No fue casualidad: Por qué Sacramento eligió a Morelia

La política exterior no es una facultad municipal. Pero la cercanía sí lo es. Y en un momento histórico donde el mundo parece reorganizarse desde la desconfianza, donde el discurso público se ha polarizado y donde los muros vuelven a ser metáfora y amenaza, Morelia y Sacramento han decidido hacer lo contrario: construir un puente.

La firma del hermanamiento entre ambas capitales no es un gesto protocolario ni una fotografía institucional. Es una decisión estratégica en el momento correcto. Porque las ciudades no solo se hermanan por geografía. Se hermanan por gente. Y entre Morelia y Sacramento, ese vínculo lleva décadas existiendo, sostenido por miles de historias migrantes que han construido comunidad, economía y cultura en ambos lados de la frontera.

Sacramento no es una ciudad menor. Es la capital del estado de California, uno de los centros políticos más influyentes de Estados Unidos. Y California no es un estado cualquiera. Si fuera un país independiente, sería la quinta economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto superior a los 3.7 billones de dólares. Desde ahí se toman decisiones que impactan la economía global, la política pública migratoria, el desarrollo tecnológico y la agenda cultural de una de las regiones más dinámicas del planeta.

Y en ese centro de poder, vive nuestra gente.

California alberga a más de 11 millones de personas de origen mexicano. Dentro de esa comunidad, los michoacanos representan uno de los grupos más numerosos y con mayor presencia histórica. Son trabajadores, empresarios, funcionarios, artistas, académicos. Son primera generación, pero también segunda y tercera generación que ya no solo migraron para sobrevivir, sino que crecieron para liderar.

Ese es el verdadero significado de este hermanamiento. Morelia no se acerca únicamente a una ciudad. Se acerca a su propia extensión.

La presencia en Morelia del Alcalde de Sacramento, Kevin McCarty, de la Vicealcaldesa Karina Talamantes y del Mayor Pro Tem Eric Guerra confirma la seriedad de esta relación. No se trata de funcionarios simbólicos. Se trata del liderazgo político que gobierna la capital de California. Su presencia representa algo más profundo: el reconocimiento institucional de una comunidad que ya existía, pero que ahora entra formalmente a una agenda de cooperación.

Detrás de este momento hay un equipo que ha entendido el valor histórico de esta conexión. Funcionarios como Domingo, Cinthya, Paola y Emilio, desde el City Hall de Sacramento, han contribuido de manera decisiva a construir una relación basada en colaboración real, no en simbolismo. Su trabajo es el ejemplo de que las relaciones entre ciudades se construyen desde la voluntad política, pero se consolidan desde el trabajo técnico.

Pero quizá uno de los símbolos más poderosos de este hermanamiento es la presencia de Agustín Arteaga, moreliano y actual Director del Crocker Art Museum de Sacramento, una de las instituciones culturales más importantes del oeste de Estados Unidos. Su liderazgo al frente de este museo no es un gesto anecdótico. Es la prueba concreta de lo que representa la migración cuando se convierte en integración. Es un moreliano dirigiendo una institución cultural central en la capital de California. Es identidad convertida en institución. Es migración convertida en liderazgo.

Ese mismo proceso se refleja en empresarios como Ernesto Delgado, restaurantero michoacano que ha construido una historia de éxito en California, generando empleo, identidad y comunidad. Son ejemplos que confirman algo que a veces en México se subestima: el migrante no solo trabaja. El migrante construye.

Y mientras allá construyen, aquí sostienen.

En 2024, Michoacán recibió más de 5,600 millones de dólares en remesas, colocándose entre los primeros lugares nacionales. Ese flujo económico no es menor. Representa estabilidad familiar, consumo, inversión local y desarrollo regional. Pero el impacto del migrante hoy va más allá del dinero. Es capital social. Es capital humano. Es capital institucional. Es capacidad de conectar territorios, economías y culturas.

Por eso, el liderazgo del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar debe entenderse en su dimensión correcta. Este hermanamiento no es una firma administrativa. Es una decisión de largo alcance. Es reconocer que el desarrollo de Morelia no puede pensarse únicamente desde su territorio físico, sino desde su territorio social, que hoy se extiende hasta California.

En un contexto global marcado por la polarización, donde el lenguaje político insiste en dividir, este hermanamiento representa una afirmación distinta: que el futuro se construye desde la cooperación, no desde el aislamiento.

Y hay al menos tres lecciones que este momento nos deja.

La primera es que la migración no es una pérdida territorial. Es una expansión institucional. Cuando un moreliano dirige un museo en Sacramento, cuando un michoacano construye una empresa allá, cuando una comunidad sostiene una economía aquí, la ciudad no se fragmenta. Se amplía.

La segunda es que la diplomacia municipal, aunque no sustituye la política exterior del Estado, sí cumple una función estratégica: acerca gobiernos a su gente. Los municipios no negocian tratados internacionales, pero sí construyen relaciones que impactan directamente la vida de sus ciudadanos.

La tercera es que el desarrollo moderno depende de las conexiones. En un mundo interdependiente, las ciudades que avanzan no son las que se encierran, sino las que construyen redes, alianzas y cooperación institucional.

Lo ocurrido entre Morelia y Sacramento debe entenderse desde esa dimensión. No es una ceremonia. Es la formalización de una realidad social, económica y cultural que lleva décadas existiendo. Es el reconocimiento de que nuestra gente no está afuera. Está allá, pero sigue siendo parte de aquí. Es la confirmación de que una ciudad no se define solo por su territorio, sino por el alcance de su comunidad.

Porque al final, los municipios no hacen política exterior. Pero cuando entienden a su gente, cuando reconocen su historia migrante y cuando construyen relaciones con inteligencia, logran algo más poderoso que cualquier tratado: construyen cercanía. Y en un momento donde el mundo insiste en levantar muros, Morelia y Sacramento han decidido hacer algo distinto. Han decidido construir un puente.

 

El gobierno federal dejó las vacunas.

Por el bien de todos, primero el clientelismo electoral.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer cifras del gasto del gobierno federal de Claudia Sheinbaum, en el programa de vacunación 2025.

De los números, se desprende que México hoy tiene un gobierno federal criminal, que no siente remordimiento en dejar sin vacunas a la gente, particularmente a infantes y adultos mayores.

Durante el 2025, el gobierno federal de Morena solo gastó el 21% del presupuesto aprobado para el programa de vacunación, al cual se le asignaron 4 mil 570 millones de pesos, pero solo se gastaron 980 millones.

Esto significa que hubo un subejercicio de 3 mil 591 millones de pesos.

¿Y qué incluye este programa de vacunación? Entre otras vacunas, la Hexavalente en donde están la de: Difteria, Tétanos, Tosferina, Hepatitis B, Poliomelitis e Influenza tipo B.

Y ahora, algo que con seguridad te sorprenderá: De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los subejercicios deben re-asignarse a los Programas Sociales del gobierno federal.

Así como lo lees. Dinero que no se gasta, se debe enviar a lo que yo considero que son programas de clientela electoral para las elecciones.

Y, por último, por si lo anterior no te sorprendió:
De 2019 a 2025, van 159 mil 430 millones de pesos en subejercicios presupuestales en la secretaría federal de salud y todo ese dinero, se ha dejado de invertir en la salud de las y los mexicanos, y se ha ido a clientelas electorales.

¿Te das cuenta como los gobiernos de Morena si mienten, roban y traicionan?

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / Redes sociales: @ChristiánConAcento

El Estado que se encoge mientras el poder se expande

Una de las paradojas más inquietantes de la política contemporánea es: mientras el poder se concentra, el Estado se debilita. No es una contradicción, es un diseño. Gobiernos cada vez más fuertes conviven con instituciones cada vez más frágiles, incapaces de regular, contener o corregir.

Durante años se nos dijo que centralizar decisiones fortalecía al Estado. La realidad muestra lo contrario. Cuando el poder se acumula en pocos espacios y las instituciones pierden autonomía, capacidades técnicas y márgenes de decisión, el Estado no se vuelve más eficiente, se vuelve más pequeño.

Un Estado fuerte no es el que grita más, sino el que funciona mejor. El que planea, ejecuta, evalúa y corrige. El que tiene órganos capaces de decir “no”, tribunales que equilibran, autoridades que regulan y administraciones que no dependen del humor político del día. Cuando esas piezas se debilitan, el poder puede expandirse, pero lo hace sobre un terreno cada vez más inestable.

Lo que vemos hoy no es solo una disputa ideológica, sino un fenómeno estructural, la sustitución del Estado por el poder. La ley deja de ser una herramienta de organización colectiva y se convierte en un instrumento de control. Las instituciones dejan de ser espacios técnicos y se vuelven extensiones políticas.

El resultado es un Estado que existe en el papel, pero no en la capacidad real de resolver problemas.

Esto tiene consecuencias concretas. Un Estado encogido no puede garantizar seguridad, justicia ni desarrollo sostenido. Puede imponer decisiones, pero no implementarlas correctamente. Puede anunciar políticas, pero no sostenerlas en el tiempo. Puede concentrar autoridad, pero pierde gobernabilidad.

Curiosamente, mientras más se expande el poder, más dependiente se vuelve de la improvisación, de la narrativa y del control político. Sin instituciones sólidas que absorban conflictos, el sistema se vuelve frágil. Y cuando el poder enfrenta una crisis (económica, social o de seguridad) ya no tiene “amortiguadores”. Todo recae en una sola figura, en un solo discurso y en una sola decisión.

La discusión pública suele confundirse, se cree que defender al Estado es defender al gobierno. No es así.

Defender al Estado es defender instituciones que sobrevivan a los gobiernos. Es proteger reglas, capacidades y contrapesos que no dependan de quién esté en el Poder, sino de para qué existe el poder.

Un país con poder concentrado y Estado débil no es más fuerte. Es más vulnerable. Vulnerable a la arbitrariedad, a la ineficacia y al desgaste acelerado. La historia demuestra que los Estados no colapsan cuando pierden autoridad, sino cuando pierden capacidad.

El reto no es reducir el poder, sino ensanchar el Estado. Volverlo técnico, autónomo, profesional y resistente al vaivén político.

Porque cuando el poder crece sin Estado, lo que se gobierna no es una nación, es una coyuntura permanente.

Y las coyunturas, tarde o temprano, se agotan.

Sin Verde y PT no habrá reforma electoral 2026. 

La reforma electoral prevista para 2026 ya comenzó a tomar forma, aunque todavía no exista un documento oficial presentado ante el Congreso. Su redacción está siendo trabajada por una comisión presidencial encabezada por el abogado Pablo Gómez y, como parte del proceso, se realizaron foros de discusión en los 32 estados de la República. Sin embargo, más allá del método, el fondo de la discusión empieza a evidenciar un problema político de origen: la ausencia de un consenso real con todas las fuerzas que integran la mayoría legislativa.

La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum apunta a una reestructuración profunda del sistema electoral bajo cuatro grandes pilares. El primero es la austeridad, con la reducción del costo de las elecciones —consideradas entre las más caras del mundo— y un recorte al financiamiento público de los partidos políticos. El segundo es la renovación de instituciones, que contempla cambios en el Instituto Nacional Electoral y ajustes en los esquemas de fiscalización de los recursos. El tercero es la representación proporcional, donde se discute la posible eliminación o modificación de los legisladores plurinominales. Finalmente, se plantea ligar esta reforma con la eliminación del fuero constitucional para funcionarios públicos.

El debate es legítimo y necesario. No obstante, el problema no está solo en lo que se quiere cambiar, sino en cómo y con quiénes se está construyendo la propuesta. Hasta ahora, ni el Partido Verde Ecologista de México ni el Partido del Trabajo han sido incorporados de manera clara en la redacción y definición del proyecto. Y esto no es un detalle menor.

La aritmética legislativa es contundente. La Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores. Para aprobar una reforma constitucional se requieren 335 votos. Morena cuenta con 253 diputados. Sin el acompañamiento de los 62 legisladores del Verde y de los 49 del PT, simplemente no hay reforma constitucional posible. No es una opinión política; es una realidad numérica.

Más aún, tanto el PVEM como el PT han expresado reservas frente a algunos de los ejes que se han filtrado del proyecto original del Ejecutivo. Ambos partidos se han opuesto a la desaparición o reducción de los legisladores plurinominales y a una disminución drástica del financiamiento público a los partidos, al considerar que estas medidas pueden afectar la pluralidad, la representación de minorías y la equidad en la competencia electoral.

En este contexto, la iniciativa debe ser, ante todo, una reforma consensuada. No solo entre partidos, sino también con la sociedad civil, expertos electorales y autoridades locales. El país no necesita una reforma que divida, sino una que genere confianza. No una reforma para un sexenio, sino para varias generaciones.

El sistema electoral mexicano, con todas sus áreas de oportunidad, ha garantizado alternancias, certeza en los resultados y reconocimiento institucional. Cualquier modificación debe partir de diagnósticos técnicos sólidos y de un diálogo político responsable.

La reforma electoral de 2026 aún está a tiempo de convertirse en ese documento de gran calado que millones de mexicanos esperan. Todo lo que sea para mejorar nuestro sistema político debe ser bienvenido. Pero sin consenso no hay legitimidad. Y sin legitimidad, simplemente, no habrá reforma…

Facebook: Jorge Osnaya Gonzalez

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El IMSS Bienestar fracasa.

Si vives en un estado de la República Mexicana gobernado por Morena, te tengo una muy mala noticia: el sistema público de salud de tu estado, recibirá menos dinero en este 2026, lo que significa que, si requieres servicios de salud, tendrás serias complicaciones.

Ahora, lo que está fracasando es el IMSS Bienestar. ¿Tú sabes cómo funciona? Te lo explico.

La gente que no tiene IMSS o ISSSTE (tradicional), ahora puede ir al sector salud de su estado porque tienen la posibilidad es estar en el llamado “IMSS Bienestar”, que es un programa del gobierno federal de Morena, lo cual, no parece mal.

Sin embargo, el problema es que a través de este programa el gobierno de la República está haciendo lo que tanto le gusta hacer: está quedándose con los recursos de las entidades; los está “huachicoleando”.

México tiene 23 estados gobernados por Morena y a estos, se les redujo su presupuesto 2026 para el IMSS Bienestar en 53%, respecto al dinero que recibieron en 2025.

¿Y por qué les hicieron esto? Bueno, porque el gobierno federal argumenta que ahora son ellos quienes pagan los servicios de salud y los estados solo “prestarán” su infraestructura.

La realidad de las cosas es que este es un saqueo más que está siendo operado por el gobierno de Morena, con la complicidad de sus aliados el PVEM y el PT.

Reflexiona en algo. Si te toca ir al IMSS Bienestar (sector salud estatal), ¿te encuentras con mejores servicios, más medicamentos o te pagan los tratamientos si es que tienes alguna enfermedad cara? Claro que esto no está pasando, porque el gobierno federal está quedándose con el dinero para convertirlo en programas asistencialistas que tienen el objetivo de esclavizar a las personas.

Les dan becas o apoyos a cambio de sus votos, lo cual es una acción mezquina, que no puede ser más indignante.

Y por último, entérate que los estados de la República gobernados por el PAN, PRI o MC que decidieron no firmar el convenio para anexarse al IMSS Bienestar, (por lo tanto, no entregan sus recursos al gobierno federal), este año 2026 tendrán un incremento del 4.2% en su presupuesto para el sector salud estatal.

Permíteme decirlo de manera más simple: Si te gobierna Morena y sus aliados, te quitarán recursos y derechos; si te gobiernan los otros partidos, te podrá ir mejor este año con un sector estatal de salud con más recursos.

Claro, Morena jamás reconocerá estas cifras que da a conocer el propio gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, y no lo hará porque los gobiernos de Morena mienten, roban y traicionan.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / Redes sociales: @ChristiánConAcento

Reforma electoral regresiva.

Si bien aún no existe un documento formal que muestra la reforma electoral que pretende la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sí existe ya una conversación pública que deja ver ideas, filtraciones, mensajes y sugerencias puntales de lo que pretende la presidencia y su partido Morena.

A éstos, les interesa la perpetuidad en el poder y las reglas electorales actuales les estorban. No es que fallen. No, en realidad les estorban porque estas reglas aún mantienen rasgos de democracia electoral que podrían incentivar el día de mañana que la gente salga a las calles o esté en las redes sociales exigiendo un cambio de régimen.

Especialistas -sin militancia en partidos políticos- aseguran que, una reforma, así como la plantean desde el gobierno, sería una regresión a la época del PRI dictatorial.

Lo que se pretende en realidad, es debilitar a las instituciones, tanto a las electorales -por ejemplo el INE-, como a los partidos políticos opositores al régimen actual. No en vano quieren disminuir el número de legisladores plurinominales, disminuir los recursos a los partidos políticos y descafeinar la autonomía del propio INE al que por cierto ya lo tienen prácticamente colonizado con gente de Morena y sus aliados.

La gente opositora al régimen de Morena debe comprender que este puede ser el último llamado a defender la democracia en México. Regresar a los tiempos en los que un partido político y el presidente de la República decidían todo, será suicida.

Debemos recordar que los males de la democracia, se curan con más democracia, y Morena y la presidenta de México son autócratas; y eso no se parece en nada a los demócratas.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / Redes sociales: @ChristiánConAcento

¿COMO NO IRSE?

Hay momentos en la historia de los países en los que la pregunta deja de ser quién gobierna y pasa a ser si todavía existe forma de cambiar al gobierno. Cuando esa frontera se cruza, la democracia no muere de golpe, se vacía. Se convierte en una simulación.

Venezuela no solamente cayó en dictadura con tanques en la calle ni con la cancelación inmediata de elecciones. Cayó con reformas “legales”, con mayorías legislativas disciplinadas, con tribunales alineados y con órganos electorales gradualmente domesticados. El poder no se tomó por asalto, se administró hasta no soltarlo jamás.

Ese es el punto que muchos prefieren no mirar. Las democracias modernas no se destruyen prohibiendo votar, sino neutralizando la posibilidad real de alternancia. Cuando el árbitro deja de ser árbitro, cuando los jueces dejan de ser contrapeso y cuando los órganos autónomos se vuelven extensiones del Ejecutivo, el voto sigue existiendo, pero ya no decide.

En ese contexto surge una pregunta incómoda, cada vez más frecuente entre profesionistas, juventudes, sector empresarial, academia y personas políticas: ¿cómo no irse?


No irse del país, no irse de la vida pública, no irse de la discusión, no irse del compromiso cívico.

Porque irse es la salida fácil.
Irse es comprensible, pero también es costoso.
Cada persona que se retira deja un espacio que el poder ocupa sin resistencia.

México no es Venezuela. Aún no.
Pero las similitudes estructurales existen y negarlas es irresponsable: intentos de captura del sistema electoral, presiones sobre el Poder Judicial, debilitamiento de organismos autónomos y una narrativa persistente que presenta a cualquier contrapeso como enemigo del “pueblo”.

La democracia no se pierde el día que se elimina una institución, sino el día que dejamos de defender su autonomía por cansancio, miedo o conveniencia, y cuando eso ocurre, ya no hay rutas legales claras para corregir el rumbo, solo queda administrar la resignación.

Por eso la pregunta correcta no es si el país “aguanta”.
La pregunta es quién está dispuesto a no irse cuando defender la democracia deja de ser cómodo.

No irse significa incomodar.
No irse significa documentar, señalar, organizar, litigar y participar.
No irse significa entender que la democracia no es un regalo permanente, sino un equilibrio frágil que requiere ciudadanía activa, no espectadores indignados.

Las dictaduras no se consolidan solo por la ambición de quienes gobiernan, sino por el retiro silencioso de quienes podrían haber puesto límites.

Y cuando el día llega en que ya no hay cómo sacarlos del poder, siempre hay una frase que se repite tarde:
“No creímos que fuera a pasar.”

La historia demuestra que sí pasa.
La pregunta es si esta vez estaremos dispuestos a no irnos antes.

Gracias amable lector por leer otro año el análisis, propuesta, crítica y visión de este analista, México es tarea de todas y todos.

“México en la mira de los E.U.”

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump lo sentenció la semana anterior: harán incursiones por tierra, para “atacar” a cárteles del narco, ya que son estos “los que mantienen el control de México. Esto lo dijo al mismo tiempo que calificó como “triste” lo que pasa en nuestro país.

A pesar de esto, también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha repetido que “la soberanía” de México no se negocia y le ha cerrado la puerta a una posible acción norteamericana.

¿Estados Unidos debería ingresar a suelo mexicano independientemente de lo que diga la presidenta Sheinbaum? Esta es una pregunta que muchos se hacen y las respuestas se dividen entre quienes no lo aceptan y quienes lo justifican ante la ineficacia del gobierno federal en el combate a grupos de criminales.

A mí me parece que antes de todo lo anterior, habría que respondernos a unas preguntas más: ¿por qué Donald Trump tiene en la mira a México?, ¿por qué habla de ingresar a suelo mexicano para atacar a grupos del narco? Y, ¿por qué la presidenta de México se niega?

Desde mi óptica, la presidenta de México y la coalición gobernante (Morena-PT-PVEM) han fallado en algo que le disgusta al gobierno de los Estados Unidos de América: el gobierno federal de Morena no hace nada para poner tras las rejas a las y los políticos ligados a los grupos criminales que se han visto beneficiados de éstos para llegar al poder y conservarlo.

Pero, además, el gobierno federal de Morena está apoyándose en estas estructuras criminales para impulsar perfiles políticos y financiar campañas de Morena y sus aliados para 2027.

Aquí está la exigencia mayor del gobierno de Donald Trump, y también es aquí en donde Claudia Sheinbaum se apertrecha, porque sabe que si empiezan a caer personajes como Andrés Manuel López Obrador, o sus hijos, o el senador Adán Augusto -entre un largo etcétera-, los gobiernos de Morena y sus aliados comenzarán a caer ante lo difícil que les resultará negar las evidencias de sus ligas con estructuras criminales y de corrupción.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / Redes sociales: @ChristiánConAcento

“La caída del populismo”.

En los años 90 del siglo pasado, Venezuela todavía gozaba de una democracia liberal vigorosa; no perfecta, pero sí con niveles importantes de desarrollo económico, social y político.

Sin embargo, con la llegada del dictador y populista Hugo Chávez y después con la imposición por años del dictador y populista Nicolás Maduro, la democracia terminó en ese país y su gente sufrió como pocas naciones. Hiperinflación, cancelación de libertades, hambre, captura de medios de comunicación y estatización de empresas privadas, todo esto azotó a Venezuela por casi tres décadas.

Este tipo de atrocidades suelen cometerlas los gobernantes tiranos y populistas que, una vez que llegan al poder, se convierten en dictadores para conservar los privilegios que les trae el poder político. O también se observa en gobernantes populistas y autócratas como lo han sido Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, que usan las leyes formales en contra de las libertades y desfondan la democracia liberal con la idea de perpetrarse en el poder, fortaleciendo su régimen con fondos de grupos criminales.

Con la caída del “presidente” venezolano Nicolás Maduro, en el mundo debe renacer la esperanza porque hoy se sabe que los narcogobiernos sí caen.

Las “formas” pueden ser criticadas por muchos, eso es normal, pero el origen de estos gobiernos tiranos, de imposición, populismo y antidemocráticos es lo que debe considerarse. Estos gobernantes populistas y dictadores así llegaron al poder, torciendo las leyes, asesinando, encarcelando a sus adversarios políticos, pero solo las personas que quieren ser “políticamente correctas” no lo reconocerán, porque a ellos les interesa pasar por “equilibrados” con sus discursos, pero en privado levantarán el puño de la victoria.

A las cosas hay que llamarlas por su nombre: En la elección presidencial de 2024, Nicolás Maduro se robó la elección. Le ganaron y él decidió arrebatar el poder y a pesar de esto, presidentes y presidentas como Claudia Sheinbaum decidieron validar esas acciones ilegales y antidemocráticas. En el fondo, narco-régimen de Venezuela y el de México son lo mismo.

Ya le llegó su hora al dictador Nicolás Maduro, y lo que sigue es garantizar que el pueblo venezolano pueda transitar hacia una democracia propia -no impuesta- y efectiva, sostenible en el tiempo y generadora de desarrollo económico, político y social. Venezuela renacerá de entre la misera y es momento de que los populistas entiendan que “podrán engañar durante un tiempo a una parte del pueblo, pero no podrán engañar a todo el pueblo, todo el tiempo”.

Después de Venezuela, podría seguir Colombia, Cuba, México y Nicaragua.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / Redes sociales: @ChristiánConAcento

Una nueva ruta hídrica: derechos, justicia y futuro para el país

El Congreso de la Unión aprobó finalmente la nueva Ley General de Aguas y la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, una transformación que marca un antes y un después en la política hídrica de México. Tras décadas de rezago, improvisación y vacíos legales, el país cuenta hoy con un marco jurídico moderno, socialmente construido y orientado al derecho humano al agua.

La aprobación no fue producto de una decisión unilateral. Fue el resultado de un proceso donde confluyeron voces de productores, comunidades, pueblos indígenas, especialistas, ambientalistas, empresariado y dependencias gubernamentales. Más de 124 artículos fueron revisados, corregidos y ajustados con rigor técnico y sensibilidad social. 

Es, en todos los sentidos, una ley nacida del diálogo y la escucha.

El agua como derecho, no como privilegio

La nueva legislación por fin da contenido real al derecho humano al agua y al saneamiento. Todas las autoridades están obligadas a respetarlo, protegerlo y garantizarlo. Este derecho se estructura en seis elementos: acceso, calidad, disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y continuidad. 

Además, incorpora principios como progresividad, no regresividad, participación social y equidad intergeneracional. En síntesis: la política hídrica deja de ser reactiva y se convierte en un mandato constitucional operativo.

Participación social y reconocimiento a los sistemas comunitarios

Por primera vez, México reconoce formalmente los sistemas comunitarios de agua, muchos de ellos administrados por pueblos indígenas y comunidades rurales, como actores legítimos de la gestión hídrica. 

Estos sistemas serán integrados a la planeación nacional sin perder autonomía ni identidad.

Los Consejos de Cuenca se fortalecen como espacios de decisión y consenso, con representación de usuarios, gobiernos estatales y municipales, academia y organizaciones de la sociedad. La participación deja de ser decorativa y se convierte en un componente estructural de la gobernanza del agua.

Una visión de largo plazo

La aprobación introduce una Estrategia Nacional Hídrica con horizontes de 10, 20, 40 y hasta 60 años. 

Por primera vez, México contará con planeación hídrica multigeneracional, basada en diagnósticos reales, escenarios de estrés hídrico, tendencias de uso y vulnerabilidad climática.

Esta visión técnica y estratégica rompe con décadas de improvisación y permite coordinar políticas públicas federales, estatales y municipales con una sola ruta nacional.

Beneficios directos para el campo y las comunidades rurales

La reforma aprobada ofrece certezas al sector agropecuario, que históricamente había exigido reglas claras y protección frente a cambios discrecionales.

Entre los avances más relevantes destacan:

  • La creación del uso agropecuario familiar, que protege actividades de subsistencia. 
  • La garantía de que la combinación de usos agrícola y pecuario no implica cambio de uso.
  • La eliminación de la reducción de volúmenes derivados de eficiencia: quien modernice su riego conservará su agua.
  • El impulso a la captación de agua pluvial para uso doméstico y productivo familiar.

Estas medidas atienden temores legítimos y fortalecen la seguridad hídrica de miles de familias del campo.

Transparencia, orden y fin del mercado negro del agua

Uno de los puntos más celebrados es la eliminación del mercado del agua, prohibiendo la venta o transmisión especulativa de concesiones entre particulares. 

La nueva legislación cierra grietas legales que durante años permitieron corrupción, acaparamiento y abusos.

A esto se suma:

  • El nuevo Registro Nacional del Agua, una plataforma digital, pública y transparente.
  • La reincorporación del Órgano Interno de Control en CONAGUA, para vigilar la legalidad, prevenir corrupción y asegurar rendición de cuentas. 
  • La eliminación de la negativa ficta, que durante años dejó a usuarios sin respuesta ni certeza jurídica.

México pasa de un sistema hídrico opaco a uno de transparencia obligatoria.

Un fondo de reserva para el futuro

La creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales permitirá recuperar volúmenes no usados o caducos para reasignarlos donde más se necesiten. 

Los volúmenes integrados al fondo no contabilizarán como disponibilidad, protegiendo reservas estratégicas.

Esto es clave frente al cambio climático, la sequía y la sobreexplotación de acuíferos.

Un régimen de sanciones justo y proporcional

La nueva ley endurece sanciones contra quienes contaminan o roban agua, pero mantiene un enfoque social:

  • Se gradúan penas según el volumen sustraído.
  • Se exceptúan actividades domésticas y agropecuarias familiares para evitar criminalización. 
  • Se refuerza la responsabilidad penal y administrativa de funcionarios públicos.

El mensaje es claro: tolerancia cero a la corrupción y al abuso, sensibilidad total hacia las comunidades.

Una reforma con sentido social y visión de futuro

La aprobación de esta reforma representa un logro político y social de gran calado. Significa pasar del rezago a la planeación, de la opacidad a la transparencia, del desorden a la gobernanza, del privilegio al derecho.

México necesitaba esta legislación, hoy, por fin, la tiene, y con ella, el país inicia una nueva ruta hídrica donde la justicia social, la sostenibilidad y los derechos humanos dejan de ser aspiraciones y se convierten en mandato legal.

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