Rosario Robles Berlanga retó hoy al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador a investigarla, pues aseveró que está “muy tranquila de que va a llegar un nuevo gobierno y que vamos a ver que el nombre de Rosario Robles no tiene por qué estar involucrado en asuntos que son mala información hacia mi persona”.
La funcionaria aseguró que “en cuatro años nadie, absolutamente nadie, ha sacado una cuenta, una casa, una propiedad que diga ‘Rosario Robles’ más allá de lo que tengo desde antes de entrar en el gobierno”, pero no descartó que un integrante de su equipo pudo participar en el mal uso de recursos públicos.
En conferencia de prensa, Apro le preguntó por qué mantuvo su mismo equipo de trabajo si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó esquemas fraudulentos en sus gestiones durante cuatro años seguidos desde febrero de 2015, que ahora se conocen como la Estafa Maestra.
“Ese el punto de vista de usted. Yo me remito a lo que la ASF ha señalado, a lo que se ha publicado (…) Insisto: los servicios se entregaron. Si hay personas que hayan incurrido en alguna irregularidad, que se castiguen, con nombre y apellido, a la gente que ha sido denunciada ante la PGR. Por cierto, yo no estoy en ninguna denuncia, y sin embargo mi nombre aparece porque es el que vende…”.
-Usted es titular de la Secretaría, se le dijo.
“Yo soy la titular, soy la responsable de las políticas públicas de la Secretaría, pero por esto hay ejecutores de gasto en cada una de las áreas, y hay responsables con nombres y apellidos”, abundó.
“Lo que no se puede permitir, es que se difame el nombre de las personas. Esto, creo que nadie estaría en desacuerdo: Tenemos todos que ser respetuosos de la ley”, aseveró.
También apeló a su “derecho humano a la presunción de inocencia” y reiteró que los medios mencionan su nombre “para vender”.
“Tengo una familia, y no puedo permitir que se manche mi nombre sin ni una sola prueba. No hay una sola prueba. Una sola, que diga que Rosario Robles desvió un peso de este gobierno y que acredite esta situación. Pongo un ‘hasta aquí’, un ‘basta’ a todo ese asunto”, declaró.
Visiblemente nerviosa, Robles Berlanga respondía a un nuevo capítulo sobre las supuestas malversaciones de dinero operadas durante sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu): hoy, el periódico Reforma documentó que 700 millones de pesos provenientes de convenios entre estas dependencias y entes públicos estatales fueron canalizados en efectivo a diez domicilios entre 2015 y 2017.
Ello forma parte de los esquemas fraudulentos que ASF detectó en la Sedesol y la Sedatu en los últimos cuatro años, y en los que supuestamente desaparecieron más de 5 mil 251 millones de pesos.
A raíz de la publicación del reportaje, las bancadas de Morena en las cámaras legislativas exigieron que se investigue a Robles Berlanga por los desvíos operados en sus secretarías.
“Entiendo que han dicho que el presidente electo no me perdonará. Yo no pido el perdón de nadie. No tengo absolutamente nada que temer, ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras”, aseveró la funcionaria.
Entre sus argumentos, Robles Berlanga aseveró que “seguimos hablando de auditorías que han pasado, que han ya sido superadas”. Sin embargo, se le recordó que la ASF interpuso 27 denuncias ante la PGR derivadas de las observaciones que hizo a la Sedesol en 2013. Es decir, que el órgano fiscalizador estimó que existían evidencias suficientes para constituir un delito, y que la Sedesol no pudo demostrar lo contrario.
Las ocho cajas
En un principio, el equipo de comunicación de la Sedatu había convocado la prensa a las 12 del día en unas oficinas que la dependencia renta en la lujosa calle Presidente Masaryk, en Polanco, para presentarle los éxitos del fondo minero, con el director de la Cámara Minera de México (Camimex) como invitado especial.
Sin embargo, la publicación del reportaje de Reforma cambió los planes: la conferencia empezó con más de una hora de retraso, y después de terminar rápidamente el asunto del fondo minero, Robles Berlanga regresó a la sala con Gustavo Rodríguez González, su director general de comunicación social.
El retraso se debió a que, de emergencia, los funcionarios de la Sedatu fueron a buscar cajas de documentos. Según Robles Berlanga, en estas cajas cabía la evidencia de que los entes públicos estatales realizaron los servicios por los que la Sedesol y la Sedatu pagaron cientos de millones de pesos, y que la ASF tachó año tras año como esquemas de “simulación de servicios”.
Después de plantear, con cierto nerviosismo, que ella no había desviado un peso de las secretarías y denunciar una “difamación” en su contra, Robles Berlanga dio la señal para que tres funcionarios exhibieran en la mesa –y frente a las cámaras– ocho carpetas de las que desbordaban hojas. Uno de los funcionarios rompió la solemnidad del momento cuando dejó caer a una de las carpetas.
“Aquí están los entregables, uno por uno. Son ocho cajas. Ocho terabytes de información. Aquí están estas pruebas. Aquí se quedan, revísenlas, bájenlas”, alentó la secretaria.
Al terminar la conferencia, Apro hojeó una de las carpetas, a pesar de que el personal de comunicación social se mostró reticente. En ella había una presentación institucional voluminosa –de decenas de hojas– de la Sedesol, llamada Política Social del Estado Mexicano y, supuestamente, realizada por Radio y Televisión de Hidalgo.
El reportero pudo ver que este documento se encontraba impreso por lo menos dos veces en el archivador, en el que ocupaba un espacio importante. En menos de un par de minutos, el personal de comunicación retiró las carpetas.
