Ministros por voto popular ¿lo mejor para nuestro país?

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), invalidó la primera parte del Plan B, Ignacio Mier coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, acatando las órdenes del presidente, López Obrador planteóuna reforma para que las y los ministros de la SCJN sean electos mediante el voto popular.

La selección del sistema actual de ministros nos garantiza la independencia judicial, así como la elección de ministros que tengan una extensa experiencia en derecho constitucional, una evaluación objetiva por parte del Senado de la República y sobre todo la separación de poderes, la cual es rival ya que impide no continuar con los planes que el ejecutivo pretende, si esta selección se hiciera por voto popular, caeríamos en riesgo de cumplimiento para todos estos principios fundamentales que hacen valer el estado de derecho y la democracia en nuestro país. 

Proponer una reforma de este tipo es un desconocimiento de la ley actual y de toda la teoría general del derecho. Si remontamos al pasado de creación para los tres poderes, en1748 Montesquieu escribió un libro llamado “El espíritu de las leyes” donde plantea precisamente la estructura y división de los poderes que hoy nos rigen; poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además de las funciones y enfoques diferentes, estos, existen precisamente para que ninguno este supeditado a otro, como lo dicen las referencias que hablan del principio de los pesos y contra pesos en la organización del poder público de manera constitucional y el peligro de como un poder puede frenar a otro, impidiendo la centralización del poder, entendiendo entonces que impide la autocracia.

Ahora las ministras y los ministros no serían los mejores expertos en el derecho constitucional, si no los mejores políticos, pasarían de representar a la ley, a representar a grupos de la sociedad.

Si bien ya elegimos diputados y senadores, muchos de ellos responden a intereses propios. Debemos cuestionarnos si esto es lo mejor para el país y, ¿qué riesgo pagaríamos por abrir esta puerta en el poder judicial?