Comisión de Justicia aprueba la Ley Orgánica de la Fiscalía General

Morelia.- El día de hoy diputados locales integrantes de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado aprobaron el dictamen correspondiente a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el cual, espera ser turnado al Pleno el próximo jueves siete de febrero.

Luego de revisar el documento que contenía la iniciativa, misma que sufrió algunas modificaciones, se incluyeron las siguientes particularidades:

– La creación de un consejo consultivo conformado por tres ciudadanos y representantes de cada uno de los tres poderes.

– Para la elección del titular del órgano interno de control; el fiscal emitirá la convocatoria respectiva el Consejo Consultivo aprueba una terna; y, el Congreso definiría su nombramiento.

Conformación de nuevas fiscalías:

– Se crearán tres nuevas fiscalías en materia de tortura, desaparición forzada y de asuntos internos. Mientras que en periodo electoral tendría que crear la fiscalía especializada en delitos de tal índole.

– El titular de la Fiscalía General tendrá la oportunidad de crear fiscalías conforme lo demanden los temas; mientras que la Fiscalía Anticorrupción tendrá una partida independiente en el presupuesto.

Personal:

– Los agentes del Ministerio Público, peritos y agentes de investigación tendrán que acreditar los exámenes del Sistema Nacional de Seguridad como parte del Servicio Profesional de Carrera.

– El titular del Ejecutivo y el titular de la Fiscalía decidirán sobre la reubicación de los trabajadores sindicalizados de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes tendrán como plazo un año para concretarlo.

Destitución:

– El o la titular de la Fiscalía Generalc cuyo tiempo en el cargo es de nueve años, podrá ser removido por al menos las dos terceras partes de los diputados, en caso de que incurra en alguna responsabilidad administrativa, y podrá ser sujeto de juicio político.

Finalmente, se separaron los conceptos por los que ingresaba dinero adicional a la Procuraduría, y conforme a lo planteado ahora iría directamente al fondo de atención a víctimas y no pasaría por la fiscalía, con el condicionante de que el fiscal puede disponer de aquellos fondos y los dirija a víctimas.