• Diputada local es anfitriona de la periodista y feminista española Nuria Varela, quien presentó ponencia respecto a la igualdad de género

• Los espacios en participación política no son una concesión, son derechos

Morelia, Michoacán, a 05 de marzo de 2026.-El “tsunami feminista” llegó para quedarse y para trascender fronteras, para abrir caminos y derribar muros, subrayó la diputada local Brissa Arroyo, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura.

Lo anterior en el marco de la ponencia “Construyendo igualdad para las mujeres de Michoacán”, que fue impartida por la periodista y experta en políticas públicas y violencia por razón de género, Nuria Varela, en la sede del Congreso Local como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo.

Brissa Arroyo ponderó que hablar de feminismo no es entrar en un debate de mujeres contra los hombres, por el contrario, es hablar de justicia social, de fortalecimiento de la democracia y del respeto a los derechos humanos.

Resaltó que los espacios que hoy ocupan las mujeres en la vida política y pública no son concesiones, son un derecho que hoy ejercemos resultado de un activismo de muchos años. “Hoy no son temas de cuotas, se acabó el tema de cuotas y de cuates, hoy tenemos que ejercer nuestros derechos”, dijo.

La Congresista local enfatizó que cada mujer tiene su propia historia, cada quien sabe los muros que ha derrumbado y los obstáculos que ha saltado, sin embargo, hoy es momento de reconocernos todas, reconocernos en una misma, seguir construyendo juntas y enarbolar estas banderas que nos plantea el feminismo.

Al dictar la Conferencia “Construyendo igualdad para las mujeres de Michoacán” , Nuria Varela pormenorizó las acciones y políticas de igualdad que se han emprendido desde 1945 hasta la fecha, y enumeró los avances que se han obtenido.

Expuso que las políticas de igualdad diagnostican y abordan causas estructurales de la desigualdad sexual y generan los cambios.
Varela hizo énfasis en la necesidad de impulsar un cambio cultural en las instituciones, a la vez de cuestionar las actuales políticas de igualdad para conocer los avances pero también que nos permita dar respuesta a los desafíos.

Nuria Varela es experta en políticas públicas y violencia por razón de género, es autora de numerosos ensayos y publicaciones como: El síndrome Borgen, por qué las mujeres abandonan la política, Íbamos a ser reinas, Feminismo para principiantes, entre otros.

Durante este encuentro, se contó con la presencia del diputado local Baltazar Gaona, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, diputados y diputadas locales, activistas, feministas, lideresas y académicas.

•⁠ ⁠La representante de la bancada del PVEM presentó una iniciativa para incorporar en el Código Penal estatal esta figura que sancionará la destrucción de ecosistemas completos

Morelia, Michoacán, a 05 de marzo de 2026.– En respuesta a la creciente devastación de los recursos naturales en la entidad, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para tipificar el «ecocidio» como delito autónomo en el Código Penal del Estado de Michoacán, con penas de 10 a 20 años de prisión para quienes destruyan ecosistemas completos o provoquen daños irreparables al medio ambiente.

Durante su exposición ante el Pleno, la legisladora advirtió que Michoacán enfrenta una crisis ambiental por la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales provocados y la presión sobre los recursos hídricos.

«Cuando un ecosistema se pierde, se pierde también la captación de agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad y las bases para el desarrollo digno de nuestras comunidades. Una hectárea devastada puede tardar hasta 20 años en recuperar sus funciones ecológicas y medio siglo en recuperar su biodiversidad original», explicó.

Arreola Ruiz señaló que, si bien el marco penal actual sanciona los delitos ambientales con penas de 5 a 12 años de prisión, estas resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. «No es lo mismo un daño ambiental puntual que la devastación masiva y prolongada de un ecosistema completo. Tratar realidades tan distintas bajo el mismo rango de sanción genera una desproporción que debilita la eficacia del derecho penal ambiental», afirmó.

La iniciativa define como ecocidio las siguientes conductas que provoquen la destrucción o pérdida total de un ecosistema de al menos 10 hectáreas, que causen un daño irreparable en esa misma dimensión y aquellas que generen una afectación cuyos impactos se prolonguen por al menos 4 meses.

Para estos casos se impondrán penas de 10 a 20 años de prisión y multas proporcionales al daño causado. La propuesta incluye además una agravante cuando el ecocidio ocurra en Áreas Naturales Protegidas o Zonas de Recarga Hídrica, por tratarse de «espacios estratégicos para la vida y la seguridad ambiental de nuestro estado».

La diputada ecologista enfatizó que esta propuesta no busca criminalizar el desarrollo ni obstaculizar las actividades productivas lícitas que caracterizan a Michoacán, sino establecer límites claros y dotar a las autoridades de mejores herramientas para castigar a quienes cometen este delito grave.

«Tipificar el ecocidio es un acto de justicia ambiental, pero también es un acto de amor por nuestra tierra. Hoy tenemos una responsabilidad con todos los michoacanos y con las futuras generaciones. Pongámonos a la altura del futuro que Michoacán merece», concluyó.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

Morelia, Michoacán, a 05 de marzo del 2026.- En el marco de la conmemoración del Día de la Familia, el diputado local Iván Vera presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, con el objetivo de fortalecer la integración familiar desde los municipios y consolidar políticas públicas orientadas al bienestar de las familias.

El legislador destacó que la familia representa el núcleo fundamental de la sociedad, donde se forman los valores, la identidad y la conciencia social de las personas, por lo que fortalecerla desde las instituciones públicas es clave para la reconstrucción del tejido social.

“Una sociedad fuerte comienza con familias fuertes. Cuando promovemos valores, convivencia y responsabilidad familiar, estamos sembrando las bases para un mejor futuro para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó.

Creación de Comisión de Cuidado e Integración Familiar

La iniciativa propone fortalecer las atribuciones de los ayuntamientos mediante la creación de una Comisión de Cuidado e Integración Familiar dentro de los cabildos municipales, integrada de manera plural por mujeres y hombres, con la finalidad de diseñar e impulsar acciones orientadas a fortalecer la convivencia y el desarrollo de las familias.

Entre las atribuciones que se plantean destacan:
• Promover la planeación del desarrollo municipal con enfoque en el fortalecimiento del núcleo familiar.
• Impulsar programas y acciones que fomenten la integración y convivencia familiar.
• Promover valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, la armonía social y la cultura de paz.
• Implementar programas de educación parental como “Escuela para Padres”.
• Coordinar esfuerzos con los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia.

Fortalecer a la familia para prevenir problemáticas sociales

El diputado señaló que una familia integrada y funcional contribuye a prevenir problemáticas sociales como la violencia, las adicciones y las conductas delictivas, por lo que legislar en esta materia permite que el Estado pase de una política reactiva a una estrategia preventiva basada en el fortalecimiento del entorno familiar.

Asimismo, subrayó que fortalecer a la familia desde la legislación significa garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno de valores, respeto y estabilidad, lo que contribuye a formar ciudadanos comprometidos con el bien común.

Finalmente, Iván Vera afirmó que el compromiso de la sociedad y del gobierno debe enfocarse en preparar a las nuevas generaciones no solo en el ámbito educativo, sino también en la formación de valores, hábitos positivos, cultura y deporte, elementos esenciales para construir comunidades más fuertes y solidarias.

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 167 del Código Electoral de Michoacán, con el objetivo de prohibir la contratación de propaganda electoral por parte de terceros y garantizar condiciones de equidad en las contiendas.

En la iniciativa que fue acompañada por el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, la legisladora planteó que la propuesta busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten que personas físicas o morales financien campañas paralelas a favor o en contra de candidaturas, particularmente a través de medios digitales.

La iniciativa establece una prohibición expresa para que cualquier tercero contrate propaganda electoral en medios impresos, redes sociales, plataformas digitales, páginas web, aplicaciones móviles o mediante creadores de contenido e “influencers”.

En su exposición, Eréndira Isauro Hernández subrayó que la democracia debe sostenerse en la equidad, evitando que el poder económico distorsione la competencia electoral mediante la inyección de recursos no fiscalizados.

Asimismo, advirtió que este tipo de prácticas genera opacidad en el origen del dinero, lo que abre la posibilidad de financiamiento ilícito o la intervención de intereses ajenos al proceso democrático.

La propuesta también contempla que, en caso de que un partido político, precandidato o candidato tenga conocimiento de la contratación de propaganda por parte de terceros y no se deslinde oportunamente, el gasto será sumado a sus topes de campaña, además de las sanciones correspondientes.

La diputada impulsora destacó que, aunque la ley ya regula la propaganda en radio y televisión, existe una brecha importante en el ámbito digital, donde actualmente no hay una restricción clara para este tipo de contrataciones.

Finalmente, la iniciativa establece que el Instituto Electoral de Michoacán deberá emitir lineamientos para identificar, monitorear y sancionar estas prácticas en un plazo no mayor a 90 días tras la entrada en vigor del decreto.