SIN TEMOR A DIOS.

En los últimos seis años, la violencia contra miembros de la iglesia en México ha alcanzado niveles alarmantes, exponiendo una realidad oscura y peligrosa para quienes dedican su vida al servicio religioso. Según datos de la Iglesia Católica, nueve religiosos han sido asesinados en el último sexenio, un promedio de casi dos por año. Esta cifra posiciona a México como uno de los lugares más peligrosos de America Latina para ejercer sacerdocio.

Los ataques contra sacerdotes y religiosos no son meros actos de violencia individual, sino ataques contra la comunidad y la sociedad en su conjunto. Los religiosos desempeñan un papel crucial en la defensa de los Derechos Humanos, ofreciendo asistencia social y pomoviendo la paz en comunidades a menudo olvidadas por el Estado. Su asesinato deja un vacío devastadoe y siembra temor entre quienes buscan apoyo espiritual y moral ante la falta de estrategias y prevención por parte del Estado.

El contexto de esta violencia es un reflejo de la inseguridad generalizada en México. La impunidad y la debilidad del sistema judicial perpetúan un ciclo de violencia donde los respponsables rara vez enfrentan consecuencias. Esto es particularmente alarmante en un país donde, según las estadísticas, la impunidad en casos de homicidio supera el 90%. Las autoridades eclesiásticas han denunciado repetidamente la falta de protecciónpara los líderes religiosos, subrayando la necesidad de políticas más efectivas.

La lucha de poder entre el crimen organizado y las fuerzas del orden es otro factor que agrava la situación. Los sacerdotes y religiosos que denuncian la delincuencia y la corrupción se convierten en objetivos, reflejando la falta de control del Estado sobre el crimen organizado. En estados como Guerrero y Michoacán, donde la presencia del narcotráfico es fuerte, los líderes religiosos que se pronuncian en contra de estas actividades ilegales ponen en riesgo sus vidas.

En el ámbito de la seguridad, es crucial una estrategia integral que incluya la protección de los derechos humanos y la implementación de medidas preventivas. La creación de protocolos específicos para proteger a los religiosos y garantizar su seguridad es esencial. Además, la colaboración entre las autoridades civiles y ecleseásticas puede ofrecer una respuesta más coordinada y efectiva.

La violencia ya tambien contra los religiosos en México destaca los desafíos más amplios de seguridad que enfrenta el país. Proteger a los líderes religiosos no es solo una cuestión de justicia, sino una parte esencial para la construcción de una sociedad más segura y pacífica. La implementación de estrategia efectiva y la colaboración con el gobierno federal son cruciales para enfrentar estos desafíos y garantizar un verdadero estado de derecho en México.

Los mismos retos, SEGURIDAD PRESIDENTA

El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México, marcando un hito histórico al convertirse en la primera mujer en ocupar este cargo. Sin embargo, su llegada al poder no está exenta de desafíos, especialmente en el ámbito de la seguridad, un tema que ha sido una constante preocupación para México.

Uno de los principales retos que enfrentará Claudia es la lucha contra el c.o. México ha sido testigo de una escalada de violencia en los últimos años, con Cárteles Mundialmente poderosos, dominando vastas regiones del país. La nueva Presidenta deberá implementar estrategias ahora si efectivas para desmantelar estas organizaciones y reducir los altos índices de violencia que han plagado al país estos últimos 6años.

La estrategia de seguridad de Claudia se centrará en una combinación de tácticas militares y de inteligencia. A pesar de las críticas, la militarización de la seguridad pública continuará, con la Guardia Nacional bajo control militar. Sin embargo, ha prometido elevar la cirugía investigativa y de inteligencia a política de Estado, buscando soluciones más allá de la mera contención. Esto incluye una mayor colaboración con las fuerzas de seguridad estadounidenses (ahora sí) para realizar intervenciones específicas antes de que las batallas entre cárteles se salgan de control.

Otro desafío significativo es la violencia en regiones específicas como Guanajuato, Guerrero, Zacatecas, Sinaloa y Michoacán, donde los homicidios y la extorsión son rampantes. La presidenta deberá abordar estas crisis regionales con un enfoque integral que combine el despliegue de tropas con iniciativas de desarrollo social y económico para atacar las raíces de la violencia.

Claudia deberá enfrentar la tarea de restaurar la confianza pública en las instituciones de seguridad. La corrupción, impunidad y falta de transparencia han erosionado la credibilidad de las fuerzas del orden, y será crucial implementar reformas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.

Tras la designación de Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, conocido por su trabajo en la Ciudad de México, pero aún más conocido por ser particular, hijo de y nieto de, se espera se cuente con estrategias de acción, liderazgo y medición, esperemos sin causar daños a la ciudadanía; el grave problema para Omar será transitar los pactos pasados o ratificados del sexenio Obrador, que por cierto nunca le tuvo afecto.

Claudia tiene ante sí un panorama complejo y desafiante en materia de seguridad y seguridad para las mujeres. Su congruencia de Gobierno dependerá de su capacidad para equilibrar la mano dura contra el C.O con estrategias que aborden las causas subyacentes de la violencia. La Nación observa con esperanza y expectación cómo la nueva Presidenta enfrentará estos retos monumentales. Tienen 6 años al frente, con Cámaras, presupuesto y Gobernadores, les quedan otros 6, no hay excusas.

 ¿Segundo piso o segundo sótano? Deuda.

El crecimiento económico y la gestión de la deuda pública son indicadores cruciales del desempeño de un gobierno. En México, estos indicadores han variado significativamente a lo largo de los diferentes sexenios presidenciales.

Con Carlos Salinas México se caracterizó por la implementación de políticas abiertas al mundo, el fortalecimiento de empresas y la firma del TLCAN. Generando controversias y hasta la fecha críticas, México  experimentó un crecimiento económico promedio anual del 3.9%.

El sexenio de Ernesto Zedillo comenzó con el “error de diciembre” crisis economica de 1994, aún y con las severas criticas de futuras fuerzas políticas, Zedillo logró estabilizar la economía y alcanzar un crecimiento promedio anual del 3.5%, sin generar desestabilidad política e institucional, apenas dejandp una deuda pública de 1.70 billones de pesos.

Con Vicente Fox, México registró un crecimiento económico promedio anual del 2.3%. Aunque Fox impulsó reformas democráticas y de transparencia, su administración enfrentó desafíos económicos globales que lligeramente limitaron el crecimiento. La deuda pública cerró en 2.00 billones de pesos.

Mientas que en los años de Claderón se marcaba una crisis mundial en el 2008, el Gobierno logró generar políticas de estímulo económico y fortaleció la infraestructura, aunque la violencia relacionada con el narcotráfico afectó la percepción de estabilidad. A pesar de este contexto adverso, México logró un crecimiento promedio anual del 1.8% con un aumento significativo de la deuda a 6.00 billones de pesos.

Durante el mandato del PRI con Peña, México experimentó un crecimiento económico anual del 2.5%. Las reformas estructurales en sectores como hacienda, energía y telecomunicaciones fueron destacadas mundialmente, dejando apenas una deuda de 8.33 billones.

Con el actual presidente Obrador, su administración ha registrado un crecimiento económico anual de apenas 0.1%, una cifra alarmantemente baja que refleja una economía estancada. Sus obras fraonicas inconclusas y  los programas sociales han sido ejes centrales en el derroche de su gobierno. Además, la deuda pública, hasta su cierre de sexenio, se sitúa en 15.1billones de pesos, lo que representaría un incremento seis años del  59.2 %.

La falta de crecimiento económico y la continua dependencia de programas sociales sin un aumento significativo en la inversión productiva debería plantear serias dudas sobre la continuidad de sus políticas.

Desde políticas internas hasta crisis globales, cada administración ha enfrentado desafíos únicos que han moldeado el panorama económico del país.

Si se quiere que México retome las confianzas sociales, económicas y políticas del mundo (pero del mundo que apuesta al desarrollo), se debe de retomar la seriedad para ejercer la funcion publica y la silla Presidencia, será fundamental que las futuras políticas se enfoquen en la sostenibilidad y la equidad para asegurar un crecimiento inclusivo y duradero, manejando una deuda pública de manera responsable. Las venganzas y caprichos Presidenciales, a todos nos cuestan.

“Rumbo al Populismo Judicial.”

La reciente propuesta de reforma judicial impulsada por el partido Morena ha generado un intenso debate en México. Esta reforma, que modifica 18 artículos de la Constitución, busca, entre otros cambios, la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Aunque sus defensores argumentan que promoverá una mayor transparencia y rendición de cuentas, existen demasiados riesgos potenciales que podrían afectar negativamente al sistema judicial mexicano.

 

Uno de los riesgos más significativos es la politización del Poder Judicial. La elección directa de jueces y magistrados convertiría estos procesos en campañas políticas, donde los candidatos necesitarían apoyo partidista y financiamiento (no siempre institucionalizado), comprometiendo así su independencia. La influencia de partidos políticos en la selección de jueces podría llevar a decisiones judiciales sesgadas y a una justicia menos imparcial.

La reforma también generaría inestabilidad institucional. Los cambios propuestos implican una reestructuración significativa del sistema judicial, lo que resultaría en una transición caótica y en la pérdida de continuidad en la administración de justicia. La implementación de nuevas normas y procedimientos podría enfrentar dificultades prácticas, afectando la eficiencia del sistema judicial.

La elección directa de jueces y magistrados podría aumentar el riesgo de corrupción. Los candidatos podrían verse tentados a recurrir a prácticas corruptas para asegurar su elección, comprometiendo así la integridad del sistema judicial. Además, la necesidad de financiamiento para campañas electorales podría abrir la puerta a la influencia indebida de intereses privados en el proceso judicial.

Otro riesgo es la posible desigualdad en el acceso a la justicia. La reforma podría favorecer a candidatos con mayores recursos y conexiones políticas, dejando en desventaja a aquellos con menos medios. Esto podría resultar en un sistema judicial menos equitativo, donde el acceso a la justicia depende de la capacidad económica y las relaciones políticas de los individuos.

Finalmente, la reforma podría afectar la calidad de la justicia. La elección directa de jueces y magistrados podría priorizar la popularidad sobre la competencia y la experiencia, resultando en la selección de candidatos menos calificados. Esto podría llevar a decisiones judiciales de menor calidad y a una administración de justicia menos efectiva.

La reforma judicial de Morena presenta varios riesgos que podrían comprometer la independencia, estabilidad y calidad del sistema judicial mexicano. Es crucial que estos riesgos sean cuidadosamente considerados y abordados para asegurar que cualquier cambio en el sistema judicial promueva una justicia imparcial, eficiente y accesible para toda la ciudadanía.

¿O a caso les gustaría tener a un futbolista, stripper o ex convicto como Ministro? Ojalá este intento de reforma no les falle, antecedentes existen, preguntenle a la mega farmacia, al INSABI o al Gas Bienestar …

AMICUS CURIAE, el último amigo de la sociedad.

El 26 de agosto, la sociedad civil mexicana dará un paso significativo en la defensa de la democracia al presentar un amicus curiae ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este recurso, conocido como «amigo de la corte», permite a personas y organizaciones ajenas a un litigio ofrecer argumentos y opiniones jurídicas que puedan influir en la resolución de un caso. En esta ocasión, el amicus curiae busca combatir la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un tema que ha generado gran controversia en el país.

La iniciativa, respaldada por el movimiento Unid@s, Sociedad Civil Mx y diversas organizaciones de la sociedad civil, subraya la importancia de evitar que cualquier fuerza política logre una mayoría de dos terceras partes en el Congreso. Este control absoluto podría permitir cambios unilaterales a la Constitución, lo que va en contra de los principios de pluralidad y representatividad que la Constitución Mexicana garantiza.

El amicus curiae presentado por la sociedad civil destaca siete puntos clave que serán fundamentales en el debate ante el TEPJF. Entre ellos, se encuentra la necesidad de una interpretación Constitucional que considere los límites de sobrerrepresentación aplicables a todas las fuerzas políticas, incluidas las coaliciones. Además, se enfatiza la importancia de prevenir mayorías absolutas que puedan distorsionar la voluntad popular y subrepresentar a millones de ciudadanos.

La sobrerrepresentación legislativa no solo afecta la correlación entre votos y curules, sino que también pone en riesgo la protección de las minorías. La Constitución establece que se requieren dos terceras partes para su modificación, asegurando así que se tomen en cuenta las voces de las minorías. Este amicus curiae busca defender estos principios fundamentales y garantizar una representación proporcional que refleje mejor la voluntad ciudadana.

La presentación de este mecanismo es un ejemplo claro de cómo la sociedad civil puede influir en el debate judicial y fortalecer la democracia. Al proporcionar argumentos técnicos y jurídicos, estas organizaciones buscan alertar sobre los posibles efectos de una decisión y contribuir a una resolución más justa y equitativa. En un contexto donde la transparencia y la participación ciudadana son esenciales, este recurso legal se convierte en una herramienta poderosa para proteger los derechos fundamentales y promover un sistema electoral más justo.

En conclusión, el amicus curiae que presentará la sociedad civil encabezada por juventudes ante el TEPJF es una muestra de la vitalidad y el compromiso de la ciudadanía en la defensa de su democracia. Este recurso no solo busca corregir las distorsiones en la representación legislativa, sino también asegurar que la voz de toda la ciudadanía sea escuchada y respetada. En tiempos de incertidumbre política, la participación activa de la sociedad civil es más crucial que nunca para mantener los principios democráticos y garantizar un futuro más justo para todos.

AMICUS CURIAE, el último amigo de la sociedad.

El 26 de agosto, la sociedad civil mexicana dará un paso significativo en la defensa de la democracia al presentar un amicus curiae ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Este recurso, conocido como «amigo de la corte», permite a personas y organizaciones ajenas a un litigio ofrecer argumentos y opiniones jurídicas que puedan influir en la resolución de un caso. En esta ocasión, el amicus curiae busca combatir la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un tema que ha generado gran controversia en el país.

La iniciativa, respaldada por el movimiento Unid@s, Sociedad Civil Mx y diversas organizaciones de la sociedad civil, subraya la importancia de evitar que cualquier fuerza política logre una mayoría de dos terceras partes en el Congreso. Este control absoluto podría permitir cambios unilaterales a la Constitución, lo que va en contra de los principios de pluralidad y representatividad que la Constitución Mexicana garantiza.

El amicus curiae presentado por la sociedad civil destaca siete puntos clave que serán fundamentales en el debate ante el TEPJF. Entre ellos, se encuentra la necesidad de una interpretación Constitucional que considere los límites de sobrerrepresentación aplicables a todas las fuerzas políticas, incluidas las coaliciones. Además, se enfatiza la importancia de prevenir mayorías absolutas que puedan distorsionar la voluntad popular y subrepresentar a millones de ciudadanos.

La sobrerrepresentación legislativa no solo afecta la correlación entre votos y curules, sino que también pone en riesgo la protección de las minorías. La Constitución establece que se requieren dos terceras partes para su modificación, asegurando así que se tomen en cuenta las voces de las minorías. Este amicus curiae busca defender estos principios fundamentales y garantizar una representación proporcional que refleje mejor la voluntad ciudadana.

La presentación de este mecanismo es un ejemplo claro de cómo la sociedad civil puede influir en el debate judicial y fortalecer la democracia. Al proporcionar argumentos técnicos y jurídicos, estas organizaciones buscan alertar sobre los posibles efectos de una decisión y contribuir a una resolución más justa y equitativa. En un contexto donde la transparencia y la participación ciudadana son esenciales, este recurso legal se convierte en una herramienta poderosa para proteger los derechos fundamentales y promover un sistema electoral más justo.

En conclusión, el amicus curiae que presentará la sociedad civil encabezada por juventudes ante el TEPJF es una muestra de la vitalidad y el compromiso de la ciudadanía en la defensa de su democracia. Este recurso no solo busca corregir las distorsiones en la representación legislativa, sino también asegurar que la voz de toda la ciudadanía sea escuchada y respetada. En tiempos de incertidumbre política, la participación activa de la sociedad civil es más crucial que nunca para mantener los principios democráticos y garantizar un futuro más justo para todos.