Del derecho a la justicia. Por Nuria Gabriela Hernández Abarca

Mas de dos años han pasado desde que el 25 de septiembre del 2020 se diera a conocer públicamente el asesinato de Jessica González Villaseñor.

Desde el reporte de su desaparición, muchas horas de trámites legales y audiencias interminables han poco a poco desgastando la confianza de la sociedad y de la familia de Jessica sobre el actuar de muchas autoridades. Y es que, como en muchos otros casos de feminicidio, la justicia parece ser esa palabra abstracta que solo se entiende vagamente en la mente de las personas “estudiosas del derecho” pero que en realidad para las víctimas de los delitos y sus familiares no tiene ningún sentido.

El día de hoy 26 de enero del 2023, se espera la última audiencia en donde se determinará el destino final de este caso. Y sin lugar a dudas se espera por parte de la sociedad y por supuesto las personas cercanas a Jessi, una sentencia ejemplar, y ejemplar en términos de la justicia, en términos de lo doloroso que es para una madre hablar del homicidio de su hija, y luchar durante mas de dos años todos los días por hacer evidente una verdad que por mucho que jurídicamente se quisiera debatir, está ahí, con mas de 100 pruebas presentadas y con muy pocos argumentos en contra, que puedan ser validos para desestimar dicha realidad.

Pero mientras los argumentos legales van de allá para acá y mientras las lagunas en la ley son utilizadas para alargar mas y mas este proceso, lo real es que como sociedad y como personas no nos damos cuenta de lo que, de fondo, dejan estos casos en el imaginario colectivo.

Primero las familias de las víctimas no pueden seguir siendo revictimizadas en una lucha permanente y eterna con el fin de demostrar sus argumentos, no podemos seguir esperando que la justicia llegue sólo si las familias de las victimas tienen tal resistencia para seguir luchando, muchos casos se quedan en el olvido, y es que pareciera que, si nadie exige, la justicia no llega.

En un país donde denunciar es todo un reto, donde no hay confianza en las autoridades donde la corrupción ignora el dolor de las víctimas y escucha el ofrecimiento de los victimarios para casi convertirlos en mártires, debemos como sociedad replantearnos que tipo de justicia queremos para nuestro país.

En segundo lugar, por muchos protocolos y leyes que tengamos, mientras no entendamos que el acceso al derecho a la justicia para las mujeres es un imperativo y una obligación que tienen las autoridades por garantizar, seguirá mandándose un ejemplo equivocado a la sociedad de que en este País no pasa nada si agredes, si quemas con ácido, si matas o violas a una mujer.

Finalmente, todas las autoridades están obligadas a garantizar este derecho a las mujeres, sobre todo a implementar acciones ejemplares para sancionar el feminicidio y a prevenir todas las demás violencias, porque las obligaciones no solo son nacionales o estatales, ya los propios instrumentos internacionales las obligan tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la cual en su inciso b del artículo 2 obliga a los Estados partes a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Y no nada más esta lo señalado en dicho instrumento, ya también las observaciones realizadas por el Comité CEDAW al noveno reporte periódico de México en 2018, externaban su preocupación por las barreras institucionales y estructurales que siguen impidiendo el acceso de las mujeres a la justicia.

Esas barreras institucionales son la corrupción y la falta de empatía ante delitos como el feminicidio. y las barreras estructurales son el cinismo de los funcionarios públicos para tratar de dilatar la justicia en casos como los de Jessi y demás mujeres asesinadas; aunado a una sociedad que normaliza que nada pase y la justicia no aparezca.

Así que no determinar una sentencia ejemplar y dilatar el acceso a la justicia se llama también violencia institucional.

Por lo que estaremos atentas en espera de que el poder judicial se porte a la altura de la demanda eterna de justicia hacia las mujeres víctimas de feminicidio y se le haga justicia real a ella y a toda una familia que extraña a Jessica todos los días y que, en este camino de exigir sanción ejemplar ante la muerta de su familiar, han dejado a un lado su vida, (costos que esta justicia legaloide no vislumbra).

Las mujeres no queremos venganza, las mujeres queremos justicia, porque nadie tendría el derecho de arrancarle la vida a una mujer, porque nadie tiene el derecho de violarla y de acabar con sus sueños, porque nadie debería decidir el destino de ninguna mujer solo por el hecho de serlo, porque nadie tendría que vivir con miedo.

Así que ni más ni menos, exigimos Justicia para Jessi y para todas las mujeres a las que el derecho y las autoridades les ha quedado a deber tanto.