La industrialización de Michoacan: Más allá del puerto y la capital

Octavio Ocampo Córdova

México es un mosaico de realidades y contrastes. En algunos estados y regiones del país la economía es fuerte y está conectada con el comercio global; sin embargo, en otras, miles de personas aún viven con bajos ingresos, sin acceso suficiente a servicios ni oportunidades de desarrollo.

Por eso, el proyecto de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) cobra una relevancia especial. Durante muchas décadas, México careció de una estrategia de desarrollo regional en la que el Gobierno Federal asumiera un papel activo para impulsar la economía, fortalecer la infraestructura y promover un crecimiento más equitativo y sostenido.

Los PODEBIS, planteados inicialmente como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y ampliados recientemente en el llamado Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, despiertan esperanza. No solo porque representan una estrategia orientada a detonar la industrialización y el crecimiento económico, sino que también buscan corregir rezagos históricos en muchas regiones marginadas del territorio nacional, al incorporar una dimensión social enfocada en el bienestar, el empleo digno y la prosperidad compartida.

Sin duda, es una gran noticia para Michoacán que el Gobierno Federal haya considerado a las regiones de Morelia y Lázaro Cárdenas para desarrollar estos proyectos estratégicos. Nuestro estado cuenta con una ubicación estratégica y una infraestructura logística que incluye carreteras, vías ferroviarias y conexión portuaria, lo que nos permite enlazarnos eficientemente con los mercados de Norteamérica, Asia y Sudamérica.

Además, cerca de nosotros —en un radio de 350 kilómetros— hay más de 30 plantas automotrices y 49 empresas del sector aeroespacial. Un dato adicional, estamos conectados con las ciudades más importantes de México, donde vive más de la mitad de la población y se concentra el 60 % del consumo nacional, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado.

Morelia cuenta con capacidades logísticas, educativas y administrativas que favorecen el desarrollo de servicios modernos y la instalación de industrias como la automotriz, farmacéutica, dispositivos médicos, electrónica, semiconductores, textil, agroindustria y, ¿por qué no?, la industria militar.

Por su parte, Lázaro Cárdenas, con su puerto de altura y su conexión ferroviaria, se posiciona como un nodo estratégico para el comercio internacional y la atracción de inversiones orientadas a la siderurgia, la industria automotriz, la agroindustria y el sector logístico-portuario.

Sobra decir que la apuesta por el modelo de ZEE ha dado resultados claroscuros en el mundo. Desde el éxito de Shenzhen, China —que se transformó de una comunidad pesquera en la década de 1970 a un importante centro empresarial, de innovación y financiero en la actualidad— hasta casos fallidos como las primeras ZEE de la India y varios ejemplos en América Latina, por falta de certidumbre, rezagos de infraestrutura, resistencias sociales y burocfacia excesiva, principalmente. 

En Michoacán y en todo el país, el éxito de los Polos de Desarrollo para el Bienestar no puede depender únicamente de los incentivos fiscales o de una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno. Para que estos proyectos sean motores de transformación es indispensable poner en el centro a las MIPyMES, diversificar las vocaciones productivas, articular cadenas de valor regionales y apostar por sectores estratégicos. También, es fundamental aprender de las lecciones del pasado y, por su puesto, de las experiencias internacionales.

En este esfuerzo, los congresos locales no deben quedar al margen, ya que, además de su función legislativa —revisar y reformar marcos legales en temas clave como desarrollo económico, inversión, ordenamiento territorial, medio ambiente, incentivos fiscales, capital humano y presupuestos—, también dan certidumbre y confianza, además, pueden actuar como puente de comunicación entre las comunidades, los inversionistas y las autoridades, fortaleciendo la coordinación y el impacto de los proyectos que se detonen.

Es momento de mirar hacia adelante, más allá de las ideologías, vamos a sumar esfuerzos y juntos trazar un nuevo horizonte de bienestar compartido para cada rincón de Michoacán.

Esfera Pública: “México en peligro de salud”

Hay que decirlo de manera muy clara: con los gobiernos federales de Morena, la salud pública ha dejado de importarle al estado mexicano, por lo menos, a los gobiernos de Morena y sus aliados.

Y para muestra, cifras claras y no esos “otros datos”:
De acuerdo a México Evalúa, por debilidad en los ingresos públicos en el gobierno federal y con base en cifras de la propia SHCP, en el primer trimestre de 2025 (enero, febrero, marzo), el gasto público en el sector salud, presentó su nivel más bajo en 15 años.

Durante el primer trimestre de este año, el gasto sumó 153 mil 733 millones de pesos (Mdp), que representa una caída anual de 14.3% para la salud de todas y todos.

Aquí hay un problema sistémico que le costará muy caro a las y los mexicanos, e incluso podrían pagar con su propia vida al asistir a un hospital y no obtener la atención debida.

Durante este trimestre, el gobierno federal ha tenido ingresos menores por 63 mil 249 Mdp, lo que ha provocado que el gobierno aplique medidas discrecionales de austeridad. ¿Esto qué significa? Que hubo un subejercicio del 23%, osea que dejaron de gastarse 45 mil 400 Mdp en este trimestre, lo que impactará directamente a la salud de las y los mexicanos.

Es una mentira que los programas o apoyos del bienestar sean de utilidad. A la gente le dan gato por liebre; le dan poquito, pero le quitan lo más importante que deber ser, el tener un gobierno federal que gaste lo debido en el sistema de salud pública.

Hoy, una persona recibe sus 6 mil u 8 mil pesos al mes o bimestre y con eso lo hacen sentirse “satisfecho”, porque le hacen creer que los gobiernos de Morena y sus aliados son generosos al regalar dinero.

Hay que comprender que ese dinero no es de la gente de Morena y sus aliados. Ese dinero es de todas y todos y es la obligación de gobierno federal gastar en lo que se debe gastar y en salud no están gastando lo que deben. ¿A dónde se estará desviando ese dinero?

Ojalá que el día de mañana no requieras servicios de salud más relevantes, porque cuando acudas al hospital público, te darás cuenta que no habrá nada para atenderte. ¿Porqué? Porque Morena y sus aliados están saqueando al país.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / Redes sociales: @ChristiánConAcento

MEXICANA/O DATE CUENTA

Durante la época del Porfiriato en México, un período caracterizado por la concentración del poder en un solo hombre, el control sobre las instituciones de Estado fue llevado a límites preocupantes. La Constitución de 1857 establecía formalmente la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en la práctica, Díaz manipulaba esa independencia a su conveniencia. La designación de presidentes de la Corte no era meramente técnica; era una herramienta de control político, un medio para asegurarse de que la justicia sirviera, en todo momento, a los intereses del régimen. La figura del presidente de la Suprema Corte (que podía, en ausencia del Presidente en turno, cumplir funciones presidenciales) se convirtió en un símbolo de esa subordinación institucional. Díaz elegía a quién sentar en ese puesto, preferentemente a personas que le fueran leales, que mantuvieran la línea del poder absoluto.

Esa estrategia no solo garantizaba la obediencia de los órganos judiciales, sino que también consolidaba una estructura en la que las decisiones judiciales estaban hechas a la medida del gobernante de turno. La justicia, en ese escenario, dejó de ser un baluarte imparcial para convertirse en un instrumento de control y de perpetuación del régimen autoritario.

Avanzando a la actualidad, el panorama no es muy diferente en algunos aspectos. La reciente elección y nombramiento de ministros en la Suprema Corte en México ha levantado fuertes cuestionamientos sobre la transparencia, independencia y equidad del proceso. La concentración del poder en la figura de la Presidenta a generado una percepción de que las decisiones clave en la selección de las máximas autoridades judiciales están siendo movilizadas desde un solo centro de mando, con un enfoque de control y subordinación.

Al igual que en el Porfiriato, donde las designaciones no eran producto de un proceso técnico transparente, sino de conveniencia política, ahora se observa un proceso que, para muchos críticos, no ha escapado a esa lógica. La justificación argumentada en algunos sectores de que estos nombramientos buscan fortalecer la autonomía del Poder Judicial se contrasta con la percepción de que, en realidad, estos movimientos consolidan una concentración aún mayor del poder en manos del Ejecutivo, que pretende asegurarse de que sus intereses prevalezcan en todos los ámbitos.

Este paralelismo nos invita a reflexionar sobre el precio de la concentración de poder en una sola figura o en un solo protagonista político: la independencia de las instituciones, la transparencia en los procesos, y la justicia imparcial quedan en entredicho. La historia del Porfiriato nos ofrece una advertencia clara, cuando los mecanismos de control institucional son utilizados para perpetuar la voluntad de una sola persona (ya sea por medio del control de la justicia, la manipulación de nombramientos o la eliminación de contrapesos) la democracia y el Estado de Derecho se ven gravemente amenazados.

El recuento de estos hechos nos llama a una reflexión profunda: ¿A qué coste se construyen las democracias mexicanas? ¿Estará dejando atrás nuestro país, en esta nueva etapa, los errores del pasado donde la concentración del poder debilitaba las instituciones y minaba la justicia? La historia, y también la realidad reciente, nos dicen que no podemos permitir que una sola voluntad controle todos los Poderes del Estado, pues esa con todas las palabras, sería la puerta a un autoritarismo disfrazado de legalidad.

Urge potenciar el valor de las remesas

Octavio Ocampo Córdova

Las remesas son una fuente crucial de ingresos para la subsistencia de millones de familias en todo el mundo. Este flujo de divisas les permite acceder a derechos fundamentales como alimentación, vivienda, atención médica y educación, incluso para superar la pobreza transgeneracional. Para darnos una idea de su impacto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que, en los últimos diez años, las y los migrantes han enviado más de 5 billones de dólares a sus países de origen. Esta cifra no solo supera la ayuda internacional que reciben muchas economías del orbe, sino que está a la altura de las grandes inversiones de empresas extranjeras.

Tan solo el año pasado se movilizaron alrededor de 685 mil millones de dólares por concepto de remesas familiares en todo el orbe, según el Banco Mundial. En este contexto, México destaca como el segundo país que más recursos recibió, solo después de la India. Por ello, nos preocupa el impuesto del 3.5 % a las remesas aprobado por la Cámara de Representantes el pasado 22 de mayo. Esta medida, si se confirma en el Senado estadounidense, afectará la economía de cientos de familias michoacanas.

Michoacán es el estado que más remesas recibe en todo el país. En 2024, ingresaron a la entidad 5,646.6 millones de dólares, superando ligeramente a Guanajuato, quien recibió 5,645 millones, y a Jalisco, con 5,503 millones. De acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, estos recursos representan cerca del 11 % del Producto Interno Bruto estatal y son uno de los principales motores de desarrollo social de la entidad.

Su peso es tal, que incluso superan al presupuesto del gobierno estatal aprobado por el Congreso del Estado. Para dimensionar su relevancia, basta un ejemplo: el presupuesto estatal aprobado en 2024 fue de 95,471 millones de pesos. Si convertimos a pesos los ingresos por remesas, usando el tipo de cambio estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ese año (17.6 pesos por dólar), el total asciende a aproximadamente a 99,380 millones de pesos.

De ese tamaño es la importancia de las divisas que mandan nuestros paisanos a sus familias. Por ello, es urgente potenciar el valor de las remesas, que son producto del trabajo de nuestras y nuestros paisanos; hoy, más que nunca, tenemos que acompañarlos, defender sus derechos y crear instrumentos que potencien ese esfuerzo.

Más allá de su dimensión económica, las remesas también son un factor de cohesión y bienestar social. No solo sostienen el consumo familiar, sino que fortalecen los lazos entre las comunidades migrantes y sus lugares de origen, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social. Además, diversos estudios en el mundo han demostrado que su impacto se amplifica cuando se acompaña de una estrategia de inclusión financiera, ya que dejan de ser un recurso de subsistencia para convertirse en una palanca de movilidad social, resiliencia económica y desarrollo comunitario.

Esta situación nos plantea dos tareas urgentes. En primer lugar, una acción coordinada que permita una defensa eficaz de los derechos y libertades de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos. En segundo lugar, impulsar un enfoque integral que vaya más allá de la coyuntura, mediante políticas públicas que fortalezcan el valor de las remesas y aprovechen la experiencia de los migrantes michoacanos para contribuir al desarrollo local y el fortalecimiento del sector productivo regional.

Existen diversos mecanismos y herramientas que permiten canalizar estos recursos hacia el desarrollo local, como las cooperativas de ahorro y crédito, que fortalecen la banca social; la asistencia técnica para la formulación y gestión de proyectos productivos, que garantiza su viabilidad y sostenibilidad; y el acceso a financiamiento para pequeños productores rurales, artesanales y micronegocios, que detona economías locales y genera empleo digno.

Al fortalecer el capital social de la comunidad migrante y sus familias, no solo incidimos en su capacidad para transformar su entorno, sino que también se convierten en un pilar fundamental para abrir nuevas oportunidades de bienestar y prosperidad compartida, porque estoy seguro que son muchas y muchos nuestros paisanos que sueñan con regresar a su tierra y no pierden la esperanza de construir un futuro mejor para Michoacán.

Michoacán y la izquierda: el legado del PRD

Por Octavio Ocampo Córdova

Michoacán ha sido un actor clave en la historia política de México, con una marcada vocación progresista y una ciudadanía que ha sabido defender sus derechos. Desde las luchas agrarias hasta su activa participación en la vida política, la entidad ha sido parte medular de numerosas transformaciones sociales y democráticasdel país. En este contexto, hace 36 años se fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con una sólida presencia y profundo arraigo en Michoacán.

La fundación del PRD no fue un hecho menor; representó un hito en el fortalecimiento de la democracia en México. Es importante recordar que la democracia, entendida como un sistema de gobierno que garantiza la participación igualitaria de la ciudadanía en las decisiones públicas, ha sido un proceso en constante construcción. Como señala el politólogo Robert Dahl, una democracia no solo requiere elecciones libres y justas, sino también instituciones sólidas que permitan la competencia política y aseguren la expresión plural de intereses.

En este contexto, los partidos políticos de izquierda han desempeñado un papel fundamental al incorporar demandas históricamente excluidas del debate público. Han sido, además, vehículos clave para articular los movimientos sociales, laborales y campesinos con las estructuras del Estado.

Sin duda, la fundación del PRD marcó un momento decisivo. Representó una forma distinta de hacer política. Surgió como una opción para canalizar las exigencias de la gente, para dar espacio a las voces que habían sido marginadas y para abrir el sistema político mexicano hacia una verdadera democracia. En ello, Michoacán tuvo un papel protagónico.

Aquí se consolidó una militancia convencida, comprometida con las causas sociales. Se defendieron principios como la justicia social, la igualdad, el acceso a derechos y una política más cercana a las personas. No es coincidencia que este sea el estado de figuras históricas como Lázaro Cárdenas y Cuauhtémoc Cárdenas.

La vocación social tiene raíces en estas tierras.Gracias a una acción decidida, se logró abrir el sistema político mexicano, se conquistaron espacios de participación ciudadana, se impulsaron mecanismos de control gubernamental y se sentaron las bases de una democracia efectiva. Desde la izquierda, se cuestionaron las prácticas del régimen autoritario y, al mismo tiempo, se ofreció una alternativa concreta y viable de gobierno.

El PRD logró posicionar una agenda de izquierda democrática, con profundo sentido social. Desde el Congreso, los gobiernos estatales y municipales, las comunidades y los movimientos, se impulsaron reformas orientadas a mejorar la vida de las personas. No se trataba sólo de disputar el poder, sino de transformar la realidad.

Muchos de los avances que hoy consideramos normales —como la alternancia, la transparencia y el acceso a derechos— son fruto del trabajo político de quienes, desde el PRD, lucharon por abrir caminos. Es importante decirlo con claridad: sin la izquierda democrática, la historia reciente de México no se entendería.

A 36 años de su fundación, en medio de nuevas realidades y retos, vale la pena recordar el papel que jugó el PRD, especialmente desde Michoacán. Porque fue aquí donde se encarnó una visión de país más justa y equitativa, y donde se apostó por una política con principios, con causas y con compromiso social.

Desde la ciencia política, se ha señalado que la calidad de una democracia depende también de su capacidad para redistribuir poder, riqueza y oportunidades (O’Donnell, 2004). En esta línea, los partidos de izquierda han cumplido históricamente una función correctiva frente a la desigualdad y la exclusión.

Esa izquierda organizada, nacida desde abajo, con rostro de campesinos, de mujer, de joven, de obrero, ledio sentido y dirección a muchas de las conquistas democráticas que hoy nos definen. Aunque los tiempos cambien, el legado de lucha por los derechos, la justicia y la verdadera participación ciudadana sigue vigente. Porque mientras persistan la desigualdad, la corrupción y el abuso de poder, la izquierda seguirá siendo necesaria.

Como insistía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas: la democracia no se concede, se conquista. Y para ello, es indispensable que el PRD siga avanzando, consolidándose y siendo una opción real.

 

 

 

Impuesto a las Remesas: Una Puñalada al Corazón Económico de Michoacán

En un país donde millones viven gracias a la migración, gravar las remesas no solo es un error técnico: es una ofensa moral. Hoy, con preocupación, vemos cómo desde el Congreso de Estados Unidos se impulsa una propuesta para imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por personas migrantes, incluso aquellas con residencia legal o visas temporales. Se trata de un golpe directo a los hogares que dependen del esfuerzo de quienes dejaron todo atrás para sostener a sus familias desde el extranjero.

Este tipo de medidas no son nuevas, pero sí cada vez más peligrosas. La propuesta —impulsada por el presidente Donald Trump y sectores duros del Partido Republicano— calcula recaudar 22 mil millones de dólares en diez años. ¿A costa de quién? A costa del jornalero, de la madre soltera, del estudiante que envía 100 o 200 dólares para que sus hermanos coman o estudien. Según el Banco Mundial, en 2023 se enviaron 656 mil millones de dólares en remesas a nivel global. Solo México recibió 63 mil 300 millones. Michoacán encabezó la lista nacional, con 5,209 millones de dólares en todo el año.

Es decir: una de cada 12 remesas que llegan a México termina en Michoacán.
Y tan solo en el primer trimestre de 2025, nuestro estado ya recibió 1,269 millones de dólares, por encima de Jalisco (1,250 mdd) y Guanajuato (1,218 mdd).

Estamos hablando de una política que amenaza directamente el ingreso principal de miles de familias michoacanas. Gravar esas remesas significa recortar su gasto en medicinas, en comida, en educación o en vivienda. Significa castigar el esfuerzo de quienes ya pagaron impuestos en EE. UU., como lo ha señalado el propio secretario de Hacienda de México: este impuesto sería una doble tributación, violatoria del Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994.

Además, se trata de una medida que introduce un criterio fiscal discriminatorio: grava solo a quienes no son ciudadanos estadounidenses, afectando incluso a migrantes con visas temporales o residencia legal. Es una afrenta al principio de equidad fiscal internacional, y una contradicción con la propia legislación interna de Estados Unidos, que prohíbe crear impuestos que distingan por nacionalidad en actividades económicas similares.

Lo más grave es que, mientras allá se cocina esta medida, aquí reina el silencio. Nuestros representantes en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en los gobiernos estatales, deberían estar ya defendiendo hasta el último centavo de los migrantes michoacanos, y sin embargo, apenas se han pronunciado. Pareciera que, para algunos, la lejanía de los paisanos justifica la omisión.

La comunidad migrante no pide favores. Exige lo justo. Y lo justo es que quienes viven de su representación actúen de inmediato con firmeza política, con defensa jurídica internacional y con presión diplomática. De lo contrario, será el propio Estado mexicano quien le falle a su diáspora.

Desde una perspectiva técnica, este impuesto no solo es inviable y regresivo; es contraproducente. Limitar el flujo formal de remesas incentivará el uso de canales informales de envío, afectando la trazabilidad financiera, debilitando las instituciones del sistema bancario y provocando efectos macroeconómicos negativos tanto para México como para Estados Unidos. El flujo de remesas no solo mitiga la pobreza; es una fuente clave de divisas, inversión comunitaria y estabilidad social.

Reducir el ingreso de los hogares receptores impactará el consumo interno en cientos de municipios mexicanos, profundizando las desigualdades y revirtiendo décadas de integración económica binacional.

Hoy, más que nunca, el mensaje debe ser claro:

Las remesas no son un lujo. Son un derecho ganado con sudor, y deben ser defendidas con todos los recursos jurídicos, económicos y políticos disponibles.

Ahora, la pelota está en la cancha de las autoridades mexicanas. Hay más de 38 millones de personas de origen mexicano en EE. UU. y millones más en el mundo. Defender su esfuerzo no es un gesto, es una obligación.

Nuestros funcionarios tienen una deuda pendiente con la diáspora, y esta es la hora de saldarla. Ya no bastan los comunicados diplomáticos. Lo que se necesita es acción.

Estamos observando de qué están hechos.
Y lo mínimo que pueden hacer… es dar esta batalla por quienes nunca han dejado de sostener a México.

“Morena le sale muy caro al país”.

El Partido Morena le sale más caro al país de lo que ellos dicen ahorrar o combatir; y lo peor de todo, es que no serán ellos quienes reintegren de su bolsillo lo perdido o desaparecido misteriosamente.

Serás tú, yo y todas y todos los mexicanos, quienes con nuestros impuestos o con más deuda a cuestas tendremos que pagar los excesos de Morena y sus aliados.

Te comparto un ejemplo, de dos grandes errores de estos partidos políticos para que te des cuenta cuánto le cuestan al país.

El gobierno de Morena del sexenio pasado (2018-2024) y el gobierno federal actual, han desaparecido al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales argumentando, entre otras cosas, que sale muy caro un instituto como este al “pueblo de México”.

¿Usted cree que en verdad sale caro garantizar derechos como la libertad de expresión o el acceso a la información pública? ¿De dónde cree usted que surgió la posibilidad de conocer casos como la Casa Blanca de Peña Nieto y la Gaviota, o la Casa Gris del Hijo de Andrés Manuel López Obrador, o la Estafa Maestra?

Bueno, pues todos estos casos se conocieron gracias a que el INAI dio la información a quien lo solicitó.

Sin embargo, ese Instituto a Morena y sus aliados PT y PVEM ya no les conviene, porque los puede exhibir, se les puede cuestionar y sus gobiernos podrían caer como ellos hicieron caer “otros”.

Por eso Morena y sus aliados decidieron desaparecer al INAI y los institutos similares en los estados de la República Mexicana, porque ahora el objetivo es gobernar sin transparencia y sin que la gente tenga verdadero acceso a información delicada, de cosas que hacen los gobiernos y los gobernantes.

¿Era caro el INAI? Para nada, y le comparto argumentos: de todas las observaciones que le hizo la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al primer año de gobierno de López Obrador, tan solo de todas esas observaciones sobre recursos públicos que no se supo qué fin tuvieron, alcanzaba para un siglo de presupuestos anuales del INAI. Es decir, lo que le observaron al gobierno de Obrador en su primer año, alcanzaba para 100 años de presupuestos anuales del Instituto de Transparencia.

Entonces, ¿quién salió más caro? Evidentemente, el gobierno de Obrador, y eso es precisamente lo que les molesta.

Y por eso decidieron matar a la transparencia los de Morena: porque así ya no habrá un contrapeso que les exija rendición de cuentas de manera real y sin intereses partidistas de por medio.

Morena y sus aliados le saldrán muy caros al país, y eso tú y yo lo pagaremos con nuestro patrimonio y el de nuestras familias.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / Redes sociales: @ChristiánConAcento

MC y el crimen: el disfraz de la nueva política se cae.

Movimiento Ciudadano (MC) ha vendido durante años la idea de representar una “nueva política”: moderna, joven y alejada de los vicios del pasado. Sin embargo, esta narrativa se ve seriamente cuestionada ante los recientes señalamientos de vínculos entre algunos de sus alcaldes y el crimen organizado.

El caso más destacado es el de José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, detenido por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Rancho Izaguirre, identificado como un centro de adiestramiento y exterminio del grupo criminal. El pasado viernes 9 de mayo, una jueza federal en materia penal lo vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada, agravado por su condición de servidor público.

En Guerrero, Mario Figueroa Mundo, exalcalde de Taxco, se encuentra prófugo de la justicia, derivado de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía estatal por desaparición forzada y presuntos vínculos con el crimen organizado. Tras dejar el cargo, sus hijos Mario Figueroa y Marco Figueroa fueron detenidos y vinculados a proceso por delitos relacionados con el narcotráfico.

En Zacatecas, tierra del dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, el exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, fue desaforado y separado de su cargo por el Congreso estatal, tras ser acusado de homicidio calificado y asociación delictuosa. La Fiscalía General de Justicia del Estado lo investiga por presuntos vínculos con el jefe del CJNG en la región. 

En Michoacán, Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán por MC, ha sido señalada por su presunta relación con el CJNG. Durante una celebración municipal, se difundieron videos en los que funcionarios agradecieron públicamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por la entrega de “regalos” a niños y niñas. Además, la alcaldesa enfrenta varias investigaciones por desaparición de personas.

Estos impresentables casos evidencian que, pese a su discurso de renovación política, Movimiento Ciudadano enfrenta serios cuestionamientos sobre la integridad de algunos de sus representantes. La presencia de presuntos vínculos con el crimen organizado pone en duda su compromiso con la transparencia y la legalidad, pilares fundamentales de la “nueva política” que tanto promulgan mediante sus principales voceros, como es el caso del senador Luis Donaldo Colosio Riojas.

Es claro que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano está más preocupada por su estrategia de marketing que por limpiar su propia casa. Mientras se toman selfies o graban TikToks, su estructura se corrompe en los municipios. Hoy, los verdaderos ciudadanos exigen que ese partido y las autoridades correspondientes actúen con firmeza para esclarecer estos señalamientos y que, de ser necesario, los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.

Esa sí sería la nueva política… no la que simulan Dante, Máynez, Samuel, Colosio, Lemus y compañía.

 

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  VISA negada, sospecha confirmada.

En medio del estruendo de la retórica presidencial y la narrativa triunfalista de la llamada Cuarta Transformación, una decisión silenciosa pero contundente ha encendido las alarmas en el tablero geopolítico de México: la revocación de las visas de turismo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres. No se trata de un hecho aislado ni de un error burocrático. Es una señal, una advertencia y quizá el preludio de una escalada diplomática y judicial contra personajes que hoy representan la columna vertebral del oficialismo en México.

A pesar del tono condescendiente con el que la pareja intentó presentar la situación como un «mal entendido» sin consecuencias, la cancelación de visas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos no es una decisión menor. En los círculos diplomáticos y de inteligencia se entiende como un mensaje directo. Y si algo ha caracterizado a Washington en las últimas décadas es su capacidad para operar con sigilo, pero con firmeza cuando se trata de combatir redes de corrupción y crimen organizado que trascienden fronteras.

La figura de Carlos T. , excoordinador de programas federales y operador clave de la 4T, es particularmente sensible. Su influencia en la estructura clientelar del gobierno federal no es secreta, su cercanía con Palacio Nacional y su rol como engranaje de las relaciones con gobernadores y superdelegados podría explicar por qué su visa fue revocada. La información que Washington posee usualmente proviene de agencias como la DEA, el FBI o el Departamento de Tesoro, que no actúan sin pruebas contundentes.

Pero ¿qué otros nombres podrían estar en la mira? Aunque no existe una «lista Engel mexicana» publicada, es vox pópuli entre periodistas de investigación y analistas de seguridad que personajes políticos han sido mencionados en informes reservados por sus presuntos vínculos con grupos criminales locales o por tolerancia cómplice frente al “narcoestado” que se sigue enquistando en muchas regiones.

El caso de Veracruz es paradigmático: ejecuciones, desapariciones, fosas clandestinas y una Fiscalía cuestionada. En Tamaulipas, la violencia no ha cedido y persisten señalamientos sobre pactos regionales. En Chiapas, el descontrol territorial es alarmante. Guerrero y Michoacán, por su parte, han pasado de ser entidades fallidas a convertirse en terrenos de guerra entre cárteles, autodefensas y gobiernos locales superados. En todas estas entidades, la presencia de estructuras paralelas de poder es innegable.

Estados Unidos lo ve con preocupación creciente, y la decisión de iniciar con Baja California, uno de los cruces fronterizos más importantes para el tráfico de personas, armas y drogas, no es casualidad. Es un mensaje.

El gobierno mexicano, por su parte, ha optado por minimizar el hecho, como si la revocación de visas a figuras de alto perfil fuera parte del acontecer cotidiano. En Presidencia se limita a repetir que «no hay pruebas» y que todo se trata de una campaña de desprestigio. Pero la realidad es otra, estamos frente a una posible estrategia de contención desde el extranjero, ante un gobierno que ha sido incapaz de frenar la violencia, y que ha cedido, voluntaria o involuntariamente, espacios al crimen organizado.

En el tablero internacional, la Cuarta Transformación ya no es vista como un movimiento regenerador, sino como un régimen que coquetea con la impunidad. Y mientras el discurso de la «soberanía» se desgasta, el poder judicial y la fiscalía estadounidense podrían estar construyendo expedientes que, como ha ocurrido antes, terminen en sanciones, decomisos, y eventualmente en procesos judiciales.

México vive uno de los momentos más violentos de su historia reciente. En 2024 se rompieron récords en asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. La respuesta institucional ha sido la negación o el silencio. Pero para Washington, que ya ve a México como un factor de riesgo para su seguridad nacional, eso no es suficiente. No se trata sólo de visas. Se trata de complicidades, de omisiones, de redes que operan en la sombra mientras se ondean banderas de cambio. La 4T está siendo observada. Y los primeros golpes ya han comenzado a caer.

Morena y los gobiernos de impunidad.

López Obrador y la gente de su movimiento aprovecharon hasta el cansancio dos tragedias que sucedieron en México para fortalecer su reputación: el incendio de la guardería ABC durante el sexenio de Felipe Calderón que costó la vida a 49 niños en 2009, y la desaparición en 2014 de 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero.

Las dos tragedias, sin duda les ayudaron a alimentar su historia narrada, esa en donde la impunidad era tolerada por una “mafia enquistada en el poder político de México”.

Sin embargo, ya como presidente de México y como partido político oficialista padecieron también grandes tragedias que para nada son diferentes de las dos mencionadas que ellos supieron ordeñar para conquistar el poder.

Aquí les dejo tres muestras:
a) La central migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del Instituto Nacional de Migración dependiente de la secretaría de gobernación que se quemó en marzo de 2022 y que dirigía Francisco Garduño Yáñez, uno de los hombres más cercanos a Obrador. En esta tragedia, murieron calcinados 40 migrantes.
b) Los 137 decesos de la explosión de ductos de PEMEX en Hidalgo en 2019.
c) El fallecimiento por falta de oxígeno de 17 pacientes en el IMSS en Tula, Hidalgo en 2021.

El común denominador de estos casos, es la “impunidad”, porque a pesar de promesas de justicia, nadie fue verdaderamente sancionado.

El régimen de Morena y sus gobiernos resultaron peores a los gobiernos de antes, solo que los de Morena saben desviar la atención de sus tragedias colocando en la conversación pública “lo malo de sus adversarios”.

Ante estas tres tragedias que sucedieron durante el gobierno de Morena, 2018-2024, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez (hoy secretaría de Gobernación con Claudia) dijo: “Queremos ser muy enfáticos en señalar que de ninguna manera se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie”.

Desde luego, no paso nada y no hay diferencia con los gobiernos de Morena, solo su autoasignado halo de superioridad moralidad, que, desde luego, no lo tienen.

*El autor es consultor y capacitador, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Comunicación, de maestría en Neuromarketing, de maestría en Ciencia Política y de licenciatura en Derecho / Redes sociales: @ChristiánConAcento