¡Hasta la cárcel llegaría secretario de Finanzas de Jara sino paga 572 mdp!

Nota: César Rangel

Morelia.- Miguel López Miranda, ex secretario de Finanzas y Administración en el Gobierno de Salvador Jara Guerrero, podría ser encarcelado en caso de no cumplir con el pago de 572 millones de pesos como medida de resarcimiento de daños al erario, luego de haber comercializado bienes, propiedad del Estado, a un valor menor del considerado catastralmente.

Así lo indicó el secretario de la Contraloría estatal, Francisco Huergo Maurín, al señalar que el ex funcionario estatal promovió ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de revisión, el cual si bien no ha sido resuelto sería el último asunto legal que podría presentar para evitar el pago de dicho monto millonario o bien, afrontar un proceso penal.

Detalló que aun cuando la SCJN tendría que haberse pronunciado desde mayo pasado, según los términos del proceso, confiaría en que el asunto se destrabe en este o el próximo mes de agosto. Señalando, desde su óptica, no hay elementos para que se admita.

“Nosotros insistimos que por no ser un asunto de derecho constitucional, ni de derechos humanos no habría elementos para que la corte lo admita. Sin embargo, la Corte tiene sus propios procedimientos”, expresó.

Al dudar de que López Miranda tenga la capacidad de pagar los 572 millones impuestos por un Tribunal Colegiado del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación como medida resarcitoria del daño al erario, aunado a la inhabilitación por un periodo de ocho años, advirtió procederán penalmente.

“Lo primero que se hace es informarle a la Secretaría de Finanzas, que puede constituir un crédito fiscal o hacer la cobranza, él se puede declarar con capacidad o no de pago y ya veríamos si procede el juicio penal”.

Añadió que a la fechan han sido inhabilitados u observaados alrededor de 140 servidores y ex servidores públicos, mismos que vienen de administraciones del 2009 al 2014 y empezando el año 2015, que en su gran mayoría tienen que ver con la movilidad de los recursos o la falta de justificación de la trazabilidad de los mismos.