DEL PUEBLO SABIO, AL PODER SIN DISENSO

Durante años, se nos repitió que el “pueblo sabio” no se equivoca. Que su voluntad es sagrada, su palabra incuestionable y su voto suficiente para legitimar cualquier decisión. El resultado, previsible pero peligroso, es que hoy vivimos en un país donde el mandato popular ha sido usado como blindaje para el poder absoluto.

La narrativa es simple, si el pueblo votó por mí, entonces todo lo que hago tiene justificación moral, legal y política; en nombre del pueblo. Esa lógica, que seduce por su aparente pureza democrática, en realidad niega los principios básicos de una república pluralista; el disenso, la deliberación y el contrapeso.

Hoy, cualquier voz crítica es desechada como “conservadora”, “elitista” o “vendida”. El debate público ha sido reemplazado por un coro disciplinado donde el desacuerdo ya no se tolera, se descalifica. La legitimidad electoral se ha convertido en licencia para gobernar sin límites, sin matices y sin diálogo.

El problema no es que haya un gobierno fuerte. El problema es que esa fuerza ya no se somete a revisión, mientras ell “pueblo sabio” se ha vuelto el gran argumento para el silencio institucional, los órganos autónomos son estorbos, la prensa crítica es enemiga, los académicos son burócratas intelectuales, y las oposiciones … bueno.

Esta lógica no es nueva. En el siglo XX mexicano también se invocaba “la voluntad del pueblo” para justificar todo, desde expropiaciones forzadas hasta reelecciones encubiertas. Pero al menos entonces había una narrativa institucional que intentaba equilibrar la fuerza con la forma. Hoy ni eso.

Quienes disienten no cuestionan al pueblo, sino a la forma en que su voluntad está siendo usada como escudo. Gobernar con legitimidad no es lo mismo que gobernar sin contrapesos. El poder, por legítimo que sea, necesita límites, vigilancia y crítica. De lo contrario, deja de ser democrático y se convierte en obediencia ciega.

En nombre del pueblo sabio se han cerrado espacios, ignorado reclamos y despreciado voces. No hay que esperar a que sea tarde para recuperar lo que nunca debimos perder, la libertad de disentir sin ser acusado de traidor, en pocas palabras, la libertad.

La “Izquierda” que aplaude los desfiles.

Durante décadas, la izquierda mexicana encontró en el ejército a uno de sus enemigos históricos. Desde Tlatelolco hasta Acteal, los soldados eran vistos como símbolo de represión, brazo armado del régimen, cómplices del autoritarismo. Las consignas eran claras: «Fuera el ejército de las calles», «No más militarización», «Democracia sí, cuartel no».

Hoy, esa misma “izquierda” transformada en gobierno no solo ha perdonado al ejército, sino que lo ha hecho protagonista.

La 4t ha entregado al poder militar más funciones que ningún otro gobierno desde la Revolución. Construyen aeropuertos, controlan aduanas, vigilan el metro, manejan empresas estatales y, ahora, podrán contender por cargos públicos. No es solo pragmatismo, es una decisión política. En lugar de fortalecer instituciones civiles, el oficialismo ha preferido confiar en la obediencia vertical de los uniformados.

Y lo más alarmante, gran parte de la verdadera izquierda institucional ha guardado silencio. Aquella que se decía heredera de luchas sociales, que juraba combatir el autoritarismo, hoy calla frente a desfiles, uniformes y cadenas de mando, aplaudiendo la disciplina que antes temían y abrazando a los generales que ayer repudiaban. Aún habemus muchas voces de quienes aún creemos que la democracia no se defiende con rifles ni con lealtades “castrenses”.

El ejército no pidió este protagonismo, se lo ofrecieron y llo aceptaron.

En nombre del “orden” y de una supuesta “eficiencia”, el gobierno ha militarizado casi cada rincón de la vida pública. No por necesidad, sino por cálculo político, ya que el soldado no reclama presupuesto, no cuestiona políticas públicas, no se sindicaliza, no contradice al Presidente.

Esta “izquierda” mexicana debería recordar que el poder militar, una vez desatado, no regresa fácilmente al cuartel. Pregúntenle a Chile, Argentina, a México mismo. Las Fuerzas Armadas no son un partido leal ni una facción confiable, son otra cosa. Y cuando se les convierte en actores políticos, la historia nunca termina bien.

Pero el silencio cómplice persiste. Como si vestir de guinda al uniforme bastara para civilizarlo, como si gobernar desde una supuesta izquierda fuera garantía de no traicionar los principios democráticos.

MEXICANA/O DATE CUENTA

Durante la época del Porfiriato en México, un período caracterizado por la concentración del poder en un solo hombre, el control sobre las instituciones de Estado fue llevado a límites preocupantes. La Constitución de 1857 establecía formalmente la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la práctica, Díaz manipulaba esa independencia a su conveniencia. La designación de presidentes de la Corte no era meramente técnica; era una herramienta de control político, un medio para asegurarse de que la justicia sirviera, en todo momento, a los intereses del régimen. La figura del presidente de la Suprema Corte (que podía, en ausencia del Presidente en turno, cumplir funciones presidenciales) se convirtió en un símbolo de esa subordinación institucional. Díaz elegía a quién sentar en ese puesto, preferentemente a personas que le fueran leales, que mantuvieran la línea del poder absoluto.

Esa estrategia no solo garantizaba la obediencia de los órganos judiciales, sino que también consolidaba una estructura en la que las decisiones judiciales estaban hechas a la medida del gobernante de turno. La justicia, en ese escenario, dejó de ser un baluarte imparcial para convertirse en un instrumento de control y de perpetuación del régimen autoritario.

Avanzando a la actualidad, el panorama no es muy diferente en algunos aspectos. La reciente elección y nombramiento de ministros en la Suprema Corte en México ha levantado fuertes cuestionamientos sobre la transparencia, independencia y equidad del proceso. La concentración del poder en la figura de la Presidenta a generado una percepción de que las decisiones clave en la selección de las máximas autoridades judiciales están siendo movilizadas desde un solo centro de mando, con un enfoque de control y subordinación.

Al igual que en el Porfiriato, donde las designaciones no eran producto de un proceso técnico transparente, sino de conveniencia política, ahora se observa un proceso que, para muchos críticos, no ha escapado a esa lógica. La justificación argumentada en algunos sectores de que estos nombramientos buscan fortalecer la autonomía del Poder Judicial se contrasta con la percepción de que, en realidad, estos movimientos consolidan una concentración aún mayor del poder en manos del Ejecutivo, que pretende asegurarse de que sus intereses prevalezcan en todos los ámbitos.

Este paralelismo nos invita a reflexionar sobre el precio de la concentración de poder en una sola figura o en un solo protagonista político: la independencia de las instituciones, la transparencia en los procesos, y la justicia imparcial quedan en entredicho. La historia del Porfiriato nos ofrece una advertencia clara, cuando los mecanismos de control institucional son utilizados para perpetuar la voluntad de una sola persona (ya sea por medio del control de la justicia, la manipulación de nombramientos o la eliminación de contrapesos) la democracia y el Estado de Derecho se ven gravemente amenazados.

El recuento de estos hechos nos llama a una reflexión profunda: ¿A qué coste se construyen las democracias mexicanas? ¿Estará dejando atrás nuestro país, en esta nueva etapa, los errores del pasado donde la concentración del poder debilitaba las instituciones y minaba la justicia? La historia, y también la realidad reciente, nos dicen que no podemos permitir que una sola voluntad controle todos los Poderes del Estado, pues esa con todas las palabras, sería la puerta a un autoritarismo disfrazado de legalidad.

  VISA negada, sospecha confirmada.

En medio del estruendo de la retórica presidencial y la narrativa triunfalista de la llamada Cuarta Transformación, una decisión silenciosa pero contundente ha encendido las alarmas en el tablero geopolítico de México: la revocación de las visas de turismo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres. No se trata de un hecho aislado ni de un error burocrático. Es una señal, una advertencia y quizá el preludio de una escalada diplomática y judicial contra personajes que hoy representan la columna vertebral del oficialismo en México.

A pesar del tono condescendiente con el que la pareja intentó presentar la situación como un «mal entendido» sin consecuencias, la cancelación de visas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos no es una decisión menor. En los círculos diplomáticos y de inteligencia se entiende como un mensaje directo. Y si algo ha caracterizado a Washington en las últimas décadas es su capacidad para operar con sigilo, pero con firmeza cuando se trata de combatir redes de corrupción y crimen organizado que trascienden fronteras.

La figura de Carlos T. , excoordinador de programas federales y operador clave de la 4T, es particularmente sensible. Su influencia en la estructura clientelar del gobierno federal no es secreta, su cercanía con Palacio Nacional y su rol como engranaje de las relaciones con gobernadores y superdelegados podría explicar por qué su visa fue revocada. La información que Washington posee usualmente proviene de agencias como la DEA, el FBI o el Departamento de Tesoro, que no actúan sin pruebas contundentes.

Pero ¿qué otros nombres podrían estar en la mira? Aunque no existe una «lista Engel mexicana» publicada, es vox pópuli entre periodistas de investigación y analistas de seguridad que personajes políticos han sido mencionados en informes reservados por sus presuntos vínculos con grupos criminales locales o por tolerancia cómplice frente al “narcoestado” que se sigue enquistando en muchas regiones.

El caso de Veracruz es paradigmático: ejecuciones, desapariciones, fosas clandestinas y una Fiscalía cuestionada. En Tamaulipas, la violencia no ha cedido y persisten señalamientos sobre pactos regionales. En Chiapas, el descontrol territorial es alarmante. Guerrero y Michoacán, por su parte, han pasado de ser entidades fallidas a convertirse en terrenos de guerra entre cárteles, autodefensas y gobiernos locales superados. En todas estas entidades, la presencia de estructuras paralelas de poder es innegable.

Estados Unidos lo ve con preocupación creciente, y la decisión de iniciar con Baja California, uno de los cruces fronterizos más importantes para el tráfico de personas, armas y drogas, no es casualidad. Es un mensaje.

El gobierno mexicano, por su parte, ha optado por minimizar el hecho, como si la revocación de visas a figuras de alto perfil fuera parte del acontecer cotidiano. En Presidencia se limita a repetir que «no hay pruebas» y que todo se trata de una campaña de desprestigio. Pero la realidad es otra, estamos frente a una posible estrategia de contención desde el extranjero, ante un gobierno que ha sido incapaz de frenar la violencia, y que ha cedido, voluntaria o involuntariamente, espacios al crimen organizado.

En el tablero internacional, la Cuarta Transformación ya no es vista como un movimiento regenerador, sino como un régimen que coquetea con la impunidad. Y mientras el discurso de la «soberanía» se desgasta, el poder judicial y la fiscalía estadounidense podrían estar construyendo expedientes que, como ha ocurrido antes, terminen en sanciones, decomisos, y eventualmente en procesos judiciales.

México vive uno de los momentos más violentos de su historia reciente. En 2024 se rompieron récords en asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. La respuesta institucional ha sido la negación o el silencio. Pero para Washington, que ya ve a México como un factor de riesgo para su seguridad nacional, eso no es suficiente. No se trata sólo de visas. Se trata de complicidades, de omisiones, de redes que operan en la sombra mientras se ondean banderas de cambio. La 4T está siendo observada. Y los primeros golpes ya han comenzado a caer.

Balazos, no corridos: Diego Chávez

En fechas recientes, algunos gobiernos estatales y municipales han optado por prohibir la música que hace «apología del delito», particularmente los llamados narco-corridos. La medida, que a simple vista parece una respuesta rápida ante la ola de violencia que azota a México, se vende como una estrategia cultural para recuperar el tejido social. Pero si se rasca un poco más, la superficie revela algo más preocupante: una política de simulación que ataca los síntomas, pero ignora o evade las causas.

Prohibir canciones no ha reducido los asesinatos, ni los desaparecidos, ni el cobro de piso. Tampoco ha desarticulado cárteles, ni frenado el tráfico de armas o el lavado de dinero. En cambio, sí genera titulares fáciles, discursos populistas y una falsa sensación de control. Es en el mejor de los casos, un placebo institucional.

La lógica de que las letras de estos corridos generan violencia es tan endeble como decir que las películas de acción generan sicarios, o que las telenovelas de narcotraficantes transforman a jóvenes en capos. LA MÚSICA NO CREA LA REALIDAD: LA REFLEJA, LA INTERPRETA O LA EXAGERA. LOS NARCO-CORRIDOS SON SÍNTOMA, NO CAUSA. SON CRÓNICA, NO ESTRATEGIA CRIMINAL.

Prohibir expresiones artísticas (por incómodas que sean) abre la puerta al autoritarismo cultural. Hoy es un corrido, mañana puede ser una obra de teatro, una novela, un documental. México ya tiene antecedentes nefastos en censura oficial y censura fáctica (la ejercida por el c. organizado). Sumarle ahora una censura legal, cuando oculta tintes morales es un retroceso democrático.

Eso sí, NO hay que romantizar el fenómeno. La industria del narco-pop o corridos tumbados existe porque hay un público que la consume y porque los promotores, empresarios, disqueras y plataformas digitales la explotan. El morbo vende y el poder fascina. Y en un país donde el Estado ha perdido la batalla simbólica frente al narco / c. organizado, el corrido se convierte en aspiracional.

Pero en vez de prohibir, lo que urge es competir. Competir en narrativas. Apostarle a otras formas de cultura, de identidad, de orgullo. Invertir en arte, en espacios públicos, en educación crítica, no solo en represión simbólica. Porque si el Estado solo aparece para prohibir, deja libre el terreno para que otros seduzcan, inspiren y construyan sentido de pertenencia.

No olvidemos lo esencial, México se encuentra entre los países con mayores índices de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y desplazamiento interno por violencia. La criminalidad no se explica por una canción, sino por una combinación mayúscula de impunidad, corrupción, desigualdad, fractura institucional y pérdida de gobernabilidad en vastas zonas del país.

La prohibición de los narco-corridos no es una política pública: es un acto reflejo, estético, cómodo. Gobernar de verdad implica enfrentar al crimen, reconstruir instituciones, sanear cuerpos policiacos, generar empleo digno y apostar por la educación, no solo por la censura.

Mientras el c.o siga teniendo más presencia que el Estado en miles de comunidades, no importa qué canción suene. Lo que importa es quién manda.

 

SIN RESULTADOS …

La llamada Cuarta Transformación, bandera del gobierno de Morena, prometió un cambio radical en México, pero los resultados hasta ahora han dejado mucho que desear. Los proyectos emblemáticos, que se presentaron como pilares de esta transformación, han sido objeto de críticas por su falta de resultados tangibles y su impacto negativo en las finanzas públicas.

El Gas Bienestar anunciado como una solución para combatir los altos precios del gas, no ha reportado utilidades en el último año. ¿Es este el bienestar prometido o simplemente otro gasto sin retorno? Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se presentó como una alternativa al saturado aeropuerto de la Ciudad de México, opera con una ocupación tan baja que se estima que hasta la próxima década apenas recuperará el 15% de la inversión inicial. ¿Es esto eficiencia o un monumento al despilfarro?

La Vacuna Patria, que se promocionó como un logro científico nacional, aún no ha visto la luz después de más de cuatro años y una inversión de más de 422 millones de pesos. En el ámbito deportivo, el programa PROBEIS, que buscaba fomentar el béisbol, ha quedado en el olvido tras gastar más de 894 millones de pesos. ¿Dónde está el impacto en el deporte nacional?

La Mexicana de Aviación que se relanzó como aerolínea estatal, ha acumulado pérdidas de más de 930 millones de pesos en su primer año de operación y recientemente anunció el cierre de la mitad de sus rutas. Finalmente, la **Refinería de Dos Bocas**, que ha superado el doble de su costo inicial, aún no ha producido barriles refinados tras dos inauguraciones. ¿Es esto un símbolo de progreso o de improvisación.

Organizaciones civiles y voces de la oposición han señalado que estos proyectos no solo representan un fracaso económico, sino también una falta de visión estratégica. En lugar de fortalecer las instituciones y promover el desarrollo sostenible, se han convertido en ejemplos de cómo las políticas públicas pueden fallar cuando se prioriza la propaganda sobre la planificación.

La narrativa que sustenta la Cuarta Transformación también merece ser analizada con mayor detalle. En su afán por centralizar el poder y monopolizar el discurso político, se ha dejado de lado la pluralidad que caracteriza a una democracia sólida. Las críticas provenientes de la oposición y las organizaciones civiles, lejos de ser consideradas aportaciones para enriquecer el debate público, son desestimadas y tachadas como ataques infundados. Este ambiente polarizado no solo limita las posibilidades de construir consensos, sino que también erosiona la confianza en las instituciones, convirtiendo el proyecto transformador en una herramienta de división más que de unión.

Se prometió un México diferente, pero los resultados hasta ahora han sido decepcionantes, incluso peores. Es momento de que el gobierno escuche a las organizaciones civiles y a la oposición, y reevalúe sus prioridades para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todas y todos los mexicanos.

 

La Encrucijada de México

La situación de seguridad en México ha tomado un giro inquietante, generando un efecto de péndulo que impacta no solo en el ámbito interno, sino también en las relaciones con países como Estados Unidos. Con un incremento en la violencia y el narcotráfico, el panorama se vuelve cada vez más complejo y obscuro, requiriendo de una atención urgente.

 

Para 2024, los datos son preocupantes: se registraron cerca de 32,000 homicidios en el país (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2025). Este alarmante aumento no solo pone en jaque la estabilidad nacional, sino que también lanza un mensaje de advertencia a la comunidad internacional sobre la situación de seguridad en la región.

 

Claudia Sheinbaum, al asumir la presidencia en diciembre de 2024, enfrenta un reto monumental. A lo largo de su campaña, destacó la importancia de una política de seguridad integral que vincule desarrollo social y seguridad pública, no suena tan bonito como los abrazos pero está logrando los mismos “resultados”. Sin embargo, esta ambiciosa visión ha sido cuestionada por varios expertos, quienes subrayan que la falta de control sobre territorios en manos del crimen organizado podría socavar sus objetivos (The New York Times, 2025).

 

La crisis de seguridad también afecta la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Este deterioro tiene un costo: la inversión extranjera se resiente, ya que las empresas gravitan hacia ambientes más seguros. La percepción de que el Estado no puede brindar seguridad básica incrementa el riesgo para los inversionistas (Banco de México, 2025). Como resultado, algunas organizaciones podrían reducir su presencia en el país, ralentizando el crecimiento económico y perpetuando un ciclo destructivo.

 

En el ámbito internacional, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2025 ha cambiado las reglas del juego. La administración Trump ha levantado la voz alarmada ante el creciente poder del crimen organizado en México. A través de sus funcionarios, Estados Unidos ha criticado la “hipocresía” de no enfrentar de frente el problema del narcotráfico y el consumo de opioides. Enrique de la Madrid ha instado a la acción colectiva: «La mejor forma de enfrentar ataques del exterior es disminuir nuestras vulnerabilidades como país. Quizá las más evidentes son la extensión del dominio del crimen organizado y la vulneración de nuestro estado de derecho. ¡Unámonos para exigir que se atienda ya!» (De la Madrid, 2025). Este llamado a la acción subraya la necesidad de retomar el fortalecimiento de las instituciones y permitan enfrentar a quienes desafían el orden público. Por otro lado, analistas y periodistas como Krauze plantea que «es profundamente hipócrita que el gobierno estadounidense utilice la crisis del consumo de opioides y el poder del narcotráfico como principal variable de la relación bilateral y no se atreva a incluir los factores centrales» (Krauze, 2025).

En definitiva, la crisis de seguridad que asola a México es un factor que condiciona nuestras relaciones internacionales. La capacidad del Gobierno de Claudia para implementar medidas efectivas en este terreno será fndamental para el futuro de la cooperación con Estados Unidos (o los Países que se animen) y para la fortaleza de México en el escenario global. Con la atención internacional centrada en estos problemas, es esencial que se tomen decisiones acertadas para revertir esta sombría tendencia y abrir la puerta a un futuro más seguro y próspero, por cierto ¿Habrá funcionarios de altura que lo logren? …

 

EL CEF SIGUE, LO VUELVE HACER …

En una significativa reestructuración que promete fortalecer el desarrollo académico y social del Estado, el Centro de Estudios y Formación Política CEF Michoacán ha nombrado a su nueva Directora Ejecutiva. Se trata de una joven abogada, profesional y ganadora del Premio Michoacano de la Juventud, cuyo perfil académico y respaldo de influyentes actoras y actores académicos, políticos y sociales, la posicionan como una líder emergente en el ámbito Ciudadano.

Con una sólida preparación académica y un fuerte currículo, la nueva Directora Ejecutiva, María Regina Arciniega Yépez, ha demostrado su compromiso con la excelencia educativa, el desarrollo comunitario y el impulso generacional. Su trayectoria incluye una Consejería técnica en su alma máter la Facultad de Derecho de la U.M.S.N.H, premios a nivel nacional en oratoria, liderar organizaciones juveniles locales y nacionales, el máximo galardón juvenil del Estado, analista para diferentes medios de comunicación y una destacada participación en diversos proyectos de impacto social y educativo.

El nombramiento de Regina Arciniega ha sido recibido con entusiasmo por diversos sectores de la sociedad Michoacana. Actores con peso social, desde liderazgos políticos hasta académicos de renombre, han mostrado su apoyo a esta designación, destacando su capacidad para llevar al Centro de Estudios y Formación Política hacia nuevos horizontes. Entre ellos se encuentran destacados ex directores como José Manuel Álvarez Lucio fundador y referente Moreliano, Diego Donaldo Chávez reconocido por su experiencia Estatal que trasciende generaciones y Jimena Villicaña Mujer cercana a las altas esferas Nacionales, quienes hoy su exitosa carrera mucho es gracias al Centro. Su respaldo a esta nueva dirección subraya la confianza en el potencial transformador de Regina.

El Centro de Estudios y Formación Política en Michoacán ha sido un pilar fundamental en la vida pública y social del Estado, desempeñando un rol crucial en la formación de liderazgos y en la promoción de iniciativas ciudadanas. A lo largo de los años, ha sido un punto de encuentro plural para académicos, líderes sociales, líderes empresariales y ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo integral de Michoacán. Bajo la nueva dirección de Arciniega Yépez se espera que esta tradición de impacto social y participación en la vida pública se fortalezca aún más.

En sus primeras declaraciones como Directora Ejecutiva, subrayó su visión de transformar el Centro en un referente de innovación educativa y formación política. «Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad y el respaldo recibido. Mi objetivo es trabajar de la mano con todos los actores involucrados para fortalecer nuestras iniciativas y brindar un proyecto de calidad que responda a las necesidades de nuestra sociedad,» afirmó, destacando y agradeciendo el trabajo de Juan Bosco, Santiago N, Jonathan V, Cristina R, Pedro Alberto C, Direcciones que la antecedieron.

Este cambio marca el inicio de una visión para el Centro de Estudios y Formación Política en Michoacán, una Institución que, bajo la dirección de Regina Arciniega se perfila para alcanzar logros significativos y seguir consolidándose como un pilar fundamental del desarrollo académico, político y social de la vida pública en Michoacán.

La llegada de esta Dirección Ejecutiva con un sólido equipo es un testimonio del compromiso del Centro y sus fundadores con la excelencia y la innovación, y su liderazgo promete abrir puertas a nuevas oportunidades para estudiantes, docentes y la ciudadanía en general. El respaldo de destacadas figuras sociales, como los ex directores mencionados, reafirma la confianza en su capacidad para liderar con integridad y visión hacia un futuro demasiado prometedor.

¿PREMIO O CASTIGO?

La reciente propuesta del Presidente Obrador y Claudia ambos de morena, asi como del Legislativo para establecer un sistema «light» en la evaluación de jueces ha suscitado inquietudes serias respecto a la integridad del sistema judicial en México. El nuevo proceso, que reduce la evaluación a 39 factores y un examen escrito, plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar una justicia imparcial y eficaz.

Este cambio se presenta en un contexto de claramente creciente impunidad. Según el índice del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del 90% de los delitos cometidos en México quedan sin castigo. La elección de jueces competentes debería ser esencial para contrarrestar esta tendencia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, según quienes la proponen.

Las diferencias entre los criterios de selección del Poder Judicial y del Congreso son notables. Mientras que el Poder Judicial se basa en una evaluación más limitada, el sistema del Congreso tiene un enfoque más absoluto, lo que podría impactar la convenienciade los jueces seleccionados. La falta de un examen riguroso podría llevar a la elección de jueces menos capacitados, lo que no solo afecta la calidad de la justicia, sino que también perpetúa la impunidad.

El contexto reciente de inseguridad, corrupción y desconfianza institucional en México exige un proceso de selección de jueces que priorice la transparencia y el mérito. Sin un sistema de evaluación robusto, existe el pequeño riesgo de que la selección se politice y el muy alto riesgo de que la elección se crimen organice, favoreciendo a candidatos que no necesariamente cuentan con la experiencia y la integridad requeridas para ejercer funciones críticas en el sistema judicial.

Además, si bien la simplificación del proceso puede parecer una oportunidad para incrementar la paridad de género en un sistema abrumadoramente masculino, este objetivo no debe lograrse a expensas de la competencia profesional. La justicia en México exige jueces capacitados y comprometidos que, al final, son la primera línea de defensa contra la impunidad.

La hoy realidad de evaluación «light» para jueces a todas luces y voces Mundiales representa un retroceso significativo en la búsqueda de una justicia sólida y efectiva en México. Es imperativo que las discusiones sobre reformas se enfoquen no solo en la inclusión, sino en establecer un marco riguroso que garantice la calidad judicial y en fiscalías, esencial para combatir la impunidad y restaurar la confianza en el Estado de derecho que de años para acá cada día existe menos.

El Futuro de México ¿Sin transparencia?

En el marco de un Estado democrático, la transparencia en la gestión pública se erige como un principio fundamental. En Michoacán, un estado donde la desconfianza hacia las instituciones ha alcanzado niveles alarmantes, la reciente eliminación de varios órganos autónomos por parte del gobierno plantea serias interrogantes sobre el futuro de la rendición de cuentas y la integridad en la administración pública. Esta situación exige un análisis profundo y un esfuerzo decidido por parte de todos los actores sociales, especialmente de las nuevas generaciones.

La legislación vigente, como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece con claridad el derecho de la ciudadanía para acceder a información generada por las autoridades. Sin embargo, su efectiva difusión y comprensión aún enfrenta numerosos retos. La complejidad con la que a menudo se presenta la información, sumada a la falta de conocimiento general sobre este derecho, limita la capacidad de reacción de la ciudadanía ante decisiones que afectan sus vidas y comunidades. En este sentido, se vuelve obligatorio promover una educación cívica que doté a las juventudes de las herramientas necesarias para ejercer su derecho al acceso a la información de manera efectiva y responsable.

Las juventudes, en su papel de motor de cambio social, es crucial en la promoción de una cultura de transparencia. Este sector ha comenzado a adoptar herramientas digitales e involucrarse activamente en la vigilancia de la gestión pública, posicionándose como actores relevantes en este proceso. Iniciativas como hackatones, talleres sobre plataformas de datos abiertos y campañas de divulgación en tierra y redes sociales son ejemplos de cómo las juventudes pueden expresar sus inquietudes y exigir acciones contundentes a sus autoridades.

Sin embargo, el reciente debilitamiento de órganos autónomos es un desafío inminente que no se puede pasar por alto. La eliminación de estas entidades, vitales para la supervisión y rendición de cuentas, ha provocado una creciente preocupación entre quienes defienden la democracia y el estado de derecho. La disminución de la autonomía de estos organismos propicia una mayor opacidad en la gestión pública, dificultando el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. Por ello, es fundamental que las juventudes se informen y comprendan cómo estas reformas adversas pueden impactar negativamente en la transparencia.

Una acción contundente que desde la Sociedad Civil puede contribuir a la mejora de esta situación es la creación de una «Mesa de Trabajo Juvenil por la Transparencia». Esta plataforma podría reunir a representantes de diversas organizaciones juveniles para discutir y elaborar propuestas concretas dirigidas a las autoridades locales. Además, este espacio serviría como un canal de diálogo y colaboración intergeneracional, uniendo esfuerzos en torno a un objetivo común: la defensa de la transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento del estado de derecho.

El tiempo es propicio para que los juventudes de Michoacán y del País asuman un liderazgo activo en esta lucha. La transparencia no debe ser considerada un ideal lejano, sino una necesidad urgente que requiere de un esfuerzo colectivo. Al empoderar a las nuevas generaciones para que ejerzan su derecho al acceso a la información, fortalecemos nuestra democracia y construimos un futuro más justo y equitativo. En estos momentos de reformas y desafíos, es hora de actuar. La voz de la juventud puede marcar la diferencia en la búsqueda de un Estado más transparente y responsable.