VISA negada, sospecha confirmada.

En medio del estruendo de la retórica presidencial y la narrativa triunfalista de la llamada Cuarta Transformación, una decisión silenciosa pero contundente ha encendido las alarmas en el tablero geopolítico de México: la revocación de las visas de turismo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres. No se trata de un hecho aislado ni de un error burocrático. Es una señal, una advertencia y quizá el preludio de una escalada diplomática y judicial contra personajes que hoy representan la columna vertebral del oficialismo en México.

A pesar del tono condescendiente con el que la pareja intentó presentar la situación como un “mal entendido” sin consecuencias, la cancelación de visas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos no es una decisión menor. En los círculos diplomáticos y de inteligencia se entiende como un mensaje directo. Y si algo ha caracterizado a Washington en las últimas décadas es su capacidad para operar con sigilo, pero con firmeza cuando se trata de combatir redes de corrupción y crimen organizado que trascienden fronteras.

La figura de Carlos T. , excoordinador de programas federales y operador clave de la 4T, es particularmente sensible. Su influencia en la estructura clientelar del gobierno federal no es secreta, su cercanía con Palacio Nacional y su rol como engranaje de las relaciones con gobernadores y superdelegados podría explicar por qué su visa fue revocada. La información que Washington posee usualmente proviene de agencias como la DEA, el FBI o el Departamento de Tesoro, que no actúan sin pruebas contundentes.

Pero ¿qué otros nombres podrían estar en la mira? Aunque no existe una “lista Engel mexicana” publicada, es vox pópuli entre periodistas de investigación y analistas de seguridad que personajes políticos han sido mencionados en informes reservados por sus presuntos vínculos con grupos criminales locales o por tolerancia cómplice frente al “narcoestado” que se sigue enquistando en muchas regiones.

El caso de Veracruz es paradigmático: ejecuciones, desapariciones, fosas clandestinas y una Fiscalía cuestionada. En Tamaulipas, la violencia no ha cedido y persisten señalamientos sobre pactos regionales. En Chiapas, el descontrol territorial es alarmante. Guerrero y Michoacán, por su parte, han pasado de ser entidades fallidas a convertirse en terrenos de guerra entre cárteles, autodefensas y gobiernos locales superados. En todas estas entidades, la presencia de estructuras paralelas de poder es innegable.

Estados Unidos lo ve con preocupación creciente, y la decisión de iniciar con Baja California, uno de los cruces fronterizos más importantes para el tráfico de personas, armas y drogas, no es casualidad. Es un mensaje.

El gobierno mexicano, por su parte, ha optado por minimizar el hecho, como si la revocación de visas a figuras de alto perfil fuera parte del acontecer cotidiano. En Presidencia se limita a repetir que “no hay pruebas” y que todo se trata de una campaña de desprestigio. Pero la realidad es otra, estamos frente a una posible estrategia de contención desde el extranjero, ante un gobierno que ha sido incapaz de frenar la violencia, y que ha cedido, voluntaria o involuntariamente, espacios al crimen organizado.

En el tablero internacional, la Cuarta Transformación ya no es vista como un movimiento regenerador, sino como un régimen que coquetea con la impunidad. Y mientras el discurso de la “soberanía” se desgasta, el poder judicial y la fiscalía estadounidense podrían estar construyendo expedientes que, como ha ocurrido antes, terminen en sanciones, decomisos, y eventualmente en procesos judiciales.

México vive uno de los momentos más violentos de su historia reciente. En 2024 se rompieron récords en asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. La respuesta institucional ha sido la negación o el silencio. Pero para Washington, que ya ve a México como un factor de riesgo para su seguridad nacional, eso no es suficiente. No se trata sólo de visas. Se trata de complicidades, de omisiones, de redes que operan en la sombra mientras se ondean banderas de cambio. La 4T está siendo observada. Y los primeros golpes ya han comenzado a caer.