Retoman esencia de propuesta de diputada Tere Mora para eliminar el cobro por la certificación de copias en el STJE.

El pasado 9 de mayo del año 2019, la diputada Teresa Mora Covarrubias, presentó ante el pleno del Congreso del Estado, una iniciativa para derogar el cobro del derecho fiscal por certificación de copias y por cotejo de página, el día de hoy las y los diputados integrantes de las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, comisiones a las que les fue turnada dicha iniciativa, presentan iniciativa aprobando la propuesta.

Los diputados y diputadas de las Comisiones Unidas, decidieron presentar una iniciativa con carácter de dictamen en los mismos términos que presentó la legisladora petista, y resaltan en la consideraciones nombrar a la diputada Tere Mora, lo anterior, atendiendo a una práctica parlamentaria, considerando en el último año hubo cambios en la legislación y se considera ésta es la mejor forma de atender el espíritu de la diputada.

Así pues, la iniciativa que presentarán en la siguiente sesión las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, es básicamente la esencia de lo propuesto por la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) hace ya más de un año.

“Imponer un cobro por la certificación y cotejo de expedientes en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), se equipara a una costa judicial, situación que contraviene el principio de gratuidad en el acceso e impartición de justicia, y prohibida por el artículo 17 Constitucional, así pues que considero que no se puede condicionar el acceso o la impartición de la justicia, al pago de un derecho fiscal, menos aún cuando estas actuaciones judiciales sean notoriamente necesarias e indispensables para acceder a la justicia”, añadió.

La diputada por el distrito 06 de Zamora, indicó que, si bien es cierto que el Estado de Michoacán atraviesa por una crisis económica sin precedentes, no menos cierto lo es que las familias michoacanas no son responsables del quebranto financiero que atraviesa la entidad, y menos justo, que sean los michoacanos quienes paguen las consecuencias de los malos manejos de los recursos públicos con el pago de más impuestos y derechos fiscales ahora hasta para poder tener acceso a la justicia.

“Debido a la crisis económica que atraviesa el Estado de Michoacán, por la mala administración de los recursos públicos, el ejecutivo del Estado ha creado una serie de cargas impositivas a las familias michoacanas, sin justificación legal alguna, al grado de gravar con derechos fiscales algunas actuaciones judiciales, como el cobrar derechos fiscales por la certificación de copias en el Tribunal de Justicia del Estado, sin tomar en cuenta el artículo 17 Constitucional de nuestra Carta magna”, finalizó..