreso del Estado.

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre del 2018.- Comprometido con garantizar la protección del medio ambiente y el derecho humano de las personas a vivir en un entorno sano, el líder del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó la iniciativa de Ley para la Prevención y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Michoacán.

En sesión ordinaria, el diputado local propuso, a través de su iniciativa, la transición paulatina (en un plazo no mayor a un año) al uso de materiales biodegradables, al prohibirse gradualmente el uso de bolsas, popotes de plástico y unicel en cualquier establecimiento mercantil que preste sus servicios dentro del territorio michoacano.

“Necesitamos hacer algo para frenar la contaminación por el uso de bolsas de plástico y popotes, por ello, proponemos el hecho de que los comerciantes en general incentiven a sus clientes a llevar mercancías en bolsas, redes, canastas, cajas u otros recipientes que puedan volver a ser utilizadas y contar, fuera de sus establecimientos, con depósitos para colocar las bolsas, empaques u otros residuos”, indicó Núñez Aguilar.

Para ello, es que también se plantea el otorgamiento de estímulos e incentivos a quienes realicen acciones tendientes a la sustitución y aportación de alternativas amigables al medio ambiente para reemplazar las bolsas de plástico, envases, platos y vasos de unicel, por materiales y productos biodegradables.

“A los infractores de esta ley se les aplicarán sanciones como amonestaciones por escrito, multas de mil a ochenta mil veces el valor de la unidad de medida, la clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento, arrestos por hasta 36 horas, e incluso la suspensión o revocación de las autorizaciones correspondientes”, agregó el legislador local.

Asimismo, la presente iniciativa establece que toda persona física o moral podrá denunciar ante la secretaría o ante los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, conductas, hechos u omisiones en materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, los cuales produzcan o puedan producir desequilibrios ecológicos o daños al ambiente o a la salud.